Extorsionan en la SEIDO
Dos fiscales de Unidad Antilavado de la Subprocuraduría y un agente de la Policía Federal Ministerial fueron encerrados
Con una orden de presentación y una averiguación previa inexistentes despojaron a un empresario de 600 mil pesos
Dos fiscales de la SEIDO y un agente de la Policía Federal Ministerial fueron encarcelados por presuntamente extorsionar con 600 mil pesos a un empresario que detuvieron con base en una orden de presentación y una averiguación previa inexistentes.
Érika León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO, así como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal de la misma, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la Policía Federal Ministerial, están formalmente presos por extorsión.
Además, sus presuntos cómplices Raúl Escalona Pardo, José Ramsés Fernández Sandoval y Francisco Javier Espinoza Meléndez, elementos de la corporación, se encuentran prófugos de la justicia, al parecer porque fueron alertados de la orden de aprehensión.
La Visitaduría General de la PGR acusó a los funcionarios de inventar un expediente contra el dueño de varios lotes de vehículos, para detenerlo y obligarlo a pagar dinero por su libertad.
Los fiscales de la SEIDO y los agentes de la PFM no son los únicos implicados en la extorsión pues, antes que ellos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) también detuvieron al empresario y le pidieron 40 mil pesos con el mismo modus operandi.
Estos últimos aún no son acusados penalmente.
De acuerdo con la causa penal 470/2015 del Juzgado Décimotercero de Distrito en Procesos Penales del DF, Héctor Galicia, el denunciante, dijo tener la sospecha de que detrás de ambas extorsiones está Alejandro Lozano Morgan, quien trabajó en su lote de vehículos.
Según el relato de Galicia, el 2 de octubre de 2015, cuatro agentes de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la PFM se presentaron en su negocio de compra venta de vehículos con una orden de presentación y localización por una investigación en su contra por presunto lavado de dinero.
Durante el traslado a la Subprocuraduría, contó, uno de los policías dejó en claro de qué se trataba.
“El comandante, el gordito de lentes de barba, me dijo que la había cagado por hacer tantos movimientos, que me podían ayudar desapareciendo todo lo que tenían investigado, pero necesitaba caerle con una lana, mínimo 500 mil pesos”, comentó.
En el camino, los federales ministeriales también llamaron por teléfono a una mujer a la que se referían como Érika, de quien decían que “era muy cabrona y pedía mucho dinero”. Hablaban de Erika León Rodríguez, enton- ces directora general adjunta de la UEIDORPIFM.
En videos de las cámaras de la SEIDO, a los que se tuvo acceso, se observa cuando Galicia es llevado a la oficina de León Rodríguez, quien fuera titular de una de las 5 fiscalías que integran la Unidad Antilavado.
“¿Sabes qué es la SEIDO?”, fue lo primero que preguntó la fiscal, según Galicia.
“Entre otras cosas me dijo el mal que tenía mi hijo, dónde me había casado y que mi esposa está bien buena, aunque ella no era lesbiana, pero que no obstante que yo tuviera problemas económicos por el gasto de mi hijo, la gente que entra aquí se va procesada a un reclusorio”, externó el comerciante, quien permaneció ese día incomunicado y sin abogado.
Para dejarlo salir, los policías le pidieron primero 2 millones de pesos, luego, un millón.
“Contesté que yo no tenía ese dinero y que, buscando, le podría conseguir 600 mil pesos”.
Su respuesta cambiaría todo. Cuando se sentó a declarar ante un fiscal, que luego identificaría como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, le preguntaron si ya se había “arreglado” con los oficiales.
Al responder que sí, el MP le dijo: “ahorita que te declare te abstienes”. El empresario salió ese día después de las 11:30 de la mañana.
Por mensajes SMS, los agentes indicaron que debía dejar los 600 mil pesos en una Mazda negra CX-7, que estaría estacionada en Mina y Zaragoza, en la Colonia Guerrero, muy cerca de la SEIDO. Y así lo hizo después de las 14:00 horas.
Tres días después, el empresario recibió un mensaje de SMS en su celular.
“Del apoyo que pediste y se te dio, se acordó uno grande, diste 6 y esta semana dabas 4”, escribió un agente de la PFM.
No hizo caso. Más tarde recibió otro. El empresario se dio cuenta que no lo iban a dejar en paz y decidió denunciar.
El 15 de diciembre, los funcionarios fueron detenidos.