Impugnarán el castigo

Ex servidores públicos impugnarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa la inhabilitación por un año aprobada ayer.

La diputada Bárbara Botello Santibáñez acusó irregularidades, persecución política e ignorancia de la ley por parte de los integrantes del Ayuntamiento.

“Vemos a los levantadedos que no tienen ni siquiera el conocimiento, están mandando un dictamen que no está firmado (por los miembros de la Comisión de Gobierno), están abusando de su autoridad, están cometiendo delitos, están falsificando documentos, están imponiendo sanciones que no corresponden”, señaló la legisladora, que asistió ayer a la sesión de Ayuntamiento.

Aseguró que impugnará y pese al procedimiento, buscará otro cargo público en 2018.

“No perdonan que les gané y que les voy a volver a ganar, nos iremos a los tribunales donde les vamos a ganar y presentaremos las denuncias que correspondan. Mis aspiraciones políticas no van a terminar porque gente misogina y rencorosa quiera pararme, yo estoy más fuerte y segura de mi participación en la política”, presumió.

Mientras que Eugenio Martínez Vega, ex síndico y Alejandro Kornhauser Obregón, ex regidor, señalaron anomalías en el proceso, entre ellas no haber sido notificados.

“Esto fue una cátedra jurídica de lo que no debe hacerse cuando se tiene el poder, los excesos en el poder también son corrupción y todos los que pasamos por un cargo público siempre estaremos bajo el escrutinio, pero es imposible que estemos bajo el escrutinio sin ni siquiera darnos derecho de audiencia”, criticó Martínez.

Kornhauser señaló también irregularidades.

“La ASEG en ningún momento nos dio derecho de audiencia, nunca nos dijeron que estábamos siendo investigados”, denunció.

Verónica García Barrios y Aurelio Martínez, ex regidores, también impugnarán la sanción.