Violencia en México
La prolongada espiral de violencia que ha padecido México no parece tener fin, sino todo lo contrario. El informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 2,371 homicidios dolosos solo en el mes de octubre, el más alto en la historia reciente. Cómo en los peores momentos de 2011.
A las cifras generales, se agregan asesinados de alto impacto: el director de Izzi, Adolfo Lagos; el alcalde electo Santana Cruz Bahena; el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho y su hijo. Mujeres y niñas fueron ejecutadas en pocos días en diferentes partes de la República causando conmoción en sus comunidades. A los homicidios hay que agregar el incremento en otros delitos como robo con violencia.
Los expertos alertan sobre un fenómeno extendido. A diferencia de otros momentos, la violencia se está registrando en amplias zonas de la República y ya no como un fenómeno concentrado. Han sido estos meses de 2017, en dónde se ha agudizado esta escalada de violencia. Se observa en el informe desglosado por estados del SESNSP que la concentración delictiva no rebasa el 11 por ciento, esto significa que el fenómeno se ha extendido, aún en estados que, históricamente, han tenido índices más bajos.
El especialista Alejandro Hope plantea varias hipótesis para tratar de entender lo que pasa. Habla de la fragmentación de grupos criminales que eran de mayor tamaño y que se han pulverizado. Hoy hay también grupos más pequeños con perfiles muy violentos y depredadores. No significa que los grandes desaparezcan. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha fortalecido y el de Sinaloa se encuentra metido en pugnas internas por la sucesión. Eso es importante, sin embargo Hope plantea algo más grave: el abandono del esfuerzo de coordinación de las fuerzas del Estado responsables de combatir al crimen y abatir los índices de delincuencia: “...el gobierno ya tiró la toalla y solo está tratando de administrar el problema y heredárselo al próximo gobierno”, dice.
Además de la acción misma de los criminales, el Estado se ha ido debilitando a sí mismo. No hay procurador general de la República, sino un encargado de despacho; tampoco se han hecho las modificaciones legales para que sea posible votar un fiscal general de la República con el grado de autonomía indispensable para empezar a enderezar el barco; tampoco se han creado las condiciones para tener un fiscal anticorrupción con atribuciones y competencia claras para combatir en serio el flagelo; el proceso de selección del nuevo fiscal especializado en delitos electorales, con el que se sustituiría a un fiscal destituido, viene marcado por el inexplicable retiro de los candados que impedían que un fiscal de esa naturaleza tuviera vínculos o filias con algún partido político.
Algunos responsabilizan al nuevo sistema adversarial y acusatorio. Para probarlo, tendría que tenerse información sobre si los delitos que se están cometiendo por miles han corrido a cargo de quienes han sido liberados de las cárceles acorde a las nuevas disposiciones legales.
Tendríamos que saber quiénes han salido de la cárcel por el nuevo sistema y saber también quiénes son los responsables de los miles de delitos en lo que va en este año y entonces hacer el cruce para saber si la hipótesis se cumple. Lo primero puede estar a la mano, pero lo segundo es literalmente imposible. Como corolario del desastre, los asesinatos, robos, secuestros, extorsiones y demás crímenes siguen quedando, en su enorme mayoría, en la impunidad, ¿o alguien podría saber quiénes están detrás de cada uno de estos delitos en los últimos meses para poder saber en qué proporción fueron cometidos por quienes están siendo liberados por el nuevo sistema penal?
Todo gira en torno a un círculo vicioso. Aumenta el crimen porque no hay estrategia y el Estado se abandona. ¿Con qué información el Estado y la sociedad van a poder hacer un diagnóstico, plantearse hipótesis; diseñar estrategias y encontrar una salida a esta pesadilla?
El Secretario de Gobernación planteó esta semana dos cosas obvias: que la situación es compleja y que hay que cambiar el modelo.