Lanzan SOS defensores
Los ombudsman lamentan el clima de inseguridad que se vive a nivel nacional, y lamentan el asesinato de su compañero de Baja California Sur
El titular de CNDH, Luis Raúl González llamó al Gobierno federal a abatir el clima de zozobra en el que viven algunos de los defensores.
Tras el primer asesinato de un Ombudsman en México, los presidentes de comisiones de Derechos Humanos del país demandaron ayer medidas cautelares de protección para garantizar su integridad física.
Los miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos realizaron una reunión extraordinaria en la que discutieron su situación tras el asesinato del Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y de su hijo de 20 años.
“Son muchos los estados que se encuentran en situación de riesgo, amenaza e intimidaciones a la labor que realizamos”, dijo en entrevista Harley Sosa, Ombudsman de Quintana Roo y presidente de la Federación.
Aunque mantuvieron en secreto los detalles de las amenazas, según asistentes a la reunión, algunos focos rojos señalados por el riesgo que corren los Ombudsman fueron Veracruz, Sinaloa y Guerrero.
Luis Raúl González, titular de la CNDH, señaló que pedirán una reunión con el Presidente Enrique Peña, con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Conferencia Nacional de Procuradores, para exponer la importancia de esclarecer los crímenes contra defensores de derechos humanos y proponer acciones para su protección.
“Se atentó contra alguien que representa al Estado mexicano. Se atentó, y eso es lo que estamos señalando en la Federación, contra el Estado mexicano”, advirtió en un mensaje tras el encuentro.
Evaluarán a México
Los relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, analizarán la situación de seguridad de la prensa en México.
En una visita conjunta del 27 de noviembre al 4 de diciembre, los funcionarios se reunirán con autoridades y periodistas en Ciudad de México, y en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
“Esta visita nos brinda una oportunidad única para entender qué cambios en el marco institucional, legal y de políticas públicas podrían remediar esta situación.
“También nos permite evaluar si las recomendaciones hechas por nuestros predecesores en 2010 se han implementado”, manifestaron en un comunicado conjunto.
Según el comunicado, los expertos, cuya visita se efectúa a invitación del Gobierno de México, se reunirán con autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a nivel federal y estatal.