Mejora Regulatoria, trámites y gobierno botín
El gobierno botín, que se ha establecido en casi todos los ayuntamientos, es el equivalente al ducto que conduce hidrocarburos y que taladran los huachicoleros. Si éstos extraen criminalmente gasolina para ser vendida en estaciones de servicio desleales o al menudeo entre conductores irresponsables y cómplices, en el caso de los ayuntamientos el moche y la extorsión son el combustible ilegal que produce el gobierno-botín, que opera un sistema criminal en las contrataciones públicas y en la tramitología de permisos en perjuicio de empresarios y ciudadanos en general.
He participado esta semana en la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, en cuyo seno el Presidente de la República, promulgó la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que impone a los estados y municipios la implementación de esta política pública.
Desde ya, no será una cuestión facultativa de las entidades federativas, pero sobre todo de los municipios, sujetarse a una férrea disciplina administrativa, que impida imponer trámites difíciles de cumplir sobre los infelices ciudadanos, indemnes siempre, frente a las arbitrariedades de muchos testaferros del gobierno local. Acoto, para no generalizar, que siempre hay funcionarios probos que dan su mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno, conozco a muchos.
Esta acción legislativa impulsada desde el Gobierno de la República, que ya lleva varios lustros sujeto a las duras reglas de mejora regulatoria, se expande a otros ámbitos gubernamentales porque el clamor ciudadano y el sector de los empresarios, impulsados con enorme decisión por el Consejo Coordinador Empresarial y sus agremiados, proclaman el freno a las inversiones que se presenta en el ámbito local, ante la tramposa e insensata acción de muchos cabildos capturados, que solo actúan mediante prebendas ilegales para facilitar el establecimiento de un negocio o empresa en general. El gobierno-botín, siempre está a la caza de entrampar negocios para obligar al moche.
Los trámites constituyen la piedra angular para facilitar el ejercicio comercial y la producción de riqueza dentro de una comunidad. Los malos representantes, impulsados por un sistema de partidos que propicia la corrupción política, controlan discrecionalmente la gama de permisos que manejan: usos de suelo, funcionamiento, construcción, inscripción en el padrón de proveedores, alcoholes, actividades en vía pública, etc. Prácticamente, todo lo que les interesa a los ciudadanos está dentro de la esfera municipal, y hacia allá se dirige la nueva ley expedida recientemente, con fundamento en la reforma constitucional que obliga a las diferentes esferas de gobierno a trabajar en la mejora regulatoria, para aligerar trámites y normatividad.
La boca de varios cañones legislativos ha sido redirigida al ámbito de los municipios para obligar el diseño de nuevos gobiernos, sin espacios para la amplia discrecionalidad, con la que ahora operan impunemente. Primero ha sido la Ley de Contabilidad Municipal, que instruye la armonización contable, la Ley General de Transparencia, que evita la opacidad crónica de los gobiernos, la Ley General de Archivos, que indica el resguardo de la documentación de la gestión de la actividad pública, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que concentra un cúmulo de acciones para combatir al peor cáncer que invade a la esfera pública. Ahora complementa estos esfuerzos esta nueva ley, que crea un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, encargado, de medir la eficiencia y eficacia de los municipios en esta materia, así como un mecanismo, a nivel nacional, para que la denuncia ciudadana, por aplicación arbitraria e ilegal de trámites, se convierta en un sonoro grito que traspase los límites municipales, sea estridente y tenga consecuencias.
Considero que casos extremos como los que suceden cotidianamente en el municipio de Guanajuato capital o en el de San Miguel Allende y muchos otros, donde el gobierno-botín ha sentado sus reales y su dios protector es “El Moche”, puedan ser combatidos con mayor efectividad con estas nuevas y aceradas herramientas.
En pleno siglo XXI existen mecanismos para combatir la extorsión de manera eficaz. Por ejemplo, los trámites no deben de ser presenciales, ejecutados ante el burócrata, puesto que la tecnología, por medio de plataformas digitales transaccionales y con firma electrónica avanzada más versátil que la del propio SAT, permiten eliminar el delicado encuentro cara a cara, con el oficial gubernamental.
Estos sistemas no son fantasía, operan desde hace tiempo en muchos países. En el caso mexicano, estas tecnologías no han sido adoptadas, no por falta de recursos, ni de carencia de perfiles burocráticos adecuados, en ciudades grandes e intermedias. No se han construido, a propósito, porque son la kryptonita del gobierno-botín, que requiere del encuentro personal con el sojuzgado ciudadano, para provocar el cohecho.
Pronto veremos con claridad la diferenciación entre dos categorías de gobiernos municipales y estatales, los que operan por la vía digital, y los que intentarán preservar, neciamente, la corrupción y su calidad de gobiernobotín, conservando el trámite presencial. Buenos y malos quedarán a la vista.
Al final aplaudimos la decisión con que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía apostaron por la construcción de la nueva ley, el dominio del tema que evidenció el Presidente de la República en el evento, al improvisar y fuera del discurso preparado, una reflexión sobre el tema muy bien dominada; así como la muy descollante participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha aprendido a interpretar la dura realidad local, y el freno que esta significa, mediante la gestión del gobierno-botín, para el desarrollo nacional.