Investigan qué hacía víctima en Irapuato
La Contraloría Municipal ya inició otra investigación contra la Secretaría de Seguridad Pública de León por el uso de recursos materiales y humanos.
Esto derivado del asesinato del escolta Ulises Martínez Andrade, quien resguardaba a la esposa de Mario Alberto Martínez Razo, exdirector de Planeación y Administración de la Secretaría de Seguridad.
“El uso de recursos públicos se debe de dar en beneficio de la comunidad leonesa”, comentó el contralor Leopoldo Jiménez Soto.
“Lo que es la actuación de los escoltas y este tipo de recursos públicos se está iniciando, es un tema reciente, no sabemos la investigación a dónde nos lleve contra cuáles servidores públicos, y concretamente cuáles serían las acusaciones”, comentó Jiménez Soto.
Por otro lado, el síndico Christian Cruz Villegas informó que al disponer Martínez Razo de recursos públicos sin tener facultad para hacerlo, estaría cometiendo una falta administrativa.
Además explicó que esto podría ser una reincidencia, dado que ya había una investigación en su contra por firmar como licenciado cuando no lo era; por tal motivo el exfuncionario podría ser acreedor a una inhabilitación de hasta tres años por reincidir en faltas administrativas.
Sobre el tema, el diputado de Morena Raúl Márquez Albo consideró que el Ayuntamiento de León debe investigar quién fue la persona responsable de comisionar al elemento a resguardar a la esposa del ex director de Planeación y Administración.
“Yo quisiera saber quién dio la orden, porque comisionan a un elemento de la Secretaría a resguardar a la esposa de un funcionario de segundo nivel de la propia Secretaría cuando ni siquiera el Ayuntamiento tomó conocimiento.
“Yo fui síndico de León y sé que para autorizar el resguardo de una persona tiene que pasar por Ayuntamiento y esto no fue cubierto”, denunció el diputado morenista.
Lamentó el fallecimiento del elemento de Tránsito José Ulises Ramírez Andrade por una mala decisión “de alguien”, y reiteró su petición de que se investigue quién tomó la decisión de asignarlo a la custodia de la esposa del ex funcionario, y que se le finque una responsabilidad.
“Está totalmente fuera de norma, violentaron todas las normas, no está respaldado con la reglamentación interna del Municipio darle protección a la esposa de un funcionario de segundo nivel”, enfatizó el legislador.