Periódico AM (León)

Retiran blindaje a Peña Nieto

- Víctor Fuentes Agencia Reforma Chihuahua

La Suprema Corte avaló que Chihuahua pueda investigar al ex Presidente pero solo por delitos del fuero común y no federales.

El Gobierno de Chihuahua puede investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros ex funcionari­os federales, pero sólo por delitos del fuero común, no por delitos federales ni los que hubieran cometido en el desempeño de sus funciones.

Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia matizó una suspensión concedida en octubre pasado por el Ministro Eduardo Medina Mora.

Dicha suspensión, concedida como parte de una controvers­ia promovida por el Ejecutivo Federal, congeló cualquier indagatori­a contra Peña y sus subordinad­os.

La Sala estableció ayer, con el voto favorable del propio Medina Mora, qué esta protección no cubre posibles delitos previstos en el Código Penal de Chihuahua.

Eso quiere decir que la Fiscalía estatal sólo puede investigar a Peña y otros funcionari­os de su Gobierno por delitos ordinarios como robo o lesiones, en los que no hubieran actuado en su calidad de servidores públicos federales, lo que parece poco probable.

La controvers­ia fue promovida por el entonces Consejero Jurídico de Peña, Misha Granados, ante advertenci­as del gobernador Javier Corral sobre que Chihuahua actuaría contra funcionari­os federales supuestame­nte involucrad­os en el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario General Adjunto del PRI acusado de peculado por 25 millones de pesos.

Para cuando Medina Mora concedió la suspensión, un tribunal colegiado de Circuito ya había resuelto qué el caso de Gutiérrez se tenia que procesar en la justicia federal, no en la de Chihuahua.

Granados también pidió a la Corte invalidar un artículo del Código Nacional de Procedimie­ntos Penales, que parece autorizar a los estados para perseguir a funcionari­os federales.

Hasta ahora, el actual Consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer, no ha desistido de esta controvers­ia, lo que indicaría que el actual Gobierno está interesado en que la Corte se pronuncie sobre el tema.

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