Prohíbe ley los sablazos
» Ley General de Responsabilidades Administrativas impide a servidores públicos, incluido el Presidente, solicitar dádivas para beneficio personal
El sablazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le propinó a un grupo de empresarios, a quienes pidió comprar millones de cachitos de la Lotería Nacional, viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas y mete en problemas a las empresas en México y en el extranjero.
La Ley prohíbe a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros.
Dicha ley, que forma parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también obliga a las personas morales a seguir una política de integridad.
“Deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, indica.
El miércoles, en una cena ofrecida en Palacio Nacional, AMLO solicitó a unos 200 empresarios comprar boletos de la Lotería Nacional, en montos que van de los 20 a los 200 millones de pesos.
De entrada, según reconoció el mismo Mandatario, 75 empresarios se comprometieron a entregar mil 500 millones de pesos.
Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, indicó que la solicitud parece más bien una extorsión en la que el mensaje implícito es que quien no coopere puede no verse beneficiado con contratos.
“Parece el Estado diciéndole a los empresarios: si ustedes no colaboran entonces se puede utilizar el poder del Estado frente a ustedes”, indicó.
Kaiser dijo que aquellas empresas que accedan comprar los boletos podrían sufrir consecuencias legales en México y en el extranjero.
“Los códigos de conducta de estas empresas que comercian en el mundo, muchas de las cuales estaban ahí, tienen una prohibición expresa a aportar dinero a intereses políticos específicos, a partidos políticos y a hacer donaciones simuladas que parezcan contribuciones a temas sociales”, indicó.
Por su parte Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China y quien actualmente se desempeña en la iniciativa privada como asesor estratégico en Washington, señaló que la solicitud de contribuciones para una rifa ha levantado las alertas entre inversionistas.
Dijo que estas prácticas detienen la inversión, pues la mayoría de las empresas no quieren verse involucradas en procedimientos de la Securities and Exchange Commission (SEC) que, entre otras cosas, hace valer las políticas anticorrupción.
“Los inversionistas de multinacionales ven riesgo de que a ellos se les haga la misma solicitud que no puedan atender y los ponga en una posición incómoda”, indicó.
Al presentar el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, Irma Eréndira Sandoval aseguró ayer que se detectaron irregularidades en varias obras carreteras realizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una de las cuales está implicada la empresa OHL.
Los actos de corrupción, expuso la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), fueron posibles debido a que existió contubernio entre directivos de la empresa y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“En la obra que tiene que ver con la carretera Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz, identificamos un sobrecosto por errores constructivos injustificables de mil 442 millones de pesos”, indicó.
Otra irregularidad detectada dentro del proceso de auditorías, dijo, es la de la ampliación de un tramo de la carretera Puerto Vallarta-Manzanillo, en el que se hizo un cambio en el trazado de la misma para beneficiar a un particular.
“Encontramos que se desviaron en el trazado de una carretera, Puerto Vallarta-Manzanillo, con el único objetivo de liberar terrenos junto a la playa para un desarrollador turístico.
“Vamos a proceder en este caso y me da mucho gusto que esté aquí presente mi colega y amigo el Secretario (Javier) Jiménez Espriú, para realizar el proceso de nulidad del convenio sin derecho a indemnización para proteger los intereses de la nación que surgen de los resultados, de las observaciones de esta auditoría”, anunció.
También, añadió, ya se inició un procedimiento por irregularidades estimadas en mil millones de pesos cometidas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que cedió 2.4 hectáreas que pertenecían al Centro de Investigación Disciplinaria de Microbiología Animal a dos empresas y dos particulares.
Sandoval dijo que en total se realizaron 2 mil 500 auditorías, de las cuales se desprendieron 10 mil observaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos por un monto de 544 mil millones de pesos.