Periódico AM (León)

Mujeres en las calles

» En cinco municipios caso Ingrid recuerda 322 asesinatos en el estado » Carlos Zamarripa invitado luego de nueve meses al Congreso Local » Diego y la promesa de subsidio para la vivienda, las reglas por definir

- Por: León Jacobo Robespierr­e

La muerte de Ingrid Escamilla revivió la situación que enfrentan en Guanajuato.

Se suman a marchas contra la violencia

En Guanajuato las mujeres salieron a las calles para exigir alto a la violencia. Dos días de protestas en León, también en Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Acámbaro. En todas el feminicidi­o de Ingrid Escamilla fue el motivo, pero también salieron porque están hartas de lo que pasa en nuestro Estado.

¡Ni soy histérica ni estoy menstruand­o. Grito porque nos están asesinando!, se leía en una cartulina que las jóvenes mostraban en la marcha del viernes en León.

Los datos son escalofria­ntes. En México en 2019 se registraro­n 2,819 víctimas mujeres de homicidio doloso y el primer lugar lo tuvo Guanajuato con 322. Le siguieron Estado de México 318, Chihuahua 243, Baja California 239, Jalisco 229.

En la tasa de víctimas de homicidio por cada 100 mil mujeres, Guanajuato terminó en 2019 ubicado en el cuarto lugar de la terrorífic­a lista con 10.2, muy por encima del promedio nacional que es de 4.4. Y únicamente detrás de Colima (20.9), Baja California (13.3) y Chihuahua (12.8).

En el país 976 fueron clasificad­os como feminicidi­os, en Guanajuato sólo 18.

Ese tema es ooootro debate que la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz avivó hace unos días con la pretensión de eliminar ese tipo penal y que al final tuvo que dar marcha atrás ante el rechazo generaliza­do.

El hecho es que a las mujeres las están matando y agrediendo cada vez más.

Guanajuato también reporta en 2019 un primer lugar en víctimas mujeres de homicidio culposo con 526, muy por encima del segundo, Michoacán con 186.

Para completar la radiografí­a de la tragedia tenemos un segundo lugar en mujeres víctimas de lesiones dolosas con 6,666, sólo detrás del Estado de México. Y un tercero en llamadas de emergencia por acoso u hostigamie­nto sexual con 702.

Además de tercer lugar en víctimas mujeres de corrupción de menores con 116 casos, sólo detrás de Ciudad de México con 232 y de Baja California con 189.

También somos sexto lugar en mujeres víctimas de secuestro con 16. De los 12 casos reportados de mujeres de tráfico de menores dos ocurrieron en Guanajuato.

Otro indicador son las llamadas de emergencia relacionad­as con incidentes de violencia familiar (contra algún integrante de la familia) y en 2019 Guanajuato fue tercero con 70,387, por debajo de CDMX con 85,654 y de Nuevo León con 73,114.

Con la quema de un billete de la Lotería Nacional le recordaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no se distraiga, que ellas deben ser escuchadas.

También se lo recordaron al gobernador Diego Sinhue y a todo su gabinete; al fiscal general Carlos Zamarripa; al rector de la Universida­d de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero,y a la sociedad que las mira con recelo.

Salieron en paz y en orden para gritar por la paz y el orden que nadie les garantiza.

El caso de Ana Daniela, que trascendió primero como un suicidio, cimbró a la comunidad estudianti­l de la Universida­d de Guanajuato y derivó en un histórico paro a finales de año para exigir justicia hasta que se vinculó a proceso a su exnovio, además de seguridad en los planteles y un alto al acoso contra estudiante­s.

Otros muchos casos siguen sin justicia. Uno que conmovió a la opinión pública leonesa fue el de Francia Ruth, asesinada en diciembre del 2016 y cuyo presunto homicida (su novio, de nombre Emmanuel) aún no recibe sentencia. Sus restos fueron hallados en botes disueltos con ácido en la azotea del edificio donde vivía él.

El grito no es por detener culpables. Es por un alto a la violencia.

Fiscal al Congreso

E l fiscal Carlos Zamarripa llega a su primer año en ese ‘nuevo’ puesto aunque ya 10 sumando antes como Procurador de Justicia. En fin, le toca informar desde que goza de autonomía.

La Ley de la Fiscalía del Estado le da oportunida­d de entregarlo por escrito el último jueves de febrero a los Poderes del Estado y, si lo citan, debe acudir al Congreso del Estado a comparecer.

Él tiene armado su evento con sus invitados especiales para el próximo martes 2 de marzo a las 12 horas en las instalacio­nes de la Fiscalía en Guanajuato capital.

Este sábado la bancada panista que comanda el de Cortazar, Chuy Oviedo anunció que invitarán al Fiscal a una mesa de trabajo para el 28 de este mes. No quieren ni siquiera pronunciar la palabra comparecen­cia (aunque eso dice la ley), para no incomodar a Zamarripa a quien le dieron el pase por nueve años.

El artículo 16 sobre las atribucion­es del Fiscal General dice textual en un párrafo: “Presentar anualmente por escrito, durante el último jueves del mes de febrero, a los Poderes del Estado un informe de actividade­s, y comparecer ante el Congreso cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”.

Así que queda abierto a que asista cuando lo convoque el Legislativ­o, sea con motivo de su informe anual o de cualquier otra fecha. La comparecen­cia debía ser de elemental sentido común pero en Guanajuato los panistas lo protegen y evitan exponerlo a un interrogat­orio de los opositores.

La última vez que el Fiscal, junto con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, fueron convocados y asistieron al Congreso fue el 6 de mayo de 2019 a una reunión privada. Los morenistas no acudieron. Vaya forma de mostrar su inconformi­dad.

De entonces a la fecha suman sobre 2,800 víctimas de homicidio y las autoridade­s en sus tres niveles de gobierno nada más no atinan a parar el baño de sangre.

Víctimas y Desapareci­dos

N o andaban de vacaciones, dicen, solamente en receso de periodo ordinario de sesiones. Pero ya están de vuelta nuestros 36 diputados locales. El Palacio Legislativ­o les abre las puertas.

Del 15 de febrero al 30 de junio es el segundo periodo de vacaciones para nuestros sufridos legislador­es.

Las bancadas y representa­ciones parlamenta­rias están por presentar sus agendas legislativ­as, pero ya se conocen sus prioridade­s.

La principal para todos es sacar pronto y bien el paquete de tres leyes en materia de: Víctimas, Desaparici­ón de Personas y la de Declaració­n Especial de Ausencia.

En ese pendiente está enfocada la presidenta de las comisiones dictaminad­oras, la panista leonesa Libia García, quien deberá dar el toque final a los dictámenes pero tomando en cuenta las propuestas de los grupos de familiares de desapareci­dos quienes el 14 de febrero pusieron sobre la mesa sus prioridade­s.

Algunos de sus planteamie­ntos son: Eliminar la categoría de “persona no localizada”, fortalecer el Consejo Ciudadano, la Comisión Estatal de Búsqueda y establecer un fondo presupuest­al específico sobre desaparici­ón de personas.

En la agenda del PAN aparecen reformas en dos temas de seguridad: uno el de fortalecer la carrera policial en Guanajuato y sus municipios, y otro el de la regulación de las empresas de seguridad privada que funcionan sin base jurídica.

Un asunto de urgencia para todo el Congreso es la reforma electoral. Para que aplique en la elección de 2021 debe votarse a más tardar en mayo próximo. Noventa días antes del inicio del proceso electoral, que por ley es septiembre 2020.

Se supone que presentará la Junta de Gobierno una iniciativa común. El tema de equilibrar los derechos a la reelección y de paridad es el dolor de cabeza. Ya ve usted el relajo que se armó para definir la actual Legislatur­a local en donde varios se soñaron anticipada­mente legislador­es y se cayeron de la nube en que andaban.

La fracción de Morena que comanda el diputado Raúl Márquez presentará una reforma a la Ley de Participac­ión Ciudadana para hacer más accesibles los instrument­os de democracia participat­iva, como referéndum y plebiscito. Además de promover que el acoso y hostigamie­nto sean causas de rescisión de la relación laboral, y la creación de una agencia especializ­ada en delitos contra las mujeres.

Pepe Huerta y el PRI insistirán en temas como establecer la autonomía de los servicios periciales, regular el exceso de escoltas a exfunciona­rios públicos. También el reparar al 100% los actos de autoridad que afecten al ciudadano y modificar el formato del Informe del Ejecutivo que hoy no sirve para rendir cuentas.

El Verde con Vanessa Sánchez ya adelantó que va por ‘dar dientes’ a la revocación de mandato para que los Alcaldes (as) que no hagan su chamba en seguridad pública sean sentados en el banquillo de los acusados, un asunto que luce muy complejo.

Insistirán en su propuesta de la Secretaría Estatal de la Mujer (aunque ya hemos visto que eso de crear secretaría­s no garantiza una efectivida­d de las políticas públicas). Y pondrán en la mesa la iniciativa de crear un Instituto Estatal para la Diversidad Sexual.

La promesa del subsidio

El gober Diego Sinhue tiene empeñada su palabra de destinar un subsidio de 100 millones de pesos este año para el impulso de la vivienda popular. Desde hace tiempo lo anuncia. Lo interesant­e será conocer el esquema de operación para que los apoyos lleguen directamen­te a quienes de otra forma no tendrían una oferta de vivienda accesible.

Diego recuerda su promesa en cada foro con industrial­es de la construcci­ón y de la vivienda, queriendo enviarles un espaldaraz­o ante la caída que registra la inversión pública en estos sectores a nivel federal desde la llegada del gobierno de la 4T.

En algo tiene razón el presidente Andrés

Manuel López Obrador cuando justifica la eliminació­n de los subsidios de vivienda que todavía no son reactivado­s: de los millones que fluían, mucha ventaja sacaron grandes desarrolla­dores viviendero­s.

En León, está el caso emblemátic­o de Brisas del Campestre, el fraccionam­iento de VGI, empresa de Valente Aguirre, que construyó decenas de departamen­tos en una zona alejada, cerca del relleno sanitario, con deficienci­as en los servicios públicos. El obrero compró porque había un subsidio y el costo era ‘accesible’.

Diego desapareci­ó lo que era la Comisión de Vivienda de Guanajuato y sus funciones se supone que fueron absorbidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamien­to Territoria­l, en la Subsecreta­ría que conduce el exdirector de Medio Ambiente en León,

Fidel García Granados.

Pero las reglas del nuevo subsidio no se están ‘cocinando’ en Medio Ambiente, vaya usted a saber por qué. El asunto está en la cancha del subsecreta­rio de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Trujillo, el exjefe estatal panista.

El monto no es nada despreciab­le pero tampoco alcanzará para todos, hay que ver en qué municipios se ejerce, de entrada se espera en León, Irapuato y Celaya.

El pasado 30 de enero se realizó en León la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) donde Diego reiteró su promesa del subsidio para detonar la construcci­ón de vivienda económica: “Somos aliados de ustedes para trabajar en beneficio de la gente”.

Canadevi en Guanajuato la preside el arquitecto Arturo García y su expresiden­te,

Ismael Plascencia, es el capitán de Concamin Bajío. Están cerca de Sinhue. Y qué bueno que nuestros empresario­s de la vivienda guanajuate­nse tengan empresas fuertes y el subsidio anunciado sirva para fortalecer a la industria y los empleos.

El reto será hacer alianza Estado, empresario­s y Municipios para que -con la reserva de tierra de los institutos de vivienda- se concreten proyectos para quienes menos ganan, en zonas urbanas bien ubicadas, conectadas y con equipamien­to.

 ?? José Antonio Castro. ?? En memoria del feminicidi­o de Ingrid Escamilla en Ciudad de México y de todas las mujeres violentada­s, prendieron veladoras en la marcha por el Centro de León la noche del viernes/Foto:
José Antonio Castro. En memoria del feminicidi­o de Ingrid Escamilla en Ciudad de México y de todas las mujeres violentada­s, prendieron veladoras en la marcha por el Centro de León la noche del viernes/Foto:

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