Adictos en abandono
» Criminalizados y olvidados miles que luchan por salir de las adicciones » Villagrán, Apaseo el Gde., Celaya Jerécuaro, Comonfort , más violencia » Polemizan por nombramiento de titular de Comisión de Búsqueda
Las víctimas que nadie ve
La masacre en la que murieron 27 jóvenes en un anexo en Irapuato es uno de los hechos más atroces del que se tenga memoria en la historia reciente de Guanajuato, y del País.
Las tragedias que se registran en la entidad sepultan la de ayer por la de hoy. Se cuentan los muertos sin detenerse en cada víctima, en cada historia.
Nadie debe morir. Pero, aún peor, los ataques en anexos en los que jóvenes buscan otra oportunidad para salir de las garras de las adicciones, es un fracaso monumental del Estado Mexicano.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, en su comparecencia ante el Congreso del Estado (antes de este último hecho del miércoles) declaró que algunos anexos son “semilleros de la delincuencia organizada”.
Sean cual sean las condiciones en las que opera cada uno de los anexos, lo cierto es que alojan vidas de cientos de jóvenes atrapados por las drogas, buscando una salida, y sin quien les tienda una mano.
“Empezando una nueva vida”, era el nombre del anexo que fue escenario de esta tragedia, pudo ser cualquier otro, vaya ironía, lo que encontraron fue la muerte.
La política de prevención y rehabilitación de las adicciones es un gran fracaso nacional, y
Guanajuato no es la excepción, son muchos años sin estrategia, sin espacios, sin recursos.
La Secretaría de Salud del Estado contabiliza 240 anexos de los cuales muy pocos cumplen con la certificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
El último reporte es que el Estado opera directamente 10 Centros de Tratamiento de
Adicciones (el Centro Integral a las Adicciones de León, nueve Unidades Médicas -UNEMES-, y tres Centros de Integración Juvenil) y hay otros 13 privados y de asociaciones civiles avalados por la Comisión Nacional Contra las
Adicciones.
Los sitios en donde se han registrado los ataques de diciembre a la fecha (seis, todo en Irapuato, con saldo de 37 muertos, ocho heridos y 13 desaparecidos) no cuentan desde luego con la certificación ni con los permisos de uso de suelo municipal.
Pero eso ya lo sabemos desde siempre y nadie hace nada. El Estado voltea para otro lado y los deja operar a sabiendas de que no puede atender en centros públicos a los miles de adictos que necesitan un tratamiento integral.
A revisión, ¿y luego?
Un día después de la barbarie en Irapuato, las autoridades estatales y municipales salieron a anunciar que realizarán una revisión para detectar centros de rehabilitación clandestinos.
El operativo será coordinado por la Secretaría de Salud de Guanajuato y los 46 ayuntamientos.
En un comunicado, el jueves 2 de julio, luego de una reunión del Grupo de Coordinación de
Seguridad (que integran dependencias estatales, Fiscalía del Estado, Fiscalía de la República, Marina, SEDENA, Guardia Nacional, y demás) informan que deberán cumplir con toda la normatividad o no podrán funcionar.
Y piden a los ciudadanos denunciar al 911 o al 089 a los anexos que pudieran estar trabajando de manera clandestina.
Lo anterior es más una respuesta al temor de que haya más ataques, y qué bueno, pero no una respuesta para los adictos. ¿A dónde irán los internos de todos esos centros que no cumplirán con la Norma? ¿qué plazo y acompañamiento les darán las autoridades para regularizarlos? Seguramente más de uno tiene la voluntad de cumplir, pero no los recursos.
El Gobierno de Guanajuato no ha precisado el plan sexenal para incrementar considerablemente la capacidad de atención en centros de rehabilitación públicos.
Eso además, claro está, de lo fundamental que debe ser la política de prevención.
Criminalización
Los familiares de las 27 víctimas fatales y cuatro heridos no sólo tuvieron que sufrir la pérdida de un ser querido, también deben soportar la criminalización por parte de las autoridades.
Como en otros crímenes, lo primero que las autoridades salen a decir es que las personas andaban en malos pasos, que son parte de un cártel del crimen organizado o bien, que estaban siendo captados por los delincuentes, y en el mejor de los casos, que son daño colateral.
El discurso que más criminaliza siempre sale del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien todo lo atribuye a la guerra entre cárteles y la pelea por la plaza, que se vive desde hace poco más de tres años en Irapuato y el Corredor Industrial.
Desde luego que esa es una posibilidad, pero a unas cuantas horas de ocurrido el ataque, es muy aventurado señalar que todos los jóvenes que fallecieron entraban en algunos de estos supuestos. Más cuando con el paso de las horas se han difundido fotos y videos de cómo vivían los jóvenes en el centro de rehabilitación.
Una vida llena de ejercicios espirituales, juntas de ‘AA’ y camaradería e ilusión por salir de sus adicciones.
Pero aparte de las víctimas, también los anexos son estigmatizados en cada ataque que se ha dado en Irapuato, ya que siempre son clandestinos, o irregulares e incluso, como lo ha dicho Ortiz Gutiérrez, son lugares que se usan para esconder maleantes y vender drogas.
Por cierto el Fiscal presumió que detuvieron a 26 presuntos implicados en los ataques a los anexos, sin dar detalles y, lo más raro aún, sin cacarearlo como acostumbran hacerlo con todas las detenciones que hacen en las que difunden fotos y datos de los involucrados. ¿Por qué no lo hicieron, por qué no lo presumieron?
El sexenio de la prevención
Diego repitió desde la campaña que sería el “sexenio de la prevención”.
El Mandatario le instruyó a su secretario de Salud, el doctor Daniel Díaz, importar un exitoso programa contra las adicciones, el modelo de Islandia, y en noviembre del 2019 se firmó un convenio con cinco municipios para iniciar los trabajos.
El 27 de noviembre, en Poliforum de León, los alcaldes de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato y Silao, firmaron el “Acuerdo para la Prevención de Adicciones”, con Gobierno del Estado y el Centro Islandés de Investigaciones y Análisis Sociales.
“Esta es la firma más importante de mi Gobierno”, expresó Diego Sinhue.
En el mismo evento Jón Sigfússon, director del Instituto Islandés de Investigaciones y Análisis Sociales, dijo en su mensaje: “Nadie debe morir a causa de las drogas, hace 20 años comenzamos a atacar el problema de las adicciones con la participación de todos los sectores, hoy en día el consumo ha bajado muchísimo”.
En marzo la directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Rosa Elda Villalobos Ugalde, asistió a la 6ta. Conferencia Internacional Planet Youth 2020, en Reijakavik, Islandia, para firmar el convenio específico de trabajo para el 2020.
Las metas pactadas este año son: entrenamiento a personal de Salud, Educación y a los enlaces de las encuestas de los 5 municipios de Juventud y el y levantamiento Bienestar en jóvenes de 16 años y de capacidad de infraestructura municipal en prevención.
Si bien se puntualizó que se trata de un proyecto a largo plazo, es indispensable tener un monitoreo permanente de los avances alcanzados en esos cinco municipios y el presupuesto destinado para la estrategia. Habrá que implementarlo con mayor intensidad y en todo el territorio estatal. No hay tiempo que perder.
Fin de violencia, lejos
La crisis de la violencia en Guanajuato está lejos de su contención.
“En Guanajuato las víctimas de homicidio crecieron a una tasa del 27.6%, mientras que a nivel nacional a un ritmo de 3%, entre enero y mayo de 2020, comparado con el mismo periodo del año anterior.
“Esta cifra es más alarmante aún cuando consideramos datos de años anteriores. Durante el periodo enero-mayo de 2020, en Guanajuato murieron asesinadas 435% más víctimas que en 2015”.
Así lo indica un reporte de la organización ‘México Evalúa’ basado en los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los municipios más letales (tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes) durante los primeros cinco meses del 2020 son: Apaseo el Alto (72), Tarimoro (71.1), Santiago Maravatío (68.2), Pueblo Nuevo (55.5) y Salamanca (54.6). Ahí se concentran 2 de cada 10 homicidios cometidos en la entidad.
Atrás de ellos (con una tasa entre 30.1 y 45) anote a: Celaya, Villagrán, Apaseo el Grande, Salvatierra, Acámbaro, San Francisco del Rincón.
Si comparamos con el mismo periodo del año anterior, identificamos que los municipios que tuvieron el mayor incremento en homicidios durante enero y mayo de 2020 son: Villagrán (841.7%), Apaseo el Grande (383.4%), Jerécuaro Celaya (200.2%), (274.4%), reporta Comonfort ‘México (247.3%) Evalúa’. y La descomposición de la violencia está particularmente concentrada en la región Laja-Bajío. Pero también hay focos de preocupación en las ciudades grandes del corredor industrial como Salamanca, Irapuato y León, y en los de la zona sur.
El monstruo es tal que en sus respectivas comparecencias ante el Congreso, ni el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, ni el fiscal general, Carlos Zamarripa, fueron optimistas ni aventuraron poner un plazo para recuperar la paz.
Ambos repitieron que mientras no se desarticule el poder de las organizaciones criminales (mandos, logística, recursos) será una guerra con más muertos. Detendrán a uno que otro sicario a sueldo de esas bandas, todos reemplazables.
La delincuencia organizada es un delito federal, mientras los muertos están en casa.
Desaparecidos, otra polémica
El nombramiento del titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, revivió la desconfianza en la que transitan los grupos de familiares de personas desaparecidas y las autoridades de Guanajuato.
La historia reciente es de un estira y afloja entre familiares de desaparecidos con el Gobierno del Estado, y en particular con la Fiscalía General del Estado. Su sentir, y no les falta razón, es que la tragedia que viven no ha sido comprendida, ni atendida.
Con sus propios recursos se organizan, preguntan y buscan a sus seres queridos.
Fue la presión de los familiares la que apuró la aprobación de una Ley que por años fue una omisión del Poder Legislativo de Guanajuato, lo mismo que la Ley de Víctimas, ambas aprobadas en mayo pasado, también con dudas de los colectivos.
El problema desdeñado por la Fiscalía fue reconocido y, en su informe de febrero pasado, Carlos Zamarripa anunció la creación de un
Centro de Estatal Personas para que la Localización cambie la manera e Identificación de abordar el tema.
El primer paso para aterrizar la Ley era nombrar al titular de la Comisión de Búsqueda y el proceso no gustó a los grupos de familiares que tenían su ‘gallo’, José Gutiérrez. Es entendible que es uno de los suyos y lo querían ahí.
Más allá de los nombres, lo que está en cuestionamiento es si, verdaderamente, se trató de un proceso de selección cuidado para encontrar al mejor perfil posible, o si se trató de una simulación más para poner ahí a un incondicional del Gobierno azul.
Por el currículum publicado en la página de la Secretaría de Gobierno el electo tendría un perfil administrativo, más que un defensor de derechos humanos. Se registra experiencia como Atención funcionario a Víctimas en la del Comisión Gobierno Ejecutiva federal de de 2017-2019, aunque no aclara en qué cargos.
La elección es inatacable, dice la convocatoria. El funcionario rema contracorriente y tiene poco tiempo para ganarse la confianza de quienes más importan, las víctimas.
¿Quién responde por los daños?
Ados semanas de que Celaya viviera una tarde caótica con automóviles y negocios incendiados, la impunidad es la única consecuencia de aquel operativo fallido.
Una de las justificaciones de las autoridades era que pese al caos vivido la tarde del sábado 20 de junio en Celaya y la región, el operativo había sido un éxito al detener a supuestos integrantes de un grupo criminal.
La liberación de los últimos cinco inculpados terminó por evidenciar una serie de errores que se replicaron a nivel nacional.
En medio de la impunidad están los que siempre terminan pagando los platos rotos, los ciudadanos que perdieron su patrimonio como su vehículo y negocio a quienes nadie les ha sabido dar respuesta de quién puede reparar el daño.