Advierte por posible alza en precio de tortillas
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió prevenciones a diversas asociaciones de tortilleros para advertir consecuencias de un posible aumento de precios si este es producto de un acuerdo entre competidores.
“Cofece informa que la Autoridad Investigadora, en uso de sus facultades, remitió advertencias al Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, debido a que tiene conocimiento de que podría existir un aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla, el cual pudo haber sido incitado por estas agrupaciones al promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto”, indicó.
Asimismo, la Autoridad Investigadora indicó que podría iniciar una investigación si encontrara indicios de acuerdos entre competidores para manipular precios.
Adicional a la prevención que se hace, la Comisión exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado en un entorno de precios libres.
“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir, cuando exista (o si es que existe) un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, señaló.
También reiteró que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, las cuales, en su caso, pueden ser sujetas, entre otras sanciones, a multas de 10% de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo, e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes del acuerdo, que se sancionaría con 5 a 10 años de prisión y con mil a 10 mil UMAs de multa.