Niega Juez dar amparo a funcionaria de Robles
Una juez federal negó el amparo a una ex colaboradora de Rosario Robles contra el proceso que le fue iniciado por un supuesto pago indebido dentro de un contrato de más de 60 millones de pesos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en el caso de la “Estafa Maestra”.
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó la protección de la justicia a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra la vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Toda vez que no se advierte que existe violación a los derechos humanos del quejoso y que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, procede negar el amparo y protección de la justicia de la unión, contra el auto de vinculación a proceso reclamado”, resolvió la juez.
A Montoya le imputan pagar ilegalmente 7 millones 850 mil 140 a la Universidad Autónoma de Chiapas, derivado de un convenio con la Sedesol para conformar los comités comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo presupuesto mínimo fue de 60 millones 952 mil 400 pesos y el máximo de 121 millones 904 mil 800 pesos.
“La imputada estaba a cargo de realizar los cargos al presupuesto de egresos de la Sedesol, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal, los cuales fueron registrados en los sistemas contables correspondientes. Por lo que tuvo la facultad de solicitar el pago de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas (CLC), en los términos del Reglamento, sin que se advierta lo haya realizado”.
Según la FGR, la procesada fue quien primeramente revisó y autorizó el pago, mediante el sistema de administración financiera federal (SIAFF).
Sin embargo, se detectó en dicho sistema que, previo a la emisión de la cuenta por liquidar certificada (CLC), no hubo ninguna solicitud de autorización de pago del área requirente.
Montoya tiene dos procesos en curso, el primero de ellos inició en noviembre de 2019, por un presunto pago indebido de 400 millones de pesos de la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas, para mejorar comedores comunitarios en el Estado de México.