Avala Sinaloa matrimonio igualitario
Con 23 votos a favor y la ausencia de 17 diputados, de los 40 que integran Congreso estatal, se aprobaron por unanimidad los matrimonios y concubinatos entre personas del mismo sexo en Sinaloa, lo que motivó el júbilo y aplausos de miembros de la comunidad que se apostaron con banderolas y pancartas en el exterior del Palacio Legislativo.
El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Derechos Humanos y de Equidad, Género y Familia, aprobaron reformar el Código Familiar en sus artículos 40 y 165 para extender las figuras del matrimonio y concubinato igualitarios.
A petición del diputado morenista José Antonio Crespo López, se sometió a votación la dispensa de la primera lectura del dictamen, y al pasar a la segunda lectura, sólo hubo posicionamientos a favor de la iniciativa.
Con las modificaciones al Código Familiar, se establece que el matrimonio es una institución por medio de la cual se celebra la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se procuran respeto.
De igual manera, se establece que el concubinato es la unión de dos personas, quienes sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida en común de manera notoria y permanente durante dos años continuos o más.
En la discusión del dictamen, la diputada Graciela Domínguez Nava (Morena) detalló que la lucha por la igualdad y la no discriminación en Sinaloa data desde 2013, cuando la LX Legislatura local aprobó el actual Código Familiar, pese a los cambios y reclamos de los ciudadanos de la diversidad sexual.
Durante su intervención, evocó que durante la sesión de junio de 2019, en la que fue rechazado el dictamen de reforma al Código Familiar para dar paso a los matrimonios igualitarios, no les faltó voluntad para sacarlo adelante, lo que “les faltó fue votos”.
Domínguez Nava hizo énfasis en que tuvo que ser el Poder Judicial el que corrigiera lo que no había hecho el Congreso del Estado, al emitir una sentencia y obligarlos a legislar el materia, por tratarse de un asunto de derechos humanos, relativo a la igualdad de las personas y a la no discriminación.