¿Ramírez Bedolla tira la toalla?
En la peor crisis de seguridad en la historia de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el lunes pasado, durante un pase de revista a la policía del estado, que su gobierno ha decidido dejar atrás “la idea de continuar con una guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la situación de violencia” que priva en la entidad:
“Hoy nos encaminamos hacia una visión ampliada de la seguridad ciudadana, porque estamos trabajando para atender las causas, como son la pobreza, la marginación…” señaló el gobernador, según el reporte de algunos medios locales.
Michoacán es el estado con mayor número de homicidios en lo que va de 2022. Solo en los tres primeros meses del año se perpetraron 746 asesinatos. En solo 18 días de abril, se registraron 162.
En el llamado “corredor de la muerte”, que atraviesa Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Cotija, Vista Hermosa, Tangamandapio y Jacona, entre otros municipios, diversos colectivos han denunciado la desaparición de 400 personas en los últimos tres años.
En solo cuatro días de marzo se reportaron 51 homicidios. En ocho horas del 22 de abril se registraron otros diez: hubo decapitados, torturados, balaceados, e incluso cuatro personas fueron calcinadas en el interior de un auto.
De enero a abril, 21 masacres sacudieron Michoacán: hubo prácticamente una cada semana. No habían terminado los tres primeros días de mayo y ya había en el estado 50 víctimas mortales.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 8, 845 personas han perdido la vida de manera violenta en Michoacán.
Poblaciones enteras han quedado en medio del fuego cruzado entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras. Las extorsiones asfixian a productores, comerciantes y empresarios. En Tierra Caliente innumerables rancherías fueron abandonadas y saqueadas. En las comunidades abundan las fachadas balaceadas. Alcaldes, policías y periodistas han caído bajo las balas.
En Apatzingán, el sacerdote Gregorio López denunció que, con sus omisiones, los distintos niveles de gobierno solo “han empoderado a los delincuentes”.
El gobierno federal desplegó en el primer trimestre del año a 3,100 elementos en el estado. Entre marzo y abril, otros 750 fueron enviados a Uruapan, Zitácuaro, Zamora y Morelia.
Pero el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional no ha significado una reducción en los niveles de la violencia: por el contrario, esta no ha hecho sino aumentar.
El avance de los grupos criminales ha sido, hasta hoy, incontenible. El Cártel Jalisco domina desde Lázaro Cárdenas hasta Uruapan. Los Viagras y Cárteles Unidos tienen bajo su poder la Tierra Caliente, en donde se ha dado la confrontación más sangrienta con el CJNG. La Familia Michoacana, mientras tanto, entra al estado por el sur del Estado de México, y pelea por reconquistar Zamora y Villagrán.
Durante las elecciones de junio pasado, en incontables municipios de Michoacán hombres armados y encapuchados irrumpieron en las casillas: rellenaron urnas, obligaron a presidentes de casilla a marcar las boletas a favor de Morena y obligaron a la gente a votar en público a favor de Ramírez Bedolla. Todo esto fue documentado y denunciado por representantes de casilla.
El lunes pasado, el gobernador emanado de aquellas elecciones anuncia de pronto que su administración ha decidido dejar atrás “una guerra que durante décadas no ha hecho sino agravar la situación de violencia”.
Ramírez Bedolla sabrá lo que quiere decir: qué tipo de mensaje está enviando, y a quién va dirigido. Pero en el contexto en que viven los michoacanos, su mensaje no solo resulta desafortunado: se suma a una serie ininterrumpida de hechos, de los que solo se obtienen conclusiones graves.