Periódico AM (León)

‘¡Viva Cristo Rey!’... y entran a matar

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Cinco días después del asesinato del líder vecinal, una milicia de una veintena de falangista­s irrumpe con cadenas, cuchillos y pistolas en el bar San Bao de la madrileña calle de Arturo Soria. “No os mováis que os vamos a matar. ¡Viva Cristo Rey”, advierte la jauría fascista.

Es la respuesta de los ultras a una marcha homenaje a Pajuelo que acaba de finalizar en la zona. Los convocados han pedido la ilegalizac­ión de Fuerza Nueva.

Uno de los clientes del San Bao, Juan Carlos García Pérez, soldado de 20 años, muere tras recibir dos tiros por la espalda. Otros tres jóvenes resultan heridos.

La Audiencia Nacional procesó en 1983 por el asalto al San Bao a una decena de ultras, entre los que figuraban Daniel Fernández de Landa como autor del disparo mortal, e Íñigo de Guinea, que ya acumulaba en su historial criminal el presunto apuñalamie­nto de Martínez y una detención por su participac­ión en la muerte a tiros del vecino de Arganda del Rey (Madrid) José Prudencio García, de 44 años.

Fernández de Landa huyó de España en 1980 tras pedirle a los policías que iban a detenerle unos minutos para quitarse la chaquetla de camarero en el bar de El Escorial donde trabajaba. El ultra había sido expulsado de Falange Española y de las JONS un año antes por su conducta “revolucion­aria y agresiva”, según el sumario del caso Pajuelo.

Su hermano Jesús fue arrestado en El Escorial poco después tras ser confundido con un militante del GRAPO cuando portaba en una caja de zapatos una pistola Astra de nueve milímetros y un revólver FN del 32. Las armas fueron usadas en el asalto al San Bao, según los investigad­ores.

El Supremo condenó por este crimen en 1985 a Jesús Fernández de Landa, hermano de Daniel, y a Juan Domingo Martínez Lorenzo, alias Perón, a 32 años de prisión por sendos delitos de asesinato consumado y asesinato frustrado. Tras triplicar las penas impuestas por la Audiencia Nacional, el alto tribunal consideró sus contribuci­ones clave en el crimen, pero precisó que no ejecutaron la muerte de Juan Carlos García, cuya autoría se atribuyó al huido Daniel Fernández de Landa.

Durante cuatro décadas, el paradero de este último ha sido un misterio. Interpol creyó inicialmen­te que transitó sus primeros años como fugitivo en un castillo en Francia del neofascist­a italiano Stefano Delle Chiaie, jefe de Avanguardi­a Nazionale. Y que, después, se escondió en Suiza.

Felipe Pajuelo, de 68 años, hermano de la víctima, asegura que su familiar no militaba en ningún partido ni sindicato. “Los culpables huyeron. Nosotros nos quedamos sin Arturo y sin justicia. Cuarenta años después, nadie ha pagado por su asesinato”, lamenta.

En el madrileño barrio de Orcasitas, una escultura en forma de paloma levantada con una colecta popular rememora a aquel treintañer­o de pelo afro que reclamaba ante el poder casas para las familias más humildes. Un centro de mayores lleva su nombre.

“Arturo Pajuelo era un líder nato, un joven que hizo mucho por el pueblo”, defiende uno de los residentes.

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Documento de identidad de Daniel Fernández de Landa Roca.

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