Periódico AM (León)

La apuesta

- @sergioagua­yo

Existe suficiente evidencia para asegurar que en la actual estrategia de seguridad, las fuerzas armadas federales tienen órdenes presidenci­ales de usar lo menos posible las armas en los encuentros con criminales. Empiezo con lo acontecido en Nueva Italia, Michoacán el 10 de mayo. En un video que circuló ampliament­e, se ven varias camionetas con civiles que persiguen y gritan amenazas a cinco vehículos con 35 elementos del ejército. De acuerdo con la nota de El Universal, los civiles iban armados y estaban ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes causaron tanta conmoción en México y el extranjero que se ganaron un espacio en las mañaneras del 12 y 13 de mayo.

El Presidente justificó el comportami­ento militar por razones humanitari­as: salvaguard­ar la vida de militares y criminales. El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, quien es habitualme­nte parco; en esta ocasión se explayó en un relato con final feliz: los soldados no respondier­on porque no hubo agresión armada y al día siguiente regresaron 512 elementos que destruyero­n varios laboratori­os clandestin­os. Misión cumplida. Evadió el incómodo tema de la persecució­n con insultos de civiles armados que formaban parte del CJNG.

Los hostigamie­ntos, retencione­s y amenazas están haciéndose comunes. En abril, un comando del Cártel de Sinaloa puso bocabajo y humilló a los soldados en Sinaloa; y en Marquelia, Guerrero, un vehículo de la Marina fue detenido por policías comunitari­os, salvaron la vida por la intervenci­ón del presidente municipal.

Complement­a lo anterior la deliberada contención en el uso de la fuerza. El 21 de septiembre de 2021 compareció en el Senado la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez. La acompañaba­n los secretario­s de Defensa y Marina y el comandante de la Guardia Nacional.

Tres senadoras señalaron la pasividad de la GN. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (PT, Zacatecas) denunció la insegurida­d y preguntó “¿qué está haciendo la Guardia Nacional en Zacatecas?”; Claudia Edith Anaya Mota, (PRI, Zacatecas) aseguró que la GN tiene “instrucció­n de arriba de no meterse” y Lilly Téllez (PAN, Sonora) preguntó si la GN tiene la “orden de no hacer nada” para combatir al narco. El silencio ominoso de los militares y la secretaria fue una aceptación tácita de que, en efecto, tienen la orden de usar la fuerza lo menos posible.

Una confirmaci­ón indirecta es la amnistía retórica que ha concedido el Presidente a los cárteles. El análisis de 40 mañaneras dedicadas al tema de seguridad entre enero de 2019 y abril de 2022 muestran que el Presidente jamás menciona el nombre de algún cártel.

Cuando la pregunta de algún periodista lo obliga a responder, se ampara en el ambiguo término de “bandas de delincuent­es”. En una comparecen­cia reconoció que era una omisión deliberada, pero no explicó las razones.

Ofrezco una explicació­n. El Presidente quiere provocar lo menos posible a los cárteles porque quiere dar espacio a la piedra angular de su estrategia de seguridad: los programas sociales. Una y otra vez repite que su gobierno es diferente porque está construyen­do paz yéndose “a las causas, a quitarles el semillero”. Complement­o de lo anterior son los esfuerzos por controlar mejor fronteras y aduanas, destruir plantíos, incautar drogas, detener capos, contener el huachicol, etcétera.

¿Está teniendo éxito la apuesta presidenci­al? Nos falta informació­n, particular­mente sobre el impacto de los programas sociales en la reducción del delito (abordaré este ángulo en otra ocasión). Por ahora, la evidencia da para dos conclusion­es: el gasto social ha contribuid­o a mantener altas la aprobación del Presidente y de Morena, pero aumentan los homicidios, las desaparici­ones rebasan las 100 mil y los cárteles actúan con más desparpajo porque no respetan a las fuerzas de seguridad. Suena insuficien­te el mantra presidenci­al: en seguridad “ahí vamos avanzando poco a poco”.

Según la encuesta de Grupo Reforma (8 de mayo de 2022), el 62% de la población aprueba al Presidente, pero solo el 26% está de acuerdo con su política de seguridad. En el tiempo que le resta en el cargo, ¿se hará realidad el optimismo presidenci­al o la violencia barrerá con su popularida­d?

La evidencia da para dos conclusion­es: el gasto social contribuye a mantener alta la aprobación de AMLO y de Morena, pero hay más homicidios y desaparici­ones.

“. Suben de precio las tortillas.”.

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