Ven inconveniente aumentar la edad
Alberto Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PDHEG), consideró que no es conveniente incrementar el umbral de protección de las víctimas del delito de estupro, de 16 a 18 años, como propuso el PRI en una iniciativa.
“Se considera que la edad establecida en el Código Penal de Guanajuato se ajusta a los criterios internacionales para la protección de niños, niñas y adolescentes y ampliar la edad mínima para el consentimiento pudiera impactar negativamente en la protección de los derechos que se pretenden proteger”, señaló.
Destacó que según las normas internacionales no hay una edad para dar el consentimiento sexual, pero señaló que sí son claras en cuanto al rechazo a que sea una edad muy baja.
Así lo manifestó en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, en la cual se analizó la iniciativa del PRI de reforma al Código Penal en materia de estupro, delito que consiste en que un adulto sostenga relaciones sexuales con un menor de edad mediante la seducción o engaño.
Al dar las observaciones de la PDHEG a la iniciativa, Alberto Estrella destacó que tomando en cuenta que lo que se busca es proteger a los adolescentes, hay coincidencia de diversos organismos en que el exceso de penalización de las conductas como el determinar que entre los 16 y 17 años no se cuenta con la madurez suficiente para consentir una relación sexual y considerarse un delito, se pueden generar situaciones más perjudiciales que las que se pretenden subsanar.
Y no sólo las relacionadas a abusos, sino aquellas consecuencias por la falta de información y por no ser plenamente conscientes de sus derechos y los riesgos relacionados a la salud sexual y reproductiva, como embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual.
Aunado a lo anterior, el aumento a la edad mínima, puede limitar la capacidad de decisión de los adolescentes entre 16 y 17 años que podría provocar la estigmatización de las personas que tienen actividad sexual antes del matrimonio.
Piden analizar iniciativa
Por su parte, Elizabeth Durán Isaís, coordinadora jurídica de la Fiscalía del Estado, tampoco se mostró muy de acuerdo con la iniciativa y expresó que se debe analizar.
Argumentó que hay varios criterios nacionales e internacionales sobre el reconocimiento de la evolución de los menores, para que no se establezca una edad fija a partir de la cual sea posible emitir un consentimiento válido.
“No puede establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pues el proceso de madurez no es lineal ni aplicable a todos los niños y adolescentes por igual”, dijo.
Señalan que hay una contradicción entre dos iniciativas que ahí se estaban analizando en la Comisión de Justicia./