Es Guanajuato tercero en cifra de atrocidades
Registra 170 casos entre enero y abril de 2023, revela reporte de organización Causa en Común “La Galería del horror” recoge ejemplos de uso de la fuerza para provocar resultados aterradores
En el primer cuatrimestre del año el estado de Guanajuato fue la tercera entidad con el mayor número de atrocidades y la quinta en el número de víctimas por estos hechos.
Así se reporta en la “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto enero-abril 2023”, que elabora y publica la organización Causa en Común con base en un recuento hemerográfico sobre eventos catalogados como “atrocidades”.
Las entidades con más atrocidades registradas en este periodo fueron: Chihuahua (222), Baja California (176), Guanajuato (170), Guerrero (161) y Morelos (130).
En Guanajuato destacan en este periodo el registro de al menos 14 fosas clandestinas, 49 casos de tortura y 18 masacres (asesinato de tres personas o más).
En todo el país se acumularon al menos 3,945 víctimas de atrocidades. Los estados con más víctimas fueron: Veracruz, con al menos 716; Chiapas, con 473; Chihuahua, con 290; Nuevo León, con 284; y Guanajuato, con al menos 222.
Los estados con el menor número fueron Campeche, con al menos 9; Durango, con 10; Coahuila, con 10; Aguascalientes, con 15 y Querétaro, con al menos 17.
Esta medición considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Para este recuento se tomaron en cuenta 1,887 notas periodísticas. En comparación con el periodo enero-abril de 2022, se observa que las atrocidades tuvieron un incremento de 13%, pasando de 1,940 a 2,195 eventos.
Uno de los casos que ejemplifican esta galería del horror es el de sujetos armados que asesinaron a 10 personas en un bar de Apaseo el Grande, Guanajuato, el 11 de marzo.
Algunas propuestas que plantea Causa en Común en el reporte son: exigir a los gobiernos locales y federal la resolución de casos; dotar de presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda; financiar proyectos que ayuden a explicar las violencias y generar propuestas que la prevengan y atiendan; y generar alianza con sociedad civil e iniciativa privada para construir proyectos de seguridad.