Buscan ‘a medias’ a desaparecido
Resuelve una juez que Ministerio Público realizó investigación ‘deficiente’ Culpa a policías de Salamanca y demanda a la Procuraduría de Justicia investigar el paradero de la víctima, hasta encontrarla
Juan Manuel Lara González fue visto por última vez hace 252 días en un retén de la Policía de Salamanca.
Él es víctima de “desaparición forzada”, la Coordinación de Seguridad Pública de Salamanca es la responsable y la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común hizo una investigación “deficiente” sobre el caso.
Así lo resolvió Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien en septiembre de 2016 ya había dictaminado otra desaparición forzada, pero a manos de soldados del Ejército Mexicano en Pénjamo.
La madrugada del 11 de agosto de 2017 Juan Manuel fue detenido porque su auto “era de características similares a las del vehículo que atentó contra la unidad 957 de la Policía Municipal horas previas”.
La Coordinación de Seguridad Pública de Salamanca, de la cual depende la Policía Municipal, durante la investigación negó que ocurriera la detención, pero las pruebas y testigos demostraron lo contrario.
“Pudo ser válida la revisión preventiva para salvaguardar el orden público, pero la corporación no justificó tal supuesto, pues ni siquiera informó dicha revisión y por el contrario, la ocultó”, afirma la sentencia.
Ayer Luis Humberto Guillén Nava, titular de la Coordinación y abogado de profesión, adelantó que apelará la resolución de la Juez.
Reconoció el caso y dijo que hubo tres elementos de Seguridad Pública involucrados, pero que ya no pertenecen a la Policía Municipal.
La investigación determinó que fueron cinco agentes quienes tuvieron contacto directo con la víctima durante la detención y los últimos que estuvieron con él.
“Se concluye que los elementos de Policía Municipal de Salamanca que detuvieron a Juan Manuel Lara González son responsables por la violación de los derechos a la libertad y a la integridad personal”, afirma la sentencia.
Además se determinó que la detención fue “arbitraria, pues no hubo justificación para hacerlo”, no hubo una orden del Ministerio Público y durante la revisión se verificó que Juan Manuel no tenía antecedentes penales.
Posteriormente cuando se denunció la desaparición, la actuación de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común fue “deficiente”. No hay constancia de que se haya dado aviso al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República ni que se solicitara información de los servidores públicos involucrados.
La Juez ordenó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato investigar exhaustivamente el caso y en 40 días hábiles dar un informe.
“El fiscal debe llevar a cabo todas las investigaciones pertinentes hasta la localización con vida (de la víctima), o bien, de sus restos mortales; en este último caso, serán entregados a los familiares”, indica.
Además se ordena recavar las entrevistas de los cinco policías que tuvieron contacto directo con el desaparecido.
En septiembre 2016 la misma juez determinó que Juan Flores Solorio fue víctima de desaparición forzada a manos de personal militar, en Pénjamo, y evidenció la mala actuación tanto de la PGR como del Ejército Mexicano en la investigación.