AMLO A LA ONU: “NO HAY MILITARIZACIÓN”…
GINEBRA.– En su respuesta a la recomendación del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada (CED) “sobre abandonar el enfoque de militarización de la Seguridad Pública y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las Fuerzas Militares de estas tareas’’, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió:
“El Estado mexicano no se encuentra bajo la ‘militarización’… ya que militarizar un Estado implica que la conducción política, la toma de decisiones y las relaciones políticas se dan entre fuerzas armadas, sin intermediarios políticos civiles’.
Añade que “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública considera a la Guardia Nacional como una Institución Policial que se consolidará, para la prevención del delito, la prevención de la Seguridad Pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.
“Asimismo, la reforma constitucional en sus artículos Quinto y Sexto Transitorios, faculta a las Secretarías de los ramos de Defensa Nacional y Marina para participar en las tareas de Seguridad Pública, a disposición del Presidente y sujetas a la legislación vigente, observando los procedimientos establecidos por las autoridades civiles competentes… Concepción que tiene respaldo en los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, argumenta, “los elementos que se han integrado a la Guardia Nacional reciben formación y adiestramiento necesarios de acuerdo con los planes y programas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”.
“Retiro gradual”
El documento enviado al CED, que sesiona en Ginebra, remarca que “no debe pasar desapercibido para ese Comité que el Estado mexicano ha dispuesto que las Fuerzas Armadas únicamente participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, definiendo una temporalidad que no exceda de cinco años, lo cual permitirá el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”.
Asimismo el gobierno de México pide al CED tomar nota sobre “los resultados positivos de la estrategia que se reflejan en la reducción de los índices de homicidios dolosos en el país, que desde 2019 hasta finales de 2021 mostraron una fase de contención y durante 2022 se ha observado una disminución sostenida”.
Adicionalmente, dice, en las quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional “se observa una reducción de 26% en comparación con el mismo periodo de la administración pasada”.
Sobre la recomendación de garantizar que los expertos de la Comisión para el Acceso a la Verdad actúen de forma independiente y tengan acceso ilimitado a los campos y bases militares, “se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina atienden la instrucción presidencial de colaborar con el mecanismo creado para investigar los sucesos del pasado”.
En su respuesta, fechada el pasado 11 de agosto, el gobierno mexicano “expresa su total compromiso para cooperar con el Comité en la total implementación y seguimiento de las recomendaciones; por lo que, además de las observaciones solicitadas, se permite informar sobre los primeros esfuerzos de cumplimiento de las recomendaciones”.
Respuesta opaca
Entre las recomendaciones del CED destaca el fortalecimiento financiero e institucional del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
El gobierno federal contestó que “se ha trabajado en un plan de fortalecimiento, mismo que retoma la clasificación de las recomendaciones realizadas en protección, prevención y fortalecimiento institucional”, además de que “en el marco de protección, se prevé coordinación con las entidades federativas a través de convenios de colaboración’’, a diferencia del mecanismo anterior.
El documento no detalla el monto del presupuesto con el que se ha fortalecido el Mecanismo.
Sobre las recomendaciones del CED a la Fiscalía General de la República (FGR), en las que subraya como “prioritario que el Estado establezca una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición, que asegure el debido tratamiento de los casos, tanto los recientes como los acumulados’’, la dependencia responde que la Agencia de Investigación Criminal “contará con una unidad administrativa encargada de diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia nacional e internacional” mediante el cual “se facilitará que la investigación de los casos de desaparición sea amplia, integral, exhaustiva e imparcial”.
En materia de investigación, el CED reitera la necesidad de fortalecer a la FGR y las fiscalías locales, a lo cual la FGR propone que se les dé más presupuesto mediante mecanismos ya utilizados como el Subprograma de Prioridad Nacional “Desarrollos de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” con recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, para agilizar dicho proceso.
En tal sentido, “se debe exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a
efecto de que el fortalecimiento de las Fiscalías Especiales se establezca como programa prioritario para el ejercicio 2023”.
Por lo que se refiere a la investigación de las masacres de migrantes, el CED recomienda que el Estado asegure que la Comisión Forense creada en 2013 cuente con la colaboración de todas las autoridades.
Además, considera necesaria “una comisión especial multidisciplinaria para investigar desapariciones y masacres contra migrantes, que esté conformada por expertos nacionales e internacionales y que apoye las investigaciones de los hechos con perspectiva regional”.
Ante ello la FGR se limita a decir que la ley correspondiente le ordena “la realización de análisis de contexto sobre fenómenos criminales, reiterados o emergentes y realizar reportes estratégicos sobre criminalidad nacional, transnacional o internacional a efecto de identificar patrones, estructuras, organizaciones, modos de operación” y otra información útil para la aplicación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia y la investigación de los delitos.
El CED también recomendó al Poder Judicial usar la atribución de concentración prescrita en el artículo 100 de la Constitución y el artículo 86 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en casos de desaparición forzada, la respuesta del gobierno de México señala que el pasado 25 de mayo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General que reglamenta el trámite para la concentración de asuntos en los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que entró en vigor al día siguiente y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio.
En ese sentido, se recordó que el objetivo principal de la reforma es que los órganos jurisdiccionales, a través de la concentración de casos, brinden una respuesta unificada y coherente en casos en que haya un gran número de juicios vinculados con graves violaciones de derechos humanos y se mencionó el caso Ayotzinapa como uno de los ejemplos que se dieron para justificar la necesidad de esta facultad.
Asimismo, agrega, se refirieron algunos elementos mínimos para identificar el concepto de “violación grave de derechos humanos” mediante pautas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
La respuesta mexicana abunda en promesas, leyes y proyectos, pero no define cómo y cuándo se llevarán a cabo en tiempo y forma las recomendaciones del CED, que vela por la aplicación de la Convención de la ONU contra la Desaparición Forzada, de la que México es signatario y por lo tanto es vinculante.