EL “HACKEO” REVELA NARCOGOBIERNOS EN EDOMEX, JALISCO, MORELOS, GUERRERO, VERACRUZ...
Los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhiben la compleja realidad delictiva que padece México y las alianzas entre los 81 grupos criminales y altos funcionarios que despachan en presidencias municipales, gobiernos estatales –especialmente en las oficinas de gobernadores, sus fiscalías y policías– y en las instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y el propio Ejército.
Aparte de los informes que señalan los vínculos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres personajes que Adán Augusto López Hernández –ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)– nombró al frente de la seguridad de Tabasco cuando era su gobernador, Proceso tiene reportes de inteligencia sobre los nexos criminales de los más altos mandos de seguridad de Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), con el grupo criminal.
Del hackeo de millones de documentos de la Sedena, cometido por el colectivo Guacamaya, también emergieron informes que señalan la cooptación de funcionarios del gobierno morelense del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco o del veracruzano Cuitláhuac García, así como decenas de presidentes municipales de Guerrero y funcionarios mexiquenses.
Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Pez y El Fresa, líderes de la Familia Michoacana, tuvieron reuniones en casa de Rosemberg Velázquez Chávez, tesorero municipal de Amatepec (Estado de México) y amigo de los hermanos. El Fresa estuvo involucrado en la matanza del miércoles 5, perpetrada en San Miguel Totolapan por el grupo criminal Los Tequileros –vinculado a Saúl Beltrán Orozco, expresidente municipal de esa localidad–,
donde fueron asesinadas 20 personas, incluyendo el alcalde Conrado Mendoza Almeda. El Fresa asumió un día después que los sicarios de Los Tequileros organizaron el ataque para asesinarlo.
Prácticamente todos los informes sobre panoramas regionales de la delincuencia organizada señalan que los grupos operan mediante la cooptación de autoridades, o identifican a integrantes de estos grupos como enlaces con los gobiernos.
Muchos reportes no ofrecen ninguna información sobre estas autoridades –como informes sobre los estados del noreste–; otros sólo mencionan nombres y cargos, pero algunos sí ofrecen una gran cantidad de detalles sobre los vínculos, información obtenida mediante seguimientos físicos e intervenciones de comunicaciones.
Ligas en Tabasco
Un alto funcionario tabasqueño aparece en más de una decena de informes de inteligencia de la Sedena, donde se documentan sus conexiones con redes criminales. Se trata de Hernán Bermúdez Requena, a quien el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández (hoy secretario de Gobernación) nombró al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.
Máxima instancia de inteligencia del país que agrupa a agentes de la Sedena, Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Regional de Fusión e Inteligencia (Cerfi) Sureste identifica a Bermúdez como integrante del CJNG en Tabasco, con ramificaciones hasta Chiapas.
Siendo gobernador, López Hernández nombró a José del Carmen Castillo Ramírez y a Leonardo Arturo Leyva Ávalo como comisionado y director general de la Policía Estatal, respectivamente. Ambos también fueron identificados por el Cerfi Sureste como integrantes de La Barredora, grupo creado por Benjamín Mollinedo Montiel, Pantera, e identificado con el CJNG.
Otro informe de la Sedena señala que la red criminal supuestamente encabezada por Bermúdez tiene una célula dedicada al robo de combustible, dirigida por su asesor Carlos Tomás Díaz Rodríguez, la cual abarca a Jesús Amaya Guerrero, comandante regional de la FGR en Villahermosa, y otros cinco integrantes de la FGR en el Estado.
Desde que Proceso y otros medios dieron a conocer los informes del Cerfi, ni López Obrador ni la Segob han emitido algún comentario sobre el tema. Los tres funcionarios públicos siguen en sus cargos en el gobierno de Tabasco, encabezado por Carlos Manuel Merino Campos desde que López Hernández llegó a la Segob. Lo anterior, pese a que los informes fueron elaborados por uno de los Cerfis.
El tapatío
En enero de 2019 el recién creado CNI – nuevo nombre del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional– elaboró un informe sobre un policía tapatío que funge como “enlace entre líderes del CJNG y autoridades de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) que facilitan y protegen las actividades del grupo delictivo”.
Una revisión a la prensa local realizada por Proceso sugiere que este hombre no ha sido detenido y sigue bajo investigación de las autoridades, por lo que se omite su nombre y cargo.
El informe señala que el tapatío ha sido enlace entre la célula del cártel dirigida por Armando Gómez Núñez, Delta 1 –quien encabezaba el grupo criminal en la zona metropolitana de Guadalajara– e integrantes del primer círculo del gobernador Enrique Alfaro, incluyendo su secretario de Seguridad Pública, Daniel Velasco Ramírez.
En unas comunicaciones intervenidas por el CNI, el tapatío indicó a su jefe que pronto se reuniría con Hugo Luna Vázquez, jefe de gabinete de Alfaro, a quien había ofrecido cinco millones de pesos. En otra ocasión afirmó que “los escoltas del gobernador se comprometieron a retirar unidades de la Fuerza Única de Jalisco (foráneos y del área metropolitana) a favor del grupo delictivo”, según el informe.
El reporte del CNI señaló que el delincuente también expresó “la posibilidad de reunirse con Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González”, e indicó que ya conocía al titular de la Sedena.
Aunque el informe no indicó si se concretaron estas reuniones, sí documentó juntas que el tapatío organizó con comandantes de policías locales –incluyendo Juan Pablo Hernández González, de Zapopan, y Juan José Montes Ortiz, director operativo de Policía de Guadalajara– y con un enlace del “General”, a quien ofreció “medio kilo (medio millón de pesos)”.
También supervisó un encuentro entre un enviado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y “dos militares”, donde se negoció un esquema de colaboración criminal consistente en “el movimiento de efectivos a petición de operadores del CJNG, así como emitir alertas oportunas ante la implementación de operativos por parte de las fuerzas de seguridad, y facilitar las acciones violentas contra células antagónicas” a cambio de 400 mil pesos y un penthouse en Puerto Vallarta para “el General”.
Otro informe publicado esta semana en Proceso y otros medios revela la amplia red criminal en el gobierno morelense de Cuauhtémoc Blanco, incluyendo a José Manuel Saénz Rivera y José de Jesús Guí
zar Nájera, respectivos jefes de Oficina y subsecretario de Gobierno del estado, que están vinculados con Los Rojos –o Gente Nueva– y el CJNG.
El Universal publicó por su parte un informe “extra urgente” de marzo de 2019, en el cual el Cerfi Sureste señaló que el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García, del partido Morena, había facilitado la entrada del Cártel del Noreste en el estado, desplazando al CJGN, lo que provocó una reacción violenta del grupo criminal fundado por El Mencho.
De acuerdo con el reporte citado por el rotativo, “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste”.
Panoramas detallados
Apenas en 2022 el Cerfi Sureste produjo un informe “para atención de la superioridad”, en el cual puso bajo la lupa los cuatro estados de la región gobernados por políticos de Morena: Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz.
En la conclusión del documento el representante de la Sedena en el Cerfi precisó que “no se cuenta con datos que permitan precisar que los gobiernos estatales proporcionen algún tipo de apoyo o a su vez reciban apoyos por parte de algún grupo delincuencial en específico”, pero agregó que “sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales puedan tener vínculos con estas personas”.
La cantidad de información publicada sobre los estados del Sureste tiene una explicación: en la base de datos aparecen miles de correos del Cerfi Sureste, que contienen informes muy detallados sobre la situación delictiva en la región, incluyendo redes con funcionarios locales en algunos casos.
Los otros Cerfis, en contraste, entregan panoramas detallados sobre los principales líderes de organizaciones criminales en su zona, sin que hasta el momento hayan emergido documentos sobre lazos entre estos grupos y los gobiernos locales. Así, si bien el Cerfi Noreste identificó a integrantes del Cártel del Golfo que se dedican a la “cooptación de autoridades” en Tamaulipas, no identifica a quién se refiere.
Aun así, decenas de archivos de SedenaLeaks exhiben las profundas relaciones entre sectores públicos y delincuenciales; dos informes revelaron la cooptación de prácticamente todos los presidentes municipales de Guerrero y Morelos –sin importar el partido– con Guerreros Unidos y Los Rojos, pero también de senadores y diputados.
Según un informe que el CNI produjo en 2019, existen 81 grupos criminales en el país: dos cárteles –el del Pacífico (también conocido como Cártel de Sinaloa) y el CJNG–, tres organizaciones delictivas, seis grupos delictivos regionales y 70 células criminales que buscan protección de los gobiernos para operar.
Entre los documentos se puede apreciar cómo un grupo identificado con el Cártel de Sinaloa, basado en Oaxaca, tiene vínculos con un mando de la Sedena en Mexicali y uno de la Guardia Nacional en Sinaloa; otro señala la colaboración de un militar con la Familia Michoacana en el municipio de Atlacomulco, otro señala que un comandante de la Sedena alerta a integrantes del mismo grupo criminal en Huetamo, Michoacán, y otro se refiere al director y al comandante de seguridad pública de Comala, Colima, como personas “cooptadas” por el jefe local del CJNG.
En otro informe sobre robo de hidrocarburos la Sedena identificó a un funcionario que proporcionaría información a grupos criminales y desconectaría sensores desde la propia Torre de Pemex en la Ciudad de México, a cambio de 100 mil pesos. El hombre, apodado El Tío, tiene una red operando en la petrolera, según la Sedena.
En otro documento sobre las redes criminales de José Trinidad Zarco Bedoya, integrante de la red de robo de combustible de José Antonio Yépez Ortiz El Marro –detenido en agosto de 2020–, la Sedena identificó a mandos de la Guardia Nacional en Querétaro y Guanajuato, a agentes de la FGR y a funcionarios del gobierno del Estado de México y de municipios, como el director de la policía municipal de Texcoco o el director Jurídico de Protección Civil de Atizapán de Zaragoza.
Otro informe militar señaló que Rodolfo Hernández Limón, delegado de la FGR en San Luis Potosí desde hace seis años, “no investiga ni realiza cateos en delitos vinculados con la delincuencia organizada”, y manda liberar a personas detenidas.