LA NEGACIÓN, ESTRATEGIA TRANSEXENAL DEL EJÉRCITO
Desde que se conoció la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, los mandos del Ejército previeron que se verían involucrados en las investigaciones y se concertaron para sostener que ninguno de sus elementos participó en el crimen. No obstante el discurso aperturista de su comandante en jefe actual, el presidente López Obrador, documentos hackeados por el colectivo Guacamaya confirman que la jerarquía militar sigue tratando de ocultar información vital del caso.
El hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya alerta sobre la existencia de una política institucional de la Sedena de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde
pendientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
El lunes 3, el portal de Proceso y otros medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.
En una de las misivas, fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval evidencia su intención de influir en el proceso penal que se sigue contra el capitán José Martínez Crespo, exculpándolo de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y su papel en la desaparición de los estudiantes.
Otra carta, del 31 de marzo del mismo año, cuestiona la decisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de reabrir la recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, focalizándola en la participación del Ejército.
El 16 de abril de 2021 Sandoval González reportaba a López Obrador que, ante cuestionamientos de las expertas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz sobre el Centro Regional de Fusión e Inteligencia de Iguala, les respondió que “dicho centro dependía del entonces Centro de Investigación y Seguridad”.
El 29 de septiembre de 2022, en su último informe el GIEI señaló que el secretario alegó que los datos que solicitaban, entre ellos el uso del programa espía Pegasus, “no se encuentran o no existen, aspecto que no responde a la verdad”.
Semanas antes de la presentación de ese informe, la agenda del titular de la Sedena revelaba que el 18 de septiembre –cuando presentó su reporte Alejandro Encinas, presidente de la Covaj– se reunió con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En su calidad de comisario de la Gendarmería en Guerrero, de la entonces Policía Federal, García Harfuch fue uno de los funcionarios federales que después de la desaparición de los normalistas se reunieron en Iguala con Tomás Zerón, en ese momento encargado de la investigación y ahora prófugo, como uno de los responsables de construir la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto.
El GIEI, “izquierda radical”
Documentos obtenidos gracias al hackeo de Guacamaya resaltan la preocupación en la Sedena por el caso Ayotzinapa desde el inicio de la administración de López Obrador.
El 19 de diciembre de 2018 se envió desde el correo del jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, al correo del secretario Sandoval González el documento “Propuesta para fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas”, en el que se recomienda reforzar la propaganda castrense ante el desafío que representaría “la creación de la Guardia Nacional”, que implicaría que “la seguridad del país estará, más que nunca, bajo la responsabilidad del Ejército”.
En ese documento Trevilla considera como elementos de “debilidad” a organizaciones de la sociedad civil, partidos y agrupaciones “identificadas con la izquierda radical”, entre los que incluía al GIEI. Esos grupos, dice, “consideran que lo políticamente correcto es descalificar a las Fuerzas Armadas, a quienes identifican irreflexivamente de manera automática con actos de represión, excesos de poder y violación de los derechos humanos”.
Agrega el general en su escrito: “Instancias como Amnistía Internacional, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros organismos extranjeros han invertido y ganado amplios espacios en medios de comunicación para construir una imagen negativa del Ejército y lo seguirán haciendo”.
Entre los correos que recibió el general secretario en sus primeros días de gestión destaca el del 31 de diciembre de 2018, de la consultora Guerra Castellanos y Asociados, Comunicación Estratégica, en el que presentaba su reporte “Retrospectiva y prospectiva anual. Sedena 2018-2019”.
El estudio anticipaba que, dentro de la Covaj, “un sector de los padres de las víctimas exijan profundizar el papel desempeñado por personal del Ejército que, según versiones, se encargaba de monitorear las cámaras del C4 de Iguala, con el objetivo de determinar si los militares pueden aportar mayores elementos sobre la desaparición de los normalistas”.
En el cúmulo de información enviada a Sandoval González resalta la asesoría del embajador emérito Sergio González Gálvez, asesor del alto mando militar desde 2000 hasta que falleció, en marzo de 2020.
Según un documento de González Gálvez, emitido el 14 de enero de 2019 y dirigido al general secretario, alertaba del contenido de entrevistas publicadas en la revista Proceso a los integrantes del GIEI Ángela Buitrago y Carlos Beristain, en su edición del 13 de enero de ese año. Los expertos planteaban la rendición de cuentas del Ejército mexicano y de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Desde el punto de vista del embajador emérito, las declaraciones de Buitrago y Beristain reflejaban “un sentimiento más de venganza que un deseo legítimo para averiguar qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos”, en tanto que “abiertamente sugieren que nuestras Fuerzas Armadas cometieron hechos ilícitos”, declaraciones que, según González, los descalificaba para continuar en el GIEI durante el actual gobierno.
El asesor recordó que en un comentario suyo de 2016 recomendó al entonces secretario Salvador Cienfuegos Zepeda no renovar el convenio suscrito con la OEA para la creación del GIEI, a cuyos integrantes acusaba de “abuso” por haber contratado a 18 asistentes “con un costo de más de medio millón de pesos mensuales”.
El silencio de Sandoval
Entre los documentos hackeados destaca la comunicación que la Covaj sostuvo con
el general Luis Cresencio Sandoval entre marzo y mayo de 2019, en el que le solicitaban respuesta a inquietudes surgidas en la tercera sesión ordinaria de la Covaj, del 20 de marzo de ese año.
En un primer correo, el 22 de marzo, la Covaj adjuntaba una lista de cuestionamientos de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, algunos surgidos tras hacerse público un video en el que se revelaba que uno de los estudiantes desaparecidos (José Luis López Patolzin) fue infiltrado por el Ejército en la normal.
Esto implicaba que “el Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que a más de cuatro años y medio de los hechos no se ha brindado a la Fiscalía General de la República (FGR) ni mucho menos se ha dado a conocer a las familias y sus representantes legales, siendo innegable que el material revelado fue grabado en instalaciones militares y proviene de una grabación de personal del Ejército”.
La información, revelada por un medio de comunicación, confirmaba que el Ejército realizaba “labores de inteligencia” a través de la infiltración de personal castrense en la normal, situación que fue ocultada al GIEI, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la misma CNDH, a la que la Sedena notificó que Julio César “contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles”, documento que se integró en la recomendación 15VG/2018.
En el documento de los padres transmitido por la Covaj a Sandoval González, aquéllos le hicieron 12 requerimientos, entre ellos un encuentro con el secretario, información puntual sobre el papel del Ejército, del exsecretario Salvador Cienfuegos y de algunos de sus elementos en el caso y en la construcción de la “verdad histórica”.
Dos meses después, el 16 de mayo, la Secretaría Técnica de la Covaj le recordó a Sandoval que esperaba respuesta sobre la petición de los padres y a cuestionamientos del subsecretario Alejandro Encinas sobre la situación de López Patolzin.
Cabe destacar que los padres y madres de los 43 normalistas no recibieron respuesta formal por escrito a su oficio. No fue sino hasta noviembre de 2021 que este semanario tuvo acceso a documentos de la Sedena en los que se confirmaba la existencia de todo un sistema de inteligencia militar, instalado al menos tres años antes de la tragedia de Iguala y coordinado desde el Centro Militar de Información, de la Sección Segunda del Estado
Mayor de la Defensa Nacional para infiltrar a su personal como alumnos “fachada”, y que en el tiempo de la desaparición de los estudiantes habría al menos tres elementos reportando las actividades de los normalistas, uno de ellos López Patolzin (Proceso 2349).
Esta dinámica de negación de información en torno al caso Ayotzinapa parece responder a recomendaciones que asesores militares hicieron al alto mando militar y al entonces secretario Salvador Cienfuegos Zepeda.
Entre los más activos consejeros, Cienfuegos Zepeda contó con los comentarios del general retirado Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, quien durante la administración de Felipe Calderón fungió como jefe del Estado Mayor de la Sedena.
Entre los más de 4 millones de correos hackeados por Guacamaya resaltan comentarios de ese general, fechados a partir de enero de 2015 y hasta al menos 2017, en los que recomendaba al general Cienfuegos dar instrucciones a los mandos militares y tropa de Guerrero, y de Iguala en particular, para ceñirse a la “verdad histórica”, en la que se descartaba la participación de miembros del Ejército.
El general recomendaba no reconocer como “desaparición forzada” los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014; no permitir que se excavara en el 27 Batallón de Infantería, en caso de que ingresaran padres de las víctimas y funcionarios de la CNDH; “sensibilizar” a los familiares de los estudiantes para que aceptaran una reparación del “daño material” ante la supuesta imposibilidad de localizar a los jóvenes desaparecidos.
Asimismo, aconsejó “aprovechar” las diferencias presuntamente surgidas en el movimiento de los padres de los 43 normalistas y reforzar una “campaña mediática” para que sean autoridades mexicanas y no el GIEI quienes resuelvan el caso; y no atender las demandas de los padres de familia para investigar a Zerón.
Es de resaltar que uno de los reportes de Aguilar en 2016 alertaba que ante el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Alto Mando Militar debería “prever que pretenda fincar responsabilidades a la PGR y Marina por posible siembra de evidencias”.
En marzo de 2022, un video localizado por el GIEI reveló la presencia de miembros de la Marina en el basurero de Cocula, en actividades que podrían revelar la siembra de evidencias, horas antes de que al lugar llegara el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy sujeto a proceso por la construcción de la “verdad histórica”.