EL OBJETIVO DE “SECTORES INFLUYENTES” ES “NO DEJAR SABER QUÉ PASÓ”
GUACAMAYA DOCUMENTA LA INJERENCIA DE LA SEDENA
BOGOTÁ.— La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, está convencida de que más allá de la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que “sectores influyentes” de México han tratado de ocultar desde un principio es la implicación de autoridades de todos los niveles en el narcotráfico en Guerrero.
Ese factor, a su juicio, es lo que está detrás “de todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con base en la mentira y la simulación”.
La duda que tiene la experta en investigaciones de crímenes atroces es “si las influencias que hay hoy son más o menos fuertes” que las del pasado. Eso, agrega, “no lo sé”.
Lo que sí sabe con certeza es que los documentos hackeados por Guacamaya a la Sedena y que han sido divulgados en los últimos días ratifican muchos de los hallazgos de las investigaciones del GIEI.
En entrevista con Proceso, la abogada
La doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del GIEI que trabaja en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, afirma en entrevista que más allá del grado de participación del Ejército mexicano en el crimen contra los normalistas, los obstáculos a la investigación provienen de “grupos influyentes” interesados en ocultar que funcionarios de todos los niveles están involucrados con el narcotráfico.
y exfiscal colombiana se refiere, en particular, a la “intromisión” del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, la cual quedó expuesta en uno de los oficios sustraídos por el colectivo Guacamaya.
Buitrago dice que los documentos del hackeo confirman “lo que ya sabíamos: que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron, que la tienen y la siguen ocultando”, y que los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron “aleccionados” por sus superiores para ajustarse a un guion durante la visita de los padres de los 43 normalistas y los integrantes del GIEI a esas instalaciones en 2015.
“Les prohibieron hablar de lo que un asesor del secretario de la Defensa Nacional (de aquel entonces, general Salvador Cienfuegos) no quería que hablaran”, asegura la experta del GIEI, quien ha investigado el caso Ayotzinapa desde 2015.
–¿Esa misma defensa institucional que ha hecho el Ejército de los militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa desde el sexenio pasado, con el general Cienfuegos, la está viendo el GIEI este sexenio, con el general Sandoval? –se le pregunta a Buitrago.
–Sí, claro –responde–, lo que pasa es que en este sexenio ha habido una flexibilización aparente de la Sedena, y han soltado información de utilidad, pero la postura sigue siendo la misma.
Y agrega: “Se lo dijimos también al presidente, que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron. Lo que está saliendo en los Guacamaya Leaks lo demuestra, y esto nos permite decir que todas esas interferencias, todas esas intromisiones, todos esos aleccionamientos y todas esas prohibiciones, pues tienen una razón clara, y es no dejar saber qué pasó”.
Un acto de fe
Buitrago deslinda de la opacidad de la Sedena a López Obrador. Dice que el presidente “ha sido insistente en que se abran los archivos” y “ha dado órdenes muy fuertes” en ese sentido, lo que hizo que en enero de 2021 la institución militar entregara al GIEI varios archivos del caso.
“Pero se les contestó por escrito que faltaban documentos, que faltaba inclusive lo del centro regional de inteligencia de Iguala (el Comando Regional de Fusión de Inteligencia) y nos contestaron que eso no existe, cuando sabemos que existe, sabemos que está y que hay oficios de ese centro de septiembre de 2014 y de octubre de 2014”, señala la doctora en derecho.
En su III informe, que fue divulgado al público el 29 de septiembre –al mismo tiempo que se hizo público el IV informe– después de mantenerse restringido para no entorpecer las investigaciones, el GIEI señala que la escasa información del Comando Regional de Fusión de Inteligencia a la que tuvieron acceso “muestra datos muy significativos que nunca pudieron ser utilizados y que hubieran servido para realizar indagaciones” útiles “a la investigación integral y exhaustiva, así como a la búsqueda de los desaparecidos”.
–¿Ustedes han encontrado en su trabajo de investigación y en los oficios de Guacamaya elementos que les permitan suponer que el presidente está protegiendo al Ejército? –se le pregunta a Buitrago.
–Yo no me voy a meter en esa discusión.Yo lo que creo categóricamente es que él le quiere creer a su secretario de Defensa. Es evidente que lo que salió en el hackeo le está mostrando cosas que ya le pueden dar indicios, pero cuando tú crees en una persona y todo el mundo te dice “no y no y no”, pues tú sigues creyendo en esa persona. Sin lugar a dudas él cree en su secretario, por eso lo tiene ahí.
–¿Ve una decisión política del presidente para apoyarlo?
–Es un acto de fe que de pronto está respaldado en las acciones que le demuestran que sí abrieron archivos, como él lo pidió. Inclusive vi que les exigió mostrar el contrato de Pegasus (el software para espiar teléfonos). Entonces es natural que él trate de defenderlos, pero también reacciona, como cuando él vio que no nos abrían archivos y ordenó que nos los dieran. Sí, nos los dieron, pero quizá él no sabe que no nos dieron todo.
La mano del narco
Buitrago considera que el ocultamiento de información y las interferencias de los militares en la investigación del caso Ayotzinapa no sólo tendrían como propósito encubrir a algunos de sus miembros, sino impedir que se conozca el grado de involucramientos de autoridades civiles, militares y policiacas de todos los niveles con grupos de narcotraficantes, como Guerreros Unidos.
“Cuando tú miras la magnitud del trasiego de droga en Iguala, que era conocido sin ninguna discusión desde 2013 y 2014, sobre todo; cuando tú ves las investigaciones de Estados Unidos, tú dices: ¿qué es lo que realmente en el fondo se está tapando?”, señala la exfiscal.
–¿Y hasta donde llegan los hallazgos del GIEI de ese asunto?
–Hasta el punto en que sabemos que hay una relación clara entre miembros de los cárteles (Guerreros Unidos y Los Rojos, que traficaban heroína y cocaína a Estados Unidos) e integrantes del Ejército, la Marina, políticos y policías municipales. Aquí, vuelvo e insisto, el tema es trasiego de droga, recibo de plata, cooptación y colusión.
La pregunta es: ¿y qué pasó con las investigaciones de esas personas que se sabía que estaban coludidos desde esa época?
–¿Hasta dónde los altos mandos estaban enterados de esa situación?
–La situación no sólo era conocida por los que estaban allá, sino por los que estaban en la ciudad, en este caso por DN1 (siglas con las que se identifica en los reportes militares al general secretario de la Defensa Nacional, en esa época Salvador Cienfuegos). Esto no es nada nuevo. DN1 supo todo en tiempo real (esa noche) y conocía la existencia del narcotráfico en Guerrero.
El III informe del GIEI señala que “los diferentes mensajes FCA (Formato Cifrado Arcano) o CEI (Correo Electrónico de Imágenes) de DN1, de JRI (Junta Regional de Inteligencia), de la 35 ZM (la 35 Zona Militar), muestran que el Ejército conocía la existencia de varias organizaciones criminales en Guerrero, y en particular en Iguala y poblados vecinos, que eran investigadas y sobre las que se contaba con información significativa”.
“¿Dónde está la verdad de esa noche en todos? –plantea Buitrago–. ¿Dónde están todos los informes que hicieron los militares esa noche? Pero no sólo los militares; es que todas las policías borraron las bitácoras, cambiaron información, y si yo necesito borrar bitácoras, arrancar hojas, cambiar datos, pues lo que estoy diciendo es: ‘Aquí hay información que no conviene’.
“Entonces –agrega– vuelvo a la pregunta, y la hago como una reflexión: si tú tienes toda esa información en tiempo real, ¿cómo es que no investigas a tus propios miembros? ¿Cómo es que no los pones en otro lugar? ¿Cómo es que no proteges a la comunidad de esa clase de personas? Y ahí sólo tienes una respuesta.
–¿Cuál?
–El tema es sencillo. Si tú dejas que tu subalterno haga todo eso y tú lo sabes y no haces ninguna investigación, ¿por qué será? O porque yo participo, porque soy parte de… La única respuesta es esa. Porque esa información se conocía a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. ¿Por qué, por ejemplo, nunca nadie investigó a Martínez Crespo?
–¿Al capitán por quien intercedió el general Sandoval?
–Sí. ¿Por qué nunca nadie le preguntó cómo era posible que mientras están persiguiendo y asesinando estudiantes, él diga que llegó a barandillas (en la comisaría donde estaban detenidos varios normalistas) porque estaba buscando una moto? Ese es un tema que para nosotros desde el principio era absolutamente absurdo.
Las omisiones del general
Martínez Crespo es el capitán por el que abogó el secretario de la Defensa en una
carta dirigida al presidente el 18 de enero de 2021 –justo el mes en que la Sedena entregó información al GIEI– y que es parte de los Guacamaya Leaks.
Una nota del lunes 3, del reportero de Proceso Mathieu Tourliere, indica que Sandoval le dice al presidente en esa carta que Martínez Crespo “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes” y que los cargos en su contra se basan “únicamente en dos referencias”.
En la conferencia mañanera del miércoles 5, la reportera de Proceso Dalila Escobar le preguntó al presidente si la carta revelaba una intromisión en el caso Ayotzinapa, lo que López Obrador negó. Dijo que el general Sandoval es un hombre íntegro, leal y honesto, y aseguró que si la influencia militar fuera decisiva, el capitán no estaría detenido en el Campo Militar número uno.
Luego, el presidente sostuvo que el secretario de la Defensa no le ha hecho ninguna solicitud con respecto a Martínez Crespo.
Buitrago señala que le cree a López
Obrador cuando dice que nunca recibió ese oficio, “pero lo que indica el documento como tal es que hay una intromisión de una cabeza visible frente a una investigación que se está haciendo por la vía judicial”.
Indica, también, que hay “una visión parcial” del general Sandoval, “porque no cuenta que Crespo mintió (sobre el hecho de que estuvo presente en barandillas la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando había normalistas detenidos allí), ni cuenta que Crespo omitió que fue sancionado (con ocho días de cárcel en el Batallón 27) por mentir sobre ese hecho”.
En una conversación interceptada en abril de 2014 por las autoridades antidrogas de Estados Unidos y analizada por el GIEI, los integrantes de Guerreros Unidos Arturo Martínez, Apaxtla,y Mi Ranchito mencionan a “Crespo” como un militar que intercedió por ellos en el “terser (sic) batallón”.
Según varios testimonios, Martínez Crespo se presentó la noche de Iguala en el hospital Cristina, donde intimidó y amenazó a varios normalistas heridos que eran atendidos allí. Les dijo “que serían desaparecidos si no daban sus nombres reales”, relató el GIEI en su IV informe.
–¿Y no será que la voluntad del presidente de abrir la información, de darle acceso al GIEI a todos los documentos, llegó hasta donde se topó con la resistencia de la Sedena? –se le pregunta a Buitrago.
–No creo, porque él no ha parado en esa intención. A pesar de que le siguen diciendo que no hay más (información), él pide que entreguen todo lo que hay, él sigue insistiendo.
–¿Y qué opina de la carta extraída por Guacamaya en la que un asesor del anterior titular de la Sedena recomienda a los militares del Batallón 27 cómo actuar durante una visita del GIEI?
–Que claramente fueron aleccionados –asegura–, eso lo vimos nosotros. En sus declaraciones, todos coincidían en lo mismo cuando todos estaban en puntos diferentes (la noche de la desaparición de los normalistas) y todos omitieron información relevante que después fue saliendo.
Desde arriba generaron una restricción de información que hubiera podido ser vital en los primeros años. Eso también es muy, muy complejo.
Para la exfiscal colombiana, quien en su país llevó a juicio a militares implicados en casos de desapariciones forzadas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte de un comando de la guerrilla del M-19, independientemente de quién cometa un delito atroz, las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia.
“El tema para mí no son los militares como militares, sino todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con falsedades, y todo eso se siguió perfeccionando posteriormente en la fiscalía (la antigua Procuraduría General de la República, a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, el vocero de la ya desacreditada “verdad histórica”), y tú ves cómo hasta las actas son falsas”, asegura.
–Usted ha trabajado en casos que involucran a los ejércitos de México y de Colombia. ¿Cuál de los dos le parece más opaco y más renuente a rendir cuentas a la sociedad?
–Yo creo que son hermanos gemelos, pero además de hermanos gemelos, y esto lo digo por Colombia, a pesar de tener la evidencia, siguen negando la realidad. Por eso ya como que me he acostumbrado a ver esos factores de negación.
“U rgente”, se lee en el asunto del correo electrónico que se esparció como pólvora entre dependencias apenas el 15 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una carta al gobierno de México para pedirle información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mostrando serias preocupaciones, de acuerdo con un correo electrónico que se encuentra entre los millones de documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.
Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, reenvió la misiva a los titulares de la secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo
AMLO con el general Sandoval. En sincronía
federal como asunto “urgente”, solicitando una respuesta del Estado mexicano a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre la compatibilidad convencional y constitucional de un posible acuerdo como el que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia matutina del día 8 de ese mismo mes.
La CIDH alertó en el documento que una decisión de esa naturaleza contravendría los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
La respuesta del gobierno mexicano, que también forma parte de los millones de documentos filtrados, no se hizo esperar. El 16 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó en el oficio 114/CFEJ/CACCC/CDL/227795/2022 que no era posible emitir un pronunciamiento porque el “tema sobre el que versa la solicitud (se) fundamenta en meras especulaciones”. Sin embargo, mintió.
No sólo el presidente había hecho el anuncio público de que preparaba un acuerdo presidencial “para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, sino que, un mes antes, la
Sedena presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo con documentos hackeados a la Sedena, como publicó Proceso en su sitio web la semana pasada, la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la Sedena tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El artículo 71 de la Constitución señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos que junten un número de firmas equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores. Mientras que el artículo noveno dice que sólo los ciudadanos pueden reunirse para tomar parte de asuntos políticos y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Además, el Artículo 17 de la ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, de manera directa o indirecta, salvo quienes gocen de licencia.
Los proyectos de la Sedena
El enlace entre los militares y la Presidencia para la redacción de las reformas fue el general brigadier de Justicia Militar Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, según los documentos filtrados.
Bonilla Muñoz envió el 1 de julio de 2022 a la maestra Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, un oficio en el que le dio a conocer que el 29 de junio anterior, en una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Sedena informó que tenía dos proyectos de reforma en materia de la Guardia Nacional.
El primer proyecto, llamado plan A, consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
También incluía que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la Sedena.
Además, proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
“En concordancia con el reconocimiento de la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas permanentes del Estado mexicano”, dice la iniciativa.
Mientras que el plan B era saltarse la Carta Magna, ignorar el artículo 21 constitucional que establece que la GN es una institución policial de carácter civil y que su adscripción es a la SSPC, y reformar sólo leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El 25 de agosto, cuando la CIDH pidió al gobierno mexicano información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, la solicitud no sólo fue desestimada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, sino que incluso ya se tenía la reforma que se discutió y aprobó la semana pasada. Ese pasaje se encuentra entre los documentos dados a conocer por los hacktivistas de Guacamaya, así como la inédita intromisión del titular de la Sedena para exponerles a los legisladores del PRI la “necesidad de la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública más allá de 2024”
Lo anterior con el fin de que se modificaran varios artículos, entre ellos el 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que a la Sedena le correspondiera “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.
En este contexto, en junio pasado, la hoy moribunda alianza Va Por México, entre PAN, PRI y PRD, bajo el auspicio del magnate Claudio X. González, advirtió una moratoria constitucional para paralizar las pretensiones de López Obrador de reformar la Constitución, sobre todo en materia electoral y de Guardia Nacional. Morena y sus aliados requieren de los votos de algunos opositores para poder hacer reformas constitucionales, pues se requiere de mayoría calificada, esto es dos terceras partes de los votos de los presentes en la sesión.
Así, en momentos en los que el partido en el poder no tenía los votos suficientes para echar a andar el plan A del Ejército, en tanto el acuerdo presidencial había sido descartado porque no podía estar por encima de la ley, se puso en marcha el plan B. Para ello sí tenían los votos, pues se necesita de mayoría simple en el Legislativo.
Entonces, el plan B pasó de ser un power point a un proyecto de iniciativa en forma. Durante julio y agosto, la Sedena trabajó en la iniciativa de manera consensuada con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, como consta en varios oficios y correos hackeados. Antes, durante junio, también según documentos oficiales, se habían instalado mesas entre la Secretaría de Gobernación, la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa final
El 25 de agosto, ya se tenía la reforma que se discutió en el Congreso en septiembre. Ese día, el general brigadier Pedro Bonilla Muñoz envió a la consejera Lenia Batres un correo electrónico con la iniciativa final.
“En cumplimiento a la instrucción del C. Presidente de la República para impulsar una reforma a las Leyes Secundarias en Materia de Guardia Nacional y en relación con la reunión de trabajo llevada a cabo el día 19 de agosto del 2022, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, adjunto se remite a usted, en archivo electrónico, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones secundarias en materia de Guardia Nacional en la cual se incluyeron las adecuaciones realizadas por esa Consejería”, escribió el general.
Y añadió: “Por lo anterior se solicita a usted que previa revisión y consenso del citado proyecto, permanezca en el mismo la expresión ‘Mando Operativo y Administrativo’ y se continúe con el trámite correspondiente”.
En este documento adjunto se determinó que la redacción del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedara de la siguiente forma: corresponde a la Sedena “ejercer el control operativo y administrativo de la GN”. Mientras que en el artículo 30 de dicha ley, le dejaron a la SSPC la “adscripción” del cuerpo policial-militar.
Mientras que en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional establecieron que el titular de la Sedena estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando. En el 13 bis dieron al titular de la dependencia la facultad de organizar su distribución territorial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica y autorizar sus planes y programas. En el 14 le dieron la facultad para ser quien propone al titular de la comandancia al presidente de la República.
El espíritu de los cambios que proponían en materia presupuestal en la reforma constitucional quedó plasmado en los transitorios, en los que se dispone que la SSPC transferirá a la Sedena en un plazo de 70 días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional.
En el artículo 57 se indica que el personal militar asignado a la Guardia Nacional “continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el libro segundo del código de justicia militar que atenten contra la jerarquía y autoridad”. Todo lo anterior fue aprobado en septiembre en el Congreso.
El 31 de agosto, tras recibir el visto bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el impacto presupuestario del proyecto, continuó el trámite para hacer llegar la iniciativa al Legislativo.
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de los militares a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el 3 de septiembre, avalada en el Senado el día 8 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9.
Mientras todo esto ocurría, otra iniciativa surgió por el cabildeo de los priistas y el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, según dijeron fuentes del PRI a este semanario (reportaje El PRI se parte... y la coalición opositora se resquebraja, edición 2393 de la revista Proceso).
El 2 de septiembre la diputada Yolanda de la Torre del PRI presentó la polémica iniciativa para ampliar la intervención militar en tareas de seguridad hasta 2028, que provocó que la Coalición Va por México cayera en su peor crisis.
Seis días después el general Sandoval González recibió en las instalaciones de la Sedena a los diputados del PRI. En la mañanera del día siguiente, el mando militar contó que les expuso la necesidad de la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública más allá de 2024, así como la adscripción de la Guardia Nacional a su institución. Sandoval también reprochó que las administraciones anteriores nunca les dieron el marco legal para actuar en tareas de seguridad.
“¿Y qué situación llevaba?, pues precisamente que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja, hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión”, dijo el general secretario el 9 de septiembre.
Aunque Sandoval González aseguró que no les exigió nada a los priistas, ahora está documentada su intromisión en el Legislativo gracias a la mayor filtración en la historia de la institución.
El propósito de la Sedena y el del presidente López Obrador de endosar al próximo gobierno el control de la seguridad pública a la Guardia Nacional se logró en el Senado el martes 4.