LA OLEADA VENEZOLANA: CRISIS DENTRO DE LA CRISIS
17 mil migrantes, la mayoría venezolanos, se sumaron a la multitud procedente de diversos países que ya está varada en la ciudad chiapaneca de Tapachula y en Tapanatepec, Oaxaca. Intentan ir al norte, pero los compromisos del gobierno mexicano con el estadunidense hacen que sean interceptados y devueltos a esos lugares, donde permanecen hacinados, sin servicios y desesperados por escapar de la realidad hostil de sus lugares de origen.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.— Primero fue la masa de migrantes hondureños; después los cubanos y enseguida los haitianos. Actualmente miles de venezolanos se suman al corredor migratorio de Chiapas, junto con el flujo procedente de África y Asia, incluido el Medio Oriente.
La “ciudad cárcel” que abarcaba Tapachula se extendió por toda la costa chiapaneca hasta llegar el Istmo oaxaqueño, específicamente Tapanatepec, donde al cierre de esta edición 17 mil migrantes, la mayoría venezolanos, están varados pese a sus intentos de seguir su ruta hacia el norte.
La nueva ola de migrantes colapsó albergues, calles, plazas, parques, el hospedaje barato y sobre todo los servicios de atención migratoria, que se han visto rebasados una vez más, en esta crisis que se inició en la frontera sur en octubre de 2018, con la primera gran caravana de migrantes centroamericanos que se concentró en el puente fronterizo Rodolfo Flores, de Suchiate.
El pasado miércoles 12, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dio a conocer las nuevas medidas de control migratorio para venezolanos.
Según el DHS, en 2022 la cantidad de venezolanos que intentaron cruzar su frontera en comparación con 2021 “ha aumentado casi cuatro veces, mientras que la migración irregular procedente del norte de Centroamérica se ha reducido en
una cuarta parte respecto del nivel del año pasado”.
Detalla que “los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán regresados a México. Al mismo tiempo, Estados
Unidos y México reforzarán sus operaciones coordinadas de control de ley para atacar a las organizaciones de tráfico de personas y llevarlas ante la justicia.
“Esa campaña incluirá nuevos puestos de control de inmigración, recursos y personal adicionales, coordinación gubernamental contra organizaciones de tráfico de personas y un mayor intercambio de información relacionada con centros de tránsito, hoteles, escondites y lugares de preparación”, comunicó el DHS.
Albergues colapsados
En entrevista con Proceso, el migrante venezolano José Alejandro Romero Nieves, quien salió de su país hace un mes, dice que ha sido muy traumático el proceso burocrático mexicano para obtener un permiso de tránsito.
Además, cuando lo consiguen sólo sirve para transitar en Oaxaca, y cuando se topan con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), éstos les rompen los papeles y son devueltos a Tapanatepec o a Tapachula, donde vuelven a hacer largas filas y a esperar muchos días para conseguir un nuevo permiso.
En la Unidad Deportiva del Barrio 21 de Marzo, en Tapanatepec, hay siete carpas donde duermen hacinados hombres, mujeres, niños y niñas que esperan un permi
so para transitar por territorio mexicano.
“El trámite es todo un viacrucis”, dice Anny Pérez, de 27 años, también venezolana, quien duerme junto a su esposo Marvin Villasmil sobre una colchoneta. Señala que harán todo lo posible por moverse a la frontera norte; de lo contrario, buscarán cómo volver a su país de origen.
Anny dice que no sabe de muchos de sus paisanos que han sido deportados a México. Una de sus amigas, que perdió a su esposo en la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, está varada en Tabasco. Marvin y Anny no tienen dinero para seguir hacia el norte ni para volver a su país.
“Hace dos semanas eran 22 mil migrantes en este lugar, ahora la cantidad ya bajó a 17 mil”, informó el jueves 27 Humberto López Parrales, presidente municipal de Tapanatepec.
El alcalde se refiere en términos amigables a los migrantes, porque ellos “también mueven la economía de Tapana, compran comida, buscan hospedajes y cuartos en renta”.
De los 17 mil migrantes varados ahí, calcula que 80% son venezolanos; les siguen quienes proceden de Nicaragua, Cuba, Colombia, Honduras, Haití, El Salvador y Guatemala, pero también hay de países de África y Asia. “Estamos al límite del colapso”, termina por reconocer López Parrales.
El mismo jueves por la mañana llegó el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, acompañado del gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien urgió al funcionario federal a que agilizara los trámites migratorios, pues el personal se ha visto rebasado por la multitud.
Los migrantes tienen que esperar hasta 20 días para obtener un permiso migratorio, y cuando se los dan, sólo sirve para permanecer en territorio oaxaqueño; cuando intentan salir por Puebla o Veracruz son interceptados y devueltos a esa ciudad.
Nimsi Arroyo Flores, del Albergue Solidaridad y Hospitalidad, AC, en Tapachula, dice que la mayoría de esos refugios de esa ciudad están colapsados desde que empezó el éxodo migratorio, en octubre de 2018.
Si bien el albergue abrió sus puertas en plena crisis migratoria y en pandemia, en diciembre de 2020, en los últimos meses fue notorio un aumento del flujo de venezolanos que huyen del desempleo, de la crisis económica, de la falta de oportunidades que padecen en su país. Muchos pretenden quedarse en México, pero miles buscan llegar a Estados Unidos.
Política rebasada y militarizada
El investigador y experto en fenómenos migratorios en la frontera sur Daniel Villafuerte Solís considera que el gobierno
de López Obrador no ha podido ni podrá resolver este problema porque la política respectiva “desafortunadamente en México no es autónoma, viene diseñada desde arriba, es impuesta totalmente. Ni siquiera hay convenio de por medio”,
Integrante del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica, Villafuerte indica que el problema de los venezolanos es que en la última Cumbre del grupo de Alta Seguridad México acordó un “toma y daca” con Estados Unidos; el gobierno estadunidense le autorizó alrededor de 60 mil visas para trabajadores temporales mexicanos a cambio de recibir a los venezolanos deportados y le endosó el problema.
Según Villafuerte Solís, las políticas hegemónicas de Estados Unidos contra Venezuela y su relación intervencionista con Centroamérica, donde impulsa gobiernos que resultan fallidos, provocan esta oleada masiva de migrantes hacia su territorio. “Y Estados Unidos, lejos de impulsar un proyecto de reconstrucción de todo el tejido social en Centroamérica, sigue aplicando medidas punitivas”.
Desde su perspectiva, Joe Biden está repitiendo las mismas medidas que aplicó Barack Obama. Y recuerda que Biden fue el operador político de la Iniciativa para la Seguridad y Prosperidad en América Central de Obama, “que resultó un fracaso”.
El académico dice el que el problema de México abarca dos grandes temas: “Por un lado se pretendió inicialmente construir un nuevo paradigma que consistía básicamente en introducir la idea de los derechos humanos, procurar los derechos humanos, cuidar los derechos humanos y empezar a dar una serie de salvoconductos, las famosas visas humanitarias, pero eso terminó cuando el gobierno de Donald Trump dijo a México: ‘O paran a los flujos migratorios o cierro la frontera al comercio y además bloqueo las remesas’”.
Luego de que la propuesta del gobierno mexicano que planteaba atacar las causas fundamentales fue rechazada por Estados Unidos, que recurrió a una visión militarista para contener la migración, el presidente López Obrador envió a 15 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur para coordinar una serie de operativos con agentes de Migración y el Ejército.
Eso llevó a la desarticulación de las caravanas de migrantes, pero alimenta el paso de pequeños grupos clandestinos. Esto hace crecer la industria ilícita de la migración, dice Villafuerte. “Todos ganan: el coyote, el agente de migración, el comerciante… ganan todos, menos el migrante”.
Villafuerte participó en el VII Foro Social sobre Democracias Otras. Violencias. Refugio y Desplazamiento Forzado en el Sur de México, realizado en el Centro de Estudios
Sociales para México y Centroamérica, de San Cristóbal de Las Casas, el lunes 24.
El experto sostuvo que el bloqueo económico, político y comercial que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela está provocando esta oleada masiva de sus ciudadanos. Parte de ello es la orden estadunidense de bloquear mil millones de dólares en reservas de oro venezolanas almacenadas en el Banco Central de Inglaterra, lo que provocó una severa crisis en el país sudamericano.
Además, dice, “con la coyuntura de la guerra de Rusia contra Ucrania se pensó que el gobierno de Estados Unidos iba a permitir la exportación de petróleo de Venezuela y que ello relajaría la economía en ese país; sin embargo, no fue así y ahora Venezuela retrocedió 20 años en su dinámica económica, por lo que la gente no tiene opciones de empleo y eso la impulsa a salir”.
A Estados Unidos se le revirtieron los efectos del bloqueo a Venezuela. Es lo mismo que ha pasado en Haití, donde se ha recrudecido la crisis –dice– y es previsible que haya otro éxodo masivo de haitianos hacia el sur, el centro y el norte de América.
Por ahora, señala el investigador, la prioridad estadunidense es Ucrania y las opciones para Centroamérica están cerradas: “Hay una economía muy precaria, hay países desesperados por la violencia del
narcotráfico y no hay forma de que puedan avanzar porque son ya estructuras construídas, ese es el gran problema”, expone.
En el mismo foro, Amarela Varela Soledad, profesora e investigadora sobre tópicos migratorios, señaló que en la frontera sur hay una visión más militarista para atender la migración que el afán de regularizarla.
Como ejemplo plantea que, mientras se moviliza a 48 mil miembros de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina y agentes del INM para contener la migración, sólo se despliega a 327 personas para atender la regularización migratoria.
Desde los ataques de septiembre de 2001 Estados Unidos rediseñó su política exterior y criminalizó la migración; “fue así como reconstruyó el discurso del terrorismo”.
“Si los migrantes son potencialmente terroristas, hay que contenerlos; si son potencialmente delincuentes, porque transportan drogas, hay que detenerlos. Entonces eso explica por qué esa parte de la regularización a través de oficinas no es importante; lo más importante es tener una contención, ahora con la Guardia Nacional y la coadyuvancia del Ejército.
“Eso explica por qué hay más presencia militarista para contener la migración que personal administrativo del INM para regularizar a los migrantes”, concluye Varela.