DEMANDA CONTRA EU EN LA CIDH POR MIGRANTE MEXICANO ASESINADO
En un caso inédito, Estados Unidos se encuentra acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del migrante mexicano Anastasio Hernández –con al menos 25 años de residencia en San Diego– a manos de 17 agentes de la Patrulla Fronteriza de San Ysidro. Un jurado estadunidense exoneró a los victimarios pese a las evidencias de violencia injustificada, manipulación de pruebas y maniobras ilegales para encubrir la actuación de los guardias. El caso es emblemático de los cientos de asesinatos cometidos por la Patrulla Fronteriza que han quedado impunes, dice Andrea Guerrero, abogada de la familia de Anastasio.
Han pasado 12 años desde que Anastasio Hernández Rojas murió a manos de integrantes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, y a María Puga, su viuda, le sigue atormentando la pregunta que para ella, su familia y sus amigos, sigue sin respuesta: ¿por qué al menos 17 agentes fronterizos decidieron golpear y aplicar descargas eléctricas a su esposo hasta quitarle la vida, frente a cientos de personas, sin que a la fecha hayan rendido cuentas por ello?
Originaria de Nayarit y residente en San Diego desde 1989, donde se unió con Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, María Puga visitó México acompañada de sus abogadas, Andrea Guerrero y Roxana Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en busca de visibilizar ante sus paisanos el caso de Anastasio, llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el primero en su tipo que se litiga contra Estados Unidos, después de
que el Departamento de Justicia estadunidense cerrara el caso en 2015.
María y sus representantes también buscan elevar la voz ante la pretensión del gobierno de Joe Biden de suspender la audiencia pública programada para este 4 de noviembre por el organismo regional y canjearla por una reunión de trabajo privada, ante el argumento de que las autoridades estadunidenses actuaron conforme a sus leyes en el caso de Hernández Rojas, cuya muerte dejó cinco huérfanos, todos nacidos en Estados Unidos.
“Si ellos asesinaron a mi esposo en público, que contesten en público lo que pasó. Lo que queremos es que se reabra el caso, queremos que ellos
(los agentes de la Patrulla Fronteriza) acepten su culpabilidad y que pidan perdón a la familia por los hechos; también que hagan cambios de políticos para que ninguna familia sufra lo que hemos sufrido”, dice María Puga en entrevista con Proceso.
“Mis hijos no han podido superar la pérdida de su padre, el dolor de no tenerlo. Hace 12 años, cuando mi niño más chico tenía cuatro años, me preguntaba: ‘¿Por qué mataron a mi papito?’. Yo todavía no tengo esa respuesta, y quiero respuesta del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuáles son sus razones?, ¿Qué les hizo Anastasio? No hay evidencia de que mi esposo haya actuado con violencia o que los haya atacado”, abunda.
Furia policiaca
El caso de Anastasio Hernández Rojas se remonta a 2010, cuando el mexicano, que había vivido al menos 25 años en San Diego, fue repatriado a México por no tener regularizados sus documentos migratorios.
En un intento por reincorporarse con su familia, Anastasio fue detenido por efectivos de la Patrulla Fronteriza adscritos a la Oficina de Aduanas y Protección (Customs and Border Protection, CBP) y el 28 de mayo fue llevado en un autobús oficial al centro de detención migratoria de Chula Vista, en San Ysidro, alrededor de las 21:30 horas. Al bajar del vehículo, un agente le ordenó tirar la botella de agua que llevaba en la mano, procediendo Anastasio a vaciar el líquido sobre el pavimento.
Ese gesto y “mirar a los ojos al oficial y no bajar la cabeza”, provocó la furia del agente que procedió a golpear y esposar al migrante, quien ante la paliza gritaba de dolor pidiendo ayuda. En respuesta, más agentes fronterizos se sumaron a la brutal golpiza, llevando a Anastasio hacia el paso peatonal de la frontera, con la intención de sacarlo de Estados Unidos.
Mientras unos nueve agentes rodeaban al mexicano, al menos ocho derribaron a golpes a Anastasio, quien seguía esposado, lo despojaron de sus pantalones, le aplicaron descargas eléctricas con una táser en cuatro ocasiones, la última de ellas por 13 segundos en el pecho desnudo, mientras que un agente le colocó su rodilla sobre su nuca, interrumpiendo la oxigenación al cerebro durante ocho minutos.
Lo anterior ocurrió ante las miradas de cientos de personas que cruzaban la frontera. Algunos de ellos clamaban por la vida de Anastasio y muchos grababan con dispositivos móviles la escena.
La golpiza duró entre 25 y 30 minutos. Anastasio dejó de gritar y su cuerpo no reaccionaba a los golpes. Fue entonces cuando los agentes fronterizos se detuvieron y, mientras unos retiraban el cuerpo del mexicano, otros, amenazantes, borraban los videos de los teléfonos celulares de las personas que grabaron la brutalidad policiaca.
Alrededor de las 18:00 horas del día siguiente, policías de San Diego acudieron a la casa de Anastasio para comunicarle a María que su esposo estaba en el hospital, después de haber participado en una pelea.
“Cuando llegamos nadie nos decía qué había pasado, después nos dijeron que tenía muerte cerebral. A mí y a una de mis hijas nos dejaron ver a Anastasio, quien era custodiado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Fue muy doloroso verlo lleno de tubos. Revisamos su cuerpo y tenía golpes por todos lados. El 31 de mayo me notificaron que Anastasio había muerto”, recuerda María, al destacar que ella nunca aceptó la versión que se le dio de que su esposo había agredido a los agentes fronterizos.
Cómo aceptar que su esposo había sido el agresor, cuando la autopsia reveló que, además de las múltiples contusiones, Anastasio tenía cinco costillas rotas, tuvo un paro cardiaco y muerte cerebral; mientras que ninguno de los agentes fronterizos mostró huellas de golpes o mordidas propinadas por el mexicano, como alegaron en las investigaciones.
Ocho días después de su muerte, una televisora local transmitió un video tomado la noche del 28 de mayo, desde el lado mexicano de la frontera, en el que se aprecia a agentes fronterizos estadunidenses bloqueando la visibilidad hacia el lado de su frontera, mientras se escuchan gritos de dolor y de socorro. Era la voz de Anastasio, quien pedía asistencia médica y que se detuviera la golpiza. “No soy un animal”, clamaba.
Dos años después, una ciudadana estadunidense compartió con los representantes legales de María un video sobre las agresiones de los agentes fronterizos, que no había dado a conocer por temor a represalias.
Pese a las evidencias, y a que el caso fue sometido a un Gran Jurado, en 2015 el caso fue declarado concluido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerando que los agentes fronterizos hicieron uso legítimo de la fuerza.
Andrea Guerrero y Roxana Altholz resaltan que no sólo no se tomaron en cuenta los videos, sino que tampoco las irregularidades en el proceso de investigación, como la presencia de agentes fronterizos en todas la diligencias, sin tener jurisdicción, como la autopsia y las declaraciones de testigos; videos de las cámaras de seguridad oficiales borrados; mientras que la Policía de San Diego se enteró de los hechos por un periodista que, el 29 de mayo, solicitó información sobre lo ocurrido en la víspera, entre otras.
“El caso de Anastasio es la anatomía de la impunidad –comenta Guerrero–, es emblemático y es del que tenemos pruebas más sólidas contra la CBP; en la frontera ocurren cientos de asesinatos de la Patrulla Fronteriza por uso arbitrario de la fuerza contra personas migrantes y estadunidenses, crímenes que han quedado en la impunidad, pero sin duda el de Anastasio es el más sólido y por eso decidimos llevarlo a la CIDH en 2016, y en 2020 el caso fue admitido.”
Impunidad
De acuerdo con registros periodísticos recabados por la Coalición de las Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) de enero de 2010 al 10 de octubre de 2022, como resultado de algún encuentro violento con agentes de la CBP han muerto 247 personas, casi la mitad mexicanas (121).
La SBCC refiere que de esas personas, 61 murieron por uso excesivo de la fuerza policial, “incluyendo disparos fatales, asfixia, uso de táser, golpizas o por un agente químico”; 15 homicidios fueron cometidos por agentes fuera de servicio y en algunos de estos casos los agentes de la CBP “fueron procesados, encarcelados y sentenciados a prisión”; 53 por inadecuada o falta de atención médica; 88 por choque, 77 perecieron en persecuciones a alta velocidad iniciadas por las autoridades, y 30 por razones desconocidas, entre ellas cuatro casos de supuestos suicidios y 18 se ahogaron.
Datos oficiales de CBP señalan que de 2019 a 2022 los incidentes de uso de la fuerza pasaron de 592 a 876, en tanto que las agresiones contra sus oficiales se redujeron de 484 a 462.
En las muertes por uso arbitrario de la fuerza, Altholz destaca que “existe una maquinaria de impunidad, hay unos cuerpos clandestinos que han operado en la Patrulla Fronteriza para ocultar, destruir y alterar pruebas. Han estado operando sin autorización legal durante al menos 30 años”.
El patrón generalizado en los asesinatos cometidos por la Patrulla Fronteriza inicia con “fabricar una narrativa en la que el victimario es la víctima, y tratar de asegurar que la evidencia que demuestre responsabilidad nunca vea la luz del día”.
En octubre de 2021, la SBCC, red a la que pertenece la defensa de María Puga, demostró la existencia de los llamados Equipos de Incidentes Críticos (CIT) encargados de encubrir las acciones ilegales cometidas por agentes de la CBP. Las revelaciones expuestas por la coalición ante el Congreso de Estados Unidos generaron investigaciones gubernamentales y la desaparición de los CIT.
En el litigio del caso ante el sistema interamericano, la defensa de María Puga cuenta con testimonios no sólo de quienes se atrevieron a aportar voluntariamente evidencia, sino de tres exoficiales del Departamento de Seguridad Nacional que declaran sobre las deficiencias de la investigación del caso de Anastasio.
Las abogadas resaltan que además del entramado para garantizar la impunidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que cuenta con 60 mil integrantes, 20 mil de ellos distribuidos en la frontera con México, el sistema estadunidense los protege de acusaciones por violaciones a derechos humanos y evita la rendición de cuentas.
Por ello, uno de los objetivos de llevar el caso de Anastasio Hernández ante la CIDH es obligar a Estados Unidos a que cumpla los estándares sobre uso de la fuerza de las corporaciones policiales estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ese país firmó.
El caso de Anastasio ante la CIDH es también respaldado por el gobierno de México, a través del Consulado General en San Diego, oficina que ha apoyado a la familia Hernández Puga con abogados desde 2010, cuando ocurrieron los hechos, en 2017 para que el gobierno estadunidense indemnizara a la familia y actualmente en el litigio ante el sistema interamericano.
La relevancia del caso ante la CIDH y la resistencia del gobierno estadunidense a rendir cuentas en la audiencia pública del 4 de noviembre generaron que 208 organizaciones civiles de ese país y de América Latina respaldaran a la familia de Anastasio Hernández mediante una carta fechada el 24 de octubre y dirigida a los integrantes de ese organismo, al que piden “responsabilizar a CBP y otras agencias de los Estados Unidos, y señalar las reformas que abrirán un nuevo capítulo, uno donde los derechos humanos y la vida son primordiales y están protegidos en todo momento para todas las personas”.