¿SE PUEDE GARANTIZAR LA OBJETIVIDAD DE LA PGR RESPECTO AL PRESUNTO ESPIONAJE GUBERNAMENTAL?
Este sexenio ha estado marcado por una serie de escándalos vergonzosos que han afectado la investidura presidencial y han deteriorado aún más la confianza en las instituciones; ha sido tal la cantidad de errores de este gobierno, que el sentir social es que tuvimos una regresión en el tiempo. Cuando pensamos que México consolidaba su democracia hemos vuelto a ver: violaciones graves a los derechos humanos, elecciones de Estado, uso de programas sociales para fines electorales, oídos sordos ante los reclamos legítimos de la ciudadanía, y para rematar, espionaje a periodistas, representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Lo que más preocupa es el momento en el que la investigación sobre el presunto espionaje gubernamental fue publicado por el diario The New York Times, pues no terminábamos de digerir el impacto por la ola de violencia hacia periodistas cuando el tema sale a la luz; es decir, un gobierno que ha sido incapaz de proteger a periodistas ahora utiliza los medios de inteligencia contra ellos y todo aquel que lesione sus intereses y señale la corrupción. Reitero, vivimos una regresión a los tiempos del presidencialismo priista intolerante y autoritario.
Pero quizá lo que más indigna a los ciudadanos es la indolencia y el cinismo del PRI-Gobierno, su incapacidad de autocrítica y su descaro para mentirle a los mexicanos. Prueba de ello fue el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, en febrero de 2015, para que investigara al Presidente, a su esposa y el secretario de Hacienda y Crédito Público sobre el posible conflicto de interés por la adquisición de inmuebles a Grupo HIGA, un contratista del gobierno, resultó -como lo advertimos en sus momento- un nombramiento a modo y una maniobra en la que un subalterno designado por el Presidente terminó exonerándolo seis meses después. Esa fue la joya en materia de simulación en el combate a la corrupción.
Ahora se encomienda a la PGR que sea juez y parte e investigue al mismo gobierno. Esta historia podría repetirse mil veces mientras no contemos con una Fiscalía autónoma que cumpla con la función que deseamos los mexicanos: perseguir a quien se tenga que perseguir.
Desafortunadas fueron las declaraciones del Presidente de la República, que hace unos días afirmó que esperaba que la PGR “al amparo de la ley”, pudiera aplicar la justicia contra aquellos que levantaron “falsos señalamientos” contra su gobierno. Horas después se desdijo, la afirmación resonó como una instrucción del titular del Ejecutivo federal para perseguir a los periodistas que publicaron la investigación.
El espionaje es un delito condenable porque implica la violación a la privacidad. Es deseable que las investigaciones que lleve a cabo la PGR, con motivo de las denuncias que se han presentado, a propósito de la publicación de un reportaje de The New York Times, sean conducidas conforme a derecho.
Un espía regularmente observa y persigue para recabar información secreta y ponerla al servicio de terceros.
Las tecnologías de la información y la comunicación, al no tener fronteras, se convierten en herramientas que son asequibles a un mayor número de personas y actores. Su empleo permite ejecutar con exactitud y agilidad acciones encaminadas a diversos fines.
Las grandes empresas de alcance transnacional cuentan con recursos tecnológicos que son utilizados para observar lo que diseñan y producen sus competidoras.
Secuestros, robos, extorsiones, tráfico ilícito de armas, drogas e incluso actos de terrorismo, son cometidos con mayor facilidad por organizaciones criminales que también tienen acceso a la tecnología para ejecutar este tipo de acciones.
Entre espionaje e INTELIGENCIA hay diferencia. Ésta última es una actividad gubernamental legítima, que implica la generación de conocimiento nuevo, cuyo fin principal es aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de Seguridad Nacional.
Nuestra Ley de Seguridad Nacional en su artículo 31 fija los límites para generar inteligencia desde el gobierno federal: “Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos”.
En este sentido, el Estado tiene la obligación de contar con un sofisticado y moderno aparato de inteligencia con el objetivo de resguardar la seguridad de los ciudadanos, de asegurar la paz social, la gobernabilidad y la convivencia cívica de sus comunidades.
No se puede concebir en la actualidad a un Estado que no aspire a proporcionar estos beneficios a sus gobernados.
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO MARCELA GUERRA