JUSTICIA APLASTADA POR LA IMPUNIDAD
La “condena” al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es la peor vergüenza con la que este gobierno puede despedirse. Y lo peor es que ante la indignación social de avalar la pronta liberación de este saqueador, prevalece la indiferencia del Ejecutivo federal, autoridad que utilizó la procuración de justicia con fines políticos.
Resulta irrisorio que este sujeto, surgido de los cuadros priistas y miembro de esa generación de gobernadores transas, apenas haya sido condenado a 9 años de prisión y a pagar una multa de poco más de 58 mil pesos; cuando está documentado el desfalco a su entidad, el cual es superior a los 60 mil millones de pesos.
Aquí una lista de algunos de los desvíos de Javidú: La PGR abrió una carpeta de investigación por el desvío de al menos 35 mil 421 millones de pesos, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación presentó, ante la PGR, 60 denuncias por el supuesto desvío de recursos públicos federales, que superaban los 60 mil millones de pesos.
El Congreso de Veracruz reveló en su informe de la Cuenta Pública 2015 que la administración de Duarte hasta ese año había generado un daño patrimonial al erario de más de 14 mil 200 millones de pesos.
Y a pesar del cúmulo de evidencias y funcionarios encarcelados, Duarte sólo reconoció una deuda por 450 millones de pesos, provenientes de recursos federales que debieron llegar a las arcas de la Secretaría de Educación, pero se quedaron en la de Finanzas.
Ya en agosto pasado, la PGR había reclasificado los delitos de Duarte, lo que le abría la puerta de la libertad. A pesar del entramado que armó para desviar millonarios recursos públicos, con la creación de empresas fantasma, la PGR no pudo (o no quiso) comprobar el delito de delincuencia organizada, y lo cambió por el de asociación delictuosa, el cual no es considerado grave.