Candidaturas en vilo

Estás conmigo o en mi contra, este parece ser el único análisis que cabe respecto a las decisiones que se toman por parte de las autoridades electorales. Poco importan los argumentos, las pruebas, los precedentes o los expedientes que se tienen. Al final lo importante es la percepción que queda en la mayoría respecto a si fue una decisión justa o injusta, dependiendo a qué partido benefició y si es con el que uno se identifica. No hay objetividad en el análisis ni reflexión, incluso la realidad de lo que se resuelve queda en segundo término. En el caso de las sanciones electorales que han acaparado la atención, lo que poco se ha dicho es la incongruencia que existe en la norma, el que sea la misma autoridad que tiene en sus manos la organización de la elección,

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la promoción del voto y el anuncio del resultado, la que tenga también la posibilidad de bajar a un candidato de la competencia; algo que no solamente resulta incongruente sino en verdad muy riesgoso para cuidar lo que es el bien jurídico mayor, la democracia, el voto y las elecciones. La propuesta sería que, tal como sucede con los procedimientos sancionadores, el análisis de estas sanciones corresponda a la Sala Especializada del Tribunal Electoral y no al órgano administrativo. Esto le quitaría notoriedad al INE y lo alejaría de las amenazas e insultos en su contra, que hemos visto en estos días y que son totalmente inaceptables. El INE se ha quedado en medio de una lucha de campaña, y ambos lados jalan agua a su molino descuidando lo principal: la institución que ha costado tanto construir. Justo la prudencia de un juez o de un arbitro es valorar no solamente los hechos que se analizan y las penas aplicables, sino las consecuencias de la sanción que se puede imponer. Si un árbitro de futbol pudiera sancionar una falta con la expulsión de todo el equipo, por que no se le informó a la Femexfut el método de selección de su entrenador, debe de valorar si esto es lo que realmente conviene y estar consiente que, si lo hace, el partido termina; saber que quien paga las consecuencias son los aficionados del equipo y los asistentes al encuentro. Los contendientes tampoco pueden decir que si esto sucede destruyen el estadio. El viernes pasado hubo un interesante debate en el Tribunal Electoral (TEPJF) respecto a los casos de Guerrero y Michoacán que, aunque no son casos iguales, resultan ser muy parecidos.