SIN EL CONEVAL, SÓLO NOS QUEDARÁN LOS “OTROS DATOS”

El primero de julio de 2018, la mayoría de los mexicanos votaron por un cambio de rumbo del país, lo que ha implicado una forma diferente de ejercer el gasto público que proviene de los impuestos que pagamos todos; sin embargo, ha quedado claro que las decisiones de la administración de López Obrador se basan más en el voluntarismo presidencial –que tiene como objetivo consolidar un proyecto político personal– que en la razón. La herramienta del tabasqueño para controlar el Estado mexicano fue, primero deshacerse del personal calificado que hacía funcionar todos los órganos y en los que se habían invertido millones de pesos en profesionalizar; después, implementar una política de austeridad irracional sin análisis y como un mecanismo para hacerlos ineficaces. Lo anterior tiene como consecuencia inevitable el desmantelamiento de la capacidad operativa del Estado mexicano. Para el presidente, solucionar los problemas del país implica la destrucción de todas las instituciones del gobierno, lo cual no tiene ningún sentido. Pero lo peligroso es que considera que los órganos autónomos son un abuso del presupuesto público y significan “un gasto oneroso que no tiene ningún beneficio para los mexicanos”, en sus propias palabras. Esto demuestra que el presidente o no entiende la función de los autónomos o no tolera los contrapesos. Esto mismo sucede con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una institución autónoma que tiene como objetivo medir la pobreza en el país y evaluar tanto los programas como las políticas sociales del gobierno federal con base en elementos técnicos, pues está constituido por un grupo de investigadores académicos expertos en materia de desarrollo social que hacen las evaluaciones con estándares internacionales.

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