Desechan ir vs. reforma judicial
El pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprobó revocar el acuerdo que se había tomado, con el cual se presentaría una controversia constitucional para echar abajo las reformas aprobadas por el Legislativo
Con un pleno dividido, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) aprobaron en sesión extraordinaria desechar el acuerdo tomado el pasado 9 de julio, con el cual se pretendía recurrir a la figura de controversia constitucional para echar abajo las reformas al Poder Judicial aprobadas por el Legislativo el pasado 25 de septiembre.
Este martes, cuatro magistrados presentaron un documento con su oposición al acuerdo del 9 de julio, pues señalaban que las reformas que aprobaron los diputados en realidad benefician el desarrollo del Poder Judicial y permitirían recuperar la confianza de la ciudadanía, perdida en los últimos años.
Otro grupo de magistrados, encabezados por Higinio Ramiro Ramos, pidió una moción de suspensión, solicitando que el documento se pudiera revisar, pero esta petición fue rechazada.
Ante esta situación, siete magistrados, molestos por el manejo del tema, reventaron la sesión y se retiraron del pleno.
El presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro Estéves, señaló que en sesión extraordinaria se analizaría la aprobación de este documento y, finalmente, este miérco
les se llevó a cabo.
Con 18 votos a favor se aprobó dejar sin efecto el acuerdo del 9 de julio y, por ende, se descartaría la posibilidad de que se controvierta la reforma.
“Es un ejercicio democrático en el que se razonó un voto con toda la responsabilidad y de cara a la sociedad. Estamos convencidos de que tenemos que rendir mejores cuentas”, declaró el presidente del STJE, Ricardo Suro Estéves.
El bloque opositor
Los siete magistrados que reventaron la sesión el martes y este miércoles y que no participaron en la votación son Luis Enrique Villanueva, Lucía Padilla, María Eugenia Villalobos, Rogelio Assad, Higinio
Ramiro Ramos, Arcelia García y Marcelo Romero.
Este grupo de magistrados denunció que las reformas aprobadas por el Legislativo violan la autonomía y la división de poderes, principal argumento para decretar su inconstitucionalidad.
Dichos magistrados apuntaban que al permitir que se realicen pruebas de control de confianza a los jueces o magistrados, se abría la puerta para que desde el Ejecutivo y Legislativo se coaccionara a los funcionarios del Judicial.
Otra crítica fue la eliminación del haber de retiro, una prestación que implicaba una bonificación adicional a la pensión que obtenían los magistrados al retirarse del cargo.