LOS COMPROMISOS DEL PRESIDENTE
Lo bueno: que los partidos políticos donarán parte de los recursos que el pueblo de México les da para la campaña del 2018, para los damnificados de los terremotos. Lo malo: pensar que no les alcance para las cada vez más costosas campañas, y que el próximo Presidente inicie su administración, comprometido con fuerzas oscuras.
No hay quien entienda. Primer acto: AMLO dice que Morena donará parte del presupuesto para el 2018 a los damnificados del terremoto. Segundo acto: el INE dice que no se puede. Tercer acto: los demás partidos dicen que harán lo propio, después de un segundo terremoto. Responde el INE diciendo que siempre sí se puede.
Mi médico de cabecera, Fran Rodríguez, pregunta cómo se financian los partidos y las campañas en otros países, por ejemplo, Estados Unidos.
El año pasado, la OCDE ha publicado el informe Financing Democracy. La respuesta simple es que todos los países de la OCDE cuentan con un financiamiento mixto, público y privado. Sólo en Holanda y Reino Unido, el financiamiento privado rebasa al financiamiento público. Con excepción de Suiza, en el resto de la OCDE el financiamiento público se hace de manera directa a los partidos.
Hay diferencias. Por ejemplo, en Australia, Chile y Estados Unidos (10% de los países miembros), el financiamiento público sólo se realiza para campañas electorales. En contraste, en el 45% de países miembros de la OCDE, la operación cotidiana de un partido se costea directamente de fondos públicos. Otro 45%, incluyendo a México y Canadá, financia la operación de sus partidos, además de sus campañas políticas.
En cuanto a los fondos privados, son limitados por la mayoría de los países de la OCDE, dado su potencial para influir en la política pública para dirigirlos a su área de interés. Por ejemplo, 3 de cada 4 países prohíben donaciones de ciudadanos ligados con empresas que tienen contratos con el gobierno. En prácticamente ningún caso, las donaciones pueden ser mayores a tres mil dólares o euros. Una notable excepción es Estados Unidos, donde los donativos sí son millonarios.
Para los proponentes de que agentes corporativos desarrollarían un mejor papel en el gobierno, que políticos profesionales, quizá el ejemplo más evidente de los compromisos que puede adquirir un Presidente al recibir fondos privados o anónimos es Donald Trump. No sólo se trata de sus familiares cercanos en el gobierno o la relación con Rusia, sino de que prácticamente cada decisión en política pública toca a uno de sus socios cercanos.
La pregunta que continuamente surge es cuán costoso es el sistema electoral, particularmente si pensamos que la renta de México es baja, en comparación con la media de la OCDE. Susan Scarrow, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Houston, ha analizado a países de la OCDE y establece que, en promedio, cada voto cuesta 35 euros. El país más costoso, Australia, gasta 95 euros por cada voto, mientras que en Hungría, las campañas gastan 1 euro.
Un reporte reciente de Luis Carlos Ugalde estima que, en México, cada voto en 2017 costaría unos 10 euros. Esto haría aparente que la democracia mexicana no es tan cara. La mayor parte del gasto proviene del decretazo de Fox, que abolió el tiempo gratuito de partidos en la televisión. El mismo Ugalde se ha pronunciado por eliminar los gastos en publicidad oficial.
Suena demagógico pensar que los partidos pueden recortar sustancialmente sus gastos, sin adquirir grandes compromisos con actores privados, y aún anónimos. Por otro lado, es posible recortar si la naturaleza de la elección cambia. El perdedor de esto sería Televisa, pero nadie se atreve a plantearlo para no confrontarse con el gigante mediático. Sin financiamiento público, lo único que resta es un escalofrío ante los compromisos que el Presidente, sea quien sea, pueda asumir en 2018.