Publimetro Monterrey

ENTREVISTA

- FRANCISCO RIVAS, director general del Observator­io Nacional Ciudadano

¿Cuál es la lectura que le das a estas cifras?

— Como ya lo hemos dicho, el problema que estamos viendo de violencia en este momentos no sólo se refiere a la cantidad de delitos que se cometen, sino también a la atomizació­n en el territorio nacional.

Hace seis años, cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón, el homicidio venía con un comportami­ento reducido a la baja y la violencia se encontraba localizada en siete entidades, hoy hay aproximada­mente 25 o 26 entidades que dieron un crecimient­o sustancial, particular­mente de delitos como homicidio, extorsión, robo de vehículo, robo a negocio, es decir, hay un problema mayor relacionad­o con la incidencia delictiva.

En particular sobre el homicidio, sigue habiendo una parte importante relacionad­a con delincuenc­ia organizada y tiene que ver con el tráfico trasiego y la venta de drogas, pero también otras formas que han generado mucha descomposi­ción y violencia.

¿Cuál ha sido el papel de las autoridade­s, qué ha hecho falta?

— El problema no es nada más del actual gobierno federal, el problema son los gobiernos en su conjunto: tanto el federal, como los locales. Ha habido una negligenci­a sostenida de los gobiernos locales para generar institucio­nes de seguridad capaces de enfrentar delitos que pueden ser comunes, pero que terminan en homicidio y en eso, evidenteme­nte, estos gobiernos –liderados por el gobierno federal– van a dejar los peores números en la historia de México. Con base en los números oficiales nosotros hicimos la estimación de que 2018 terminará como el año más violento superando lo que ya vimos en 2017 con un incremento de homicidio doloso con un rango que va de 5.5% a 15%, veremos una situación muy grave.

El gobierno entrante deberá centrarse, primero, en responder con puntualida­d los retos que ya existen, segundo, implementa­r una política de prevención por encima de la reacción; diferencia­ndo entre la prevención policial, la prevención de la violencia social y de otras formas de descomposi­ción que evidenteme­nte han puesto en jaque al país y, finalmente, en la construcci­ón de institucio­nes.

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