INDIRA KEMPIS
El robo de combustibles ha sido un problema por muchos sexenios para los gobiernos que estuvieron en turno. La investigación periodística de Ana Lilia Pérez hace una aproximación a esta realidad en su libro
El Cartel Negro. El gobierno federal, bajo la premisa de acabar con el huachicoleo, ha hecho – supuestamente– una estrategia para combatirlo (por increíble que parezca un sexenio más de apertura con la “guerra” contra algo). La presentación de esta estrategia incluye cerrar ductos de donde se sacaba la gasolina y distribuir mediante pipas, buscando una reorganización en la distribución. De aquí se ha desatado una sarta de información que hasta el momento sigue sin aclararse, provocando la confusión y el pánico entre los habitantes. En lugar de provocar una gran convocatoria para la paciencia; se desató lo contrario. El clamor del desabasto es latente, aunque se quiera minimizar con falta de congruencia de los habitantes o de incomprensión ante la tarea de este nuevo “combate”. Pero como bien sabemos que “a río revuelto ganancia de pescadores”, aquí lo único que queda claro es que, efectivamente, existe un grave problema de corrupción e ilegalidad en el negocio de las gasolineras. Como también lo es que el desabasto está causando impactos en las economías de los estados y comunidades afectadas. En términos coloquiales, se está tapando un hoyo, destapando otro. Las ausencias en la comunicación oportuna, la toma de decisiones inmediatas y la falta de empatía con la población, genera incertidumbre, dudas y –por tanto– desconfianza, misma que ha llegado a las noticias internacionales incluyendo críticas severas sobre la falta de experiencia del propio director de Pemex y su falta de comunicación sobre cuáles son las rutas a seguir para evitar el desabasto. Pero, quizá, la interrogante más grande es sobre el interior de Pemex, porque una cosa es el huachicoleo como enemigo de esta administración y otra la fallida estrategia de distribución ante la confrontación, chicoleo: la institución.