LEONOR NOYOLA CERVANTES
El presidente Andrés Manuel López Obrador implementó a principios de mes un plan para combatir el robo de combustible denominado huachicoleo, que a lo largo de los años se ha incrementado en nuestro país. Lo anterior ha provocado el desabasto de combustibles en al menos 10 estados como Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, dado que fueron cerrados los ductos que transportan la gasolina. La Secretaría de Energía informó que hubo fallas en la logística derivado de la adopción de dicha medida que, sin duda, ha traído consecuencias negativas en la población, entre ellas: las largas filas por horas y, en algunos casos, por días, para poder cargar gasolina por parte de los conductores, así como que la gente no utilice su vehículo y se quede en sus casas, que implica que los establecimientos mercantiles como supermercados, restaurantes y plazas comerciales se vean afectadas en sus ingresos. Al respecto, el gobierno ha señalado que los mexicanos debemos “aguantar” y “resistir”. Desde luego que estamos en contra del huachicoleo, nuestro grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República fue el que promovió la reforma legal para que este delito sea considerado grave y se fije prisión preventiva oficiosa a los probables responsables; sin embargo, considero que estas medidas se pudieron haber llevado a cabo de una forma distinta para evitar afectaciones a la población, o que se afectara lo menos posible; el gobierno tiene que ser más estratega y planear mejor este tipo de medidas. Definitivamente este tema nos preocupa.