MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Del robo de combustibles se tenía algún conocimiento menor; sin embargo, la dimensión de esta terrible red de delincuencia que se padece en algunas regiones del país nos permiten ver a todas luces que es un asunto de seguridad nacional dada la constante afectación a los ductos de Pemex, mediante los cuales se transportan las gasolinas y otros productos, que ponen en grave riesgo a las poblaciones, además de afectar gravemente las condiciones financieras de nuestra empresa petrolera. Esta situación que ha quedado al descubierto en los últimos días, evidencia un gran negocio para una red de personas que coludidas –al parecer– con servidores públicos, construyeron una auténtica organización delictiva con un alto grado de capacidad corruptora y que, ante la negligencia e impunidad de diversas autoridades, el problema creció a un nivel que hizo indispensable la intervención firme y contundente del Estado mexicano, como nunca se había hecho. En este sentido, el gobierno del presidente López Obrador, como él mismo lo ha venido reiterando, tiene un compromiso indeclinable para combatir la corrupción y a la delincuencia. Nos queda claro que la estrategia contra el huachicoleo debe incluir diversos frentes. Por eso, en diciembre pasado, en el Senado aprobamos una reforma importante al artículo 19 de la Constitución para establecer el robo de combustibles como un delito grave, que en esta misma semana deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. Para este grave y añejo cáncer, fue necesario que el gobierno actual entrara en funciones y tomaran decisiones drásticas para combatir un asunto que requería toda la energía y fuerza de la ley. Debemos estar conscientes de que cuando se llevan a cabo acciones de esta naturaleza, es imposible que no haya inconvenientes momentáneos, ni mucho menos resistencias, máxime cuando se trata de acabar con un robo millonario que beneficia a muchos intereses.