AMIGOS DE BORGE BENEFICIADOS
Nuevos nombres se unen a la lista de personas investigadas por enriquecimiento ilícito
Sefiplan extenderá la verificación de predios vendidos al 80% menos de su valor en los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco y Tulum.
Al darse a conocer por la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado y Registró Público el embargo de 22 propiedades a la madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, también amigos y otros familiares estarían implicados en el daño patrimonial que deberá investigar la Federación, apuntó el líder de la bancada panista en el congreso del estado, Jesús Zetina Tejero. La Sefiplan extenderá la verificación de predios en otros municipios donde la plusvalía de los terrenos son altas y fueron entregados en la pasada administración gubernamental hasta al 80% por debajo de su precio en Bacalar, Othón P. Blanco y Tulum. De acuerdo al número de oficio: SEFIPLAN/ISSI/ DGRPPC/Dj/1111/IV/2018 se menciona que el embargo se realizará en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Playa del Carmen en los expedientes: 2586, 3407, 3411, 8729, 10308, 10318, 14906, 15704, 23131, 23133, 23203, 24156, 25836, 14070, 7964, 7967, 10189, 10807, 15616 y 22572 de la delegación de comercio de Cozumel del Registro público de la propiedad. Este embargo obedece a la recuperación de propiedades que fueron vendidas por debajo de su costo real tanto a familiares como allegados de Borge. Este es el segundo embargo que enfrenta la madre del ex gobernador, ya que en febrero del 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró cuatro predios que fueron entregados a través de ventas subvaluadas a María Rosa Yolanda Angulo Castilla. La organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo A.C., existen al menos 50 predios que eran del patrimonio privado del estado y que fueron entregados a precios irrisorios, incluso a "cero pesos", a políticos, amigos y familiares del ex mandatario, mediante operaciones identificadas como "remates inmobiliarios" y se estima que el daño al erario rebasa los más de mil millones de pesos. El Congreso del estado y la bancada panista exigirá que se sigan las investigaciones hasta las últimas consecuencias.