POLÉMICA POR FALLO
TODAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUEDARÍAN SIN VALIDEZ
Aunque la XVII Legislatura no ha recibido el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que declara que todos los asuntos que haya resuelto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, desde el 1 de enero de 2018, están viciados de origen y carecen de validez jurídica, estarán en la espera para analizar el documento.
Al respecto, el presidente de la Jugocopo, Renán Sánchez Tajonar, dijo que no da declaraciones a la ligera y que esperará a que tengan la notificación de la SCJN para analizar el documento y proceder, de la misma forma, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Humberto Aldana, dijo que tendrán que revisar el contenido de lo que se ha declarado inconstitucional, ya que el fallo aún no ha llegado a la XVII Legislatura, sin embargo, ha generado controversia ya que podrían quedar sin validez todas las sentencias emitidas desde el 2018 del Tribunal de Justicia Administrativa de
Quintana Roo.
De acuerdo al fallo de la SCJN, las sanciones aplicadas en contra de ex funcionarios de la administración estatal encabezada por Roberto Borge Ángulo y Carlos Joaquín González, podrían declararse inválidas.
El asunto fue resuelto por la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia, a partir del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales que concluyó que el fin de las instancias de justicias es constituirse como mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entre ellos entablan, bajo la condición de que esos requisitos no resulten desproporcionales.
Se explicó que el papel del
Congreso es crear instituciones creíbles y confiables y no puede justificarse como cosa menor cumplir con las formalidades de la Constitución del estado. ‘Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la Constitución Política del Estado de Quintana Roo únicamente facultó a la Legislatura y no a la Diputación Permanente, para emitir la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa’.
La Suprema Corte puede echar abajo todos los asuntos que hayan resuelto los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, si así lo reclamarán los afectados durante los últimos cuatro años y lo que resuelvan en el futuro.