Delitos amnistiados
de Partes del Congreso local, que incluye a las mujeres que han sido criminalizadas por interrumpir un embarazo.
Con esta reforma se contempla el indulto en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 327 a 331 del Código Penal del Estado de Nuevo León.
“Amnistía cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, esto siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo”, refiere la iniciativa.
El Congreso local aprobó en marzo 2019 una reforma del artículo 1 de la Constitución de Nuevo León para establecer
Aborto
Conspiración y desorden público
Cometidos por personas indígenas a quienes no se les haya respetado el debido proceso
Robo simple sin violencia y sus equiparables
Sedición el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de manera que en la entidad se penaliza el aborto y la eutanasia se considera ilegal.
También este dictamen establece amnistía por cualquier delitoapersonaspertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, quienes durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del estado.
“Por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura”, explica el documento.
Piden reforzar reinserción social
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, organización que se dedica a ofrecer asesoría legal a personas que han sido enjuiciadas injustamente, dijo que con la Ley de Amnistía en Nuevo León se tendría que reforzar la reinserción social.
“La gente piensa que con la Ley de Amnistía cualquier persona puede salir en libertad, eso es falso, tiene que reparar el daño. Un detalle que tenemos es que no hay un programa de reinserción social que pueda garantizar que las personas no reincidan, como lo que tenemos en Renace”, menciona.
Sánchez Bocanegra lamenta que exista una alta población penitenciaria que ha cometido delitos penales que no le permitirían beneficiarse de la Ley de Amnistía pero en su organización civil continuarán con los altos niveles de reinserción.
“El año pasado nos dieron unos fondos desde el Congreso, este año aprobaron otros fondos, y con eso podemos ayudar a unas 500 personas, es muy importante”, expresa.