EDOMEX, VIOLENCIA SIN FIN
La alerta de Género en la entidad mexiquense no erradicó las agresiones en contra de las mujeres a pesar de haberse decretado hace casi cinco años, dos casos recientes que involucran a figuras públicas demuestran que todavía hay muchas carencias en esta m
acasi cinco años de que se decretó la Alerta de Género en el Estado de México, el número de feminicidios que se registran en la entidad y las recientes agresiones de figuras públicas a mujeres evidencian que aún hay un gran pendiente en esa materia.
El 31 de julio de 2015, el Estado de México fue la primera entidad del país en emitir esta declaratoria en 11 de sus 125 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de este año se han registrado 308 presuntos delitos de feminicidio y 987 presuntos homicidios dolosos de mujeres en todo el país.
De esa cifra, en el Estado de México han sucedido 38 probables feminicidios y 95 presuntas víctimas de homicidio doloso, es decir, el 10 por ciento del total.
La entidad mexiquense volvió a estar en la mira por el tema de violenciacontralasmujeresdespués de que el miércoles 27 de mayo se hicieran públicos los casos de un notario y de un exdiputado por este tipo de agresiones en Naucalpan, las cuáles se han incrementado en el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19.
Debido a los cargos que ostentan y su conocimiento sobre las leyes, las sanciones por estos delitos deben de ser ejemplares y una advertencia para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
“La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto federal como del Estado de México, es clara, pues establece que si eres servidor público el castigo debe ser doble (…).
“Ellos por ser servidores se les implica el doble de la pena de lo que exijan. Por ejemplo, por lesiones, si él iba a pagar seis meses es un año lo que debe de pagar, ¿por qué? Porque es servidor o fue servidor y conoce de leyes”.
Así lo explica Yuritzi Hernández de la Rosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
“Imagínate a estos hombres que conocen de leyes y se atreven a golpear a sus compañeras de vida, porque no son de su propiedad, en la calle, ¿qué cosas no les hacen en su casa?”, cuestiona Yuritzi.
La coordinadora del Mexfem señala que la responsabilidad de combatir la violencia de género no es solamente de la Alerta de Género, sino que involucra a todos los niveles
La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto federal como del Estado de México, es clara, pues establece que si eres servidor público el castigo debe ser doble”
Yuritzi Hernández de la Rosa
Coordinadora del Mexfem
de gobierno: federal, estatal y municipal, quienes deben de trabajar en conjunto en la creación de políticas públicas con perspectiva de género.
“No es que no funcione, yo creo que sí funciona. En el Estado de México tenemos uno de los mejores mecanismos en los que se ha avanzado tanto en materia de desaparición como en materia de feminicidio, pero nos falta mucho”, agrega.
Entre las carencias que están presentes en el sistema de justicia para que las agresiones no queden impunes, expone la activista, se encuentran la falta de enfoque de género en los ministerios públicos, coordinación interinstitucional – entre funcionarios y expertos de la sociedad civil en tema de búsqueda e investigación– y voluntad política para resolver todos los casos.
Sin embargo, Hernández de la Rosa aclara que, debido a que la violencia estructural está presente desde hace muchos años, no se puede esperar que la Alerta de Género funcione como una varita mágica.
“Me preocupa que se malentienda la Alerta de Género, porque es solo un mecanismo para atender de manera emergente la violencias que viven en estos territorios las mujeres y hacer política pública con perspectiva de género es otra cosa y ese es otro mecanismo que los gobiernos deben de implementar para seguir avanzando”, indica.
Agresores poderosos
El primer caso se trata del notario público 102 del Estado de México, quien fue exhibido en una grabación cuando agredía a su esposa en las calles de la colonia Lomas Manuel Ávila Camacho, en Naucalpan.
Tras la agresión, el Gobierno del Estado de México anunció que lo sancionaría por cometer violencia de género, mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad abrió el expediente CODHEM/ TOL/IG/58/2020.
La Escuela Libre de Derecho (ELD) también condenó el hecho e informó que el notario ya no era parte de su plantilla de profesores desde enero del 2019, institución en la que laboró el notario público. E incluso, en sus redes sociales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se posicionó al respecto.
“La pregunta es: por qué ante las reiteradas denuncias de las alumnas, se protegió durante décadas a este ‘profesor’?”, cuestionó Zaldívar Lelo de Larrea sobre el comunicado de la ELD.
La Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim),tambiénpidióinvestigar y sancionar la violencia ejercida por el notario.
El segundo suceso involucra al político Horacio Jiménez, quien fue detenido el mismo 27 de mayo por golpear a su esposa y privarla de su libertad.
Jiménez fue diputado local y, durante el gobierno del panista Édgar Olvera que encabezó la presidencia municipal de Naucalpan (2015-1018), fue secretario del Ayuntamiento.
En un comunicado de Movimiento Ciudadano, emitido el 28 de mayo, se informó que Jiménez sería destituido como su representante suplente ante el Instituto Electoral del Estado de México, figura que desempeñaba al momento de agredir a su cónyuge.