Medina ríe al último
Para librar la cárcel, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, echó mano de amparos, recursos legales y se benefició de las actuaciones de un Poder Judicial y una Fiscalía Anticorrupción con pasado priista y de una deficiente acusación del gobierno
Para librar la cárcel, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, echó mano de amparos, recursos legales y se benefició de las actuaciones de un Poder Judicial y una Fiscalía Anticorrupción con pasado priista y de una deficiente acusación del gobierno de Jaime Rodríguez
Después de haber sido acusado y vinculado a proceso por peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido de funciones, e incluso recluido en el Penal de Topo Chico por unas horas en 2007, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, está cerca de librar la acción de la justicia.
Esta semana, un juez de control dictó el auto de no vinculación a proceso a Medina de la Cruz por los delitos de peculado y contra el patrimonio, derivado de incentivos ilegales otorgados a la armadora KIA Motors durante su gestión como gobernador.
La resolución se suma a la lista de fracasos del gobierno actual encabezado por Jaime Rodríguez y la incapacidad de una Fiscalía que falló en su principal objetivo: lograr que su antecesor rindiera cuentas ante la justicia
Aunque con amparos y recursos de sus representantes legales, Medina había sorteando las diversas denuncias presentadas desde 2015, fue hasta este año con la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción que la ‘suerte’ se inclinó más a él.
Con la llegada de Javier Garza a la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las causas penales que involucran al exmandatario dejaron de ser prioridad.
El nuevo titular de la Fiscalía desistió de acusar en los casos heredados por parte de Ernesto Canales y tampoco ha abierto ninguna nueva carpeta de investigación. También ha pospuesto algunas de las audiencias relacionadas con el caso Medina e investigaciones sobre algunos de sus funcionarios hasta el próximo año.
Una de las primeras decisiones que tomó Garza fue la de desistir en la imputación de dos cercanos al exgobernador -los empresarios Bernardo Castillón y Juan Manuel García- dentro de un caso de investigación contra Medina por enriquecimiento inexplicable argumentando que los expedientes estaban mal integrados.
Javier Garza es hermano de Alejandro Garza, Procurador General del Estado en la primera parte del sexenio medinista y considerado un personaje ligado al PRI de Nuevo León.
Además, después de que el magistrado Francisco Mendoza asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Nuevo León, coincidentemente todos los casos y acusaciones en contra de Medina se han ido cayendo y las resoluciones del Poder Judicial han sido favorables al exmandatario.
A pesar de que el gobierno de Nuevo León ha emplazado a la Fiscalía encabezada por Javier Garza a que apele el auto de no vinculación a proceso, la realidad es que al día de hoy, Rodrigo Medina ya sólo enfrenta un proceso por uso indebido de un helicóptero del estado, una acusación para la que también cuenta con un amparo.
Medina de la Cruz podría al fin salir de la lujosa residencia donde se refugia en Ixtapan de la Sal en el Estado de México para alejarse de los reflectores. Con las últimas decisiones judiciales, el exmandatario podría apresurar su regreso a la vida pública.
El viacrucis
Desde la campaña por la gubernatura, Jaime Rodríguez Calderón prometió castigar los actos de ilegalidad de Rodrigo Medina y otros funcionarios de su administración, sin embargo, lo cierto es que al día de hoy es más probable que la promesa del ‘Bronco’ se quede sólo en eso.
Como para demostrar que iba en serio, a inicios de junio de 2016, unos meses después de asumir, el gobierno de Rodríguez Calderón anunció la ‘Operación Tornado’, un operativo con el que se pretendía castigar la supuesta corrupción del anterior gobierno encabezado por Medina de la Cruz.
Una de las primeras medidas anunciadas fue el embargo de los bienes de Rodrigo Medina y otros 10 exfuncionarios de su administración. Entre los delitos que estaban siendo investigados por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción encabezada por Ernesto Canales estaban los de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones.
Hoy,amásdedosañosdelanuncio, y después de haber logrado la vinculación a proceso de más de 30 exfuncionarios en total, no hay ningún imputado que esté actualmente cumpliendo sentencia.
Sólo dos personajes vinculados a proceso llegaron a pisar la cárcel: el propio Rodrigo Medina que estuvo alrededor de 19 horas en el penal de Topo Chico; y el ex Director de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, José Agustín Téllez, quien estuvo durante más de 5 meses en el mismo centro penitenciario y que hoy sigue su proceso en arraigo domiciliario.
El enero de 2017, la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso de Rodrigo Medina por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal por otorgar estímulos indebidos por más de 3 mil 600 millones de pesos en favor de KIA, por lo que un juez de control determinó prisión preventiva de 30 días en contra del exmandatario, quien ingresó en la madrugada del 26 de enero al penal de Topo Chico.
Sin embargo, la defensa encabezada por Alonso Aguilar Zínser logró su salida para que pudiera seguir su proceso en libertad, argumentando que el juez que determinó la medida cautelar había violado un amparo que habían interpuesto anteriormente a favor de Medina para evitar su encarcelamiento.
Esta sería la derrota más mediática
El exmandatario ya sólo enfrenta un proceso por el uso indebido de un helicóptero del estado, una acusación para la que también cuenta con un amparo
de la Fiscalía encabezada por Ernesto Canales y de la administración de Rodríguez Calderón, aunque no la única.
En marzo de este año se cayó otra de las acusaciones que pesaban sobre Medina, después de que un juez de control decidió la no vinculación a proceso al exgobernador por ejercicio indebido de funciones argumentando que no había pruebas suficientes para mantener la vinculación.
Ese mismo criterio fue el utilizado por otro juez de control al exonerarlo por los delitos de peculado y contra el patrimonio considerando que la extinta Subprocuraduría Anticorrupción no justificó los hechos delictivos ni la participación del exgobernador en ningún delito.