Esperanza para quienes exigen justicia
La Comisión para conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa marcará la pauta sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolverá las investigaciones que involucran graves violaciones a derechos humanos. Los padres de los desaparecidos confían
La Comisión para conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa marcará la pauta sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolverá las investigaciones que involucran graves violaciones a derechos humanos. Los padres de los 43 estudiantes confían en que la administración entrante cumpla sus compromisos
El primer decreto que Andrés Manuel López Obrador firmó como presidente de México tuvo como finalidad la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, ente que hoy ya es una realidad.
Instaurado de forma oficial el día de ayer por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esta comisión no sólo significa una luz de esperanza para los padres de los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, sino para todas aquellas personas que han sido víctimas de abusos y de graves violaciones a sus derechos humanos y cuyas voces todavía exigen justicia.
Alejandro Encinas, quien presidirá la comisión, aseguró que el principal objetivo de este organismo será coadyuvar en las investigaciones para conocer la verdad sobre lo que les sucedió a los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y llevar ante la justicia a los responsables.
Sin embargo, aclaró que a la par la Fiscalía General de la República deberá crear su propia comisión al interior de la institución para dar seguimiento penal al caso, uno de los retos que todavía están pendientes por cumplirse.
Tanto Olga Sánchez Cordero como el propio Encinas informaron que la comisión para la verdad en el caso Ayotzinapa no comenzará a trabajar desde cero.
“Vamos a empezar con lo que no se hizo o con lo que se hizo mal. Vamos a retomar de todas las investigaciones (…) El punto de partida de este trabajo serán los informes del grupo interdisciplinario de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), las investigaciones del equipo argentino de antropología forense; los informes de la Organización de las Naciones Unidas, así como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Además se tomarán en cuenta las investigaciones de la PGR, ahora Fiscalía; las sentencias del Poder Judicial, como la del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, así como de los organismos internacionales, y al mismo tiempo se avanzará en las líneas de investigación que la comisión genere”, explicó Encinas.
Ante lo anunciado, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, calificó la acción como una tarea titánica y como el reto principal a resolver.
“El reto más grande que veo, en una primera instancia, es el análisis de todos los informes que existen actualmente, pues se tienen que analizar, comprobar la información y comparar para que poco a poco se puedan ir descartando los elementos que no sirven y así llegar a la verdad”, dijo en entrevista con Reporte Indigo.
Ante las dificultades que esto implica, el subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Segob, indicó que para poder obtener nueva información y verificar la que ya se tiene también se implementará un sistema de recompensa para aquellas personas que brinden datos que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
“Diseñaremos una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaboradores eficaces en el desarrollo de esta investigación”, mencionó Encinas Rodríguez.
Durante su intervención, Encinas informó que la Comisión estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda; ambos con sus respectivos suplentes.
Por parte de los padres estarán Emiliano Navarrete, Mario César González, Cristina Bautista, Hilda Legideño y María Martínez Zeferino.
La comisión sesionará al menos una vez al mes, la primera reunión se llevará a cabo el próximo 23 de enero y contará con la colaboración de la CIDH y la ONU
Mientras que de los grupos civiles el representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez será Santiago Aguirre Espinosa; del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales; de Servicios y Asesoría para la Paz, Miguel Álvarez Gándara; y de Fundar, Humberto Guerrero Rosales.
Por último, Alejandro Encinas anunció que la comisión sesionará al menos una vez al mes, que la primera reunión se llevará a cabo el próximo 23 de enero y que en ésta el primer paso será aprobar los lineamientos de la misma y establecer contactos con autoridades locales; los incentivos o recompensas y la colaboración internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para firmar acuerdos de cooperación.
También dijo crearán un programa de asistencia para las víctimas para garantizar apoyos de salud, becas educativas y acompañamiento psicosocial para que éstas puedan empezar a reconstruir sus vidas.
Padres de los 43 alzan la voz
Durante la instalación de la Comisión Presidencial para la verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, las voces de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos no pasaron desapercibidas.
Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, relató las dificultades por las que han tenido que pasar debido a su exigencia de justicia.
“Ha sido muy difícil caminar durante estos cuatro años y tres meses sin nuestros hijos porque no sabemos dónde están, no sabemos qué les pasó.
“El gobierno de Enrique Peña Nieto se burló de nosotros y en lugar de ayudarnos puso obstáculos en la investigación”, sentenció.
Sin embargo, la mujer originaria del estado de Guerrero, agradeció a la actual administración y aseguró que la comisión representa para ellos una nueva esperanza.
Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, pidió al nuevo gobierno dar con los culpables, traer de regreso a los expertos independientes para que coadyuven con las investigaciones y otorgar los recursos necesarios para que estas concluyan con el esclarecimiento de los hechos que se suscitaron hace cuatro años.
“Espero pronto poder darles las gracias porque nos regresaron la otra parte de la vida que desde hace más de cuatro años nos falta.
Vamos a empezar con lo que no se hizo o con lo que se hizo mal. Vamos a retomar de todas las investigaciones”
Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob
“Respeto al que lo merece. Por eso les pido que cumplan los compromisos que han hecho, o quieren ser como el gobierno anterior que lo único que hizo fue hacernos daño”, dijo Emiliano Navarrete.