FUNCIONARIOS EN LA MIRA
Dos de las seis unidades administrativas del Congreso fueron el foco de las auditorías por anomalías en 2018 y 2019; destacan faltantes en inventarios, uso de recursos sin justificar e irregularidades en nóminas
Las investigaciones por irregularidades en 2018 y 2019 en el Congreso de la Ciudad de México se centran en la Oficialía Mayor y en la Tesorería, encabezadas por Alfonso Vega González y Armando López Fernández, respectivamente.
Las anomalías halladas por la Contraloría Interna del Congreso tienen que ver con el manejo de la nómina y las prestaciones sociales a los trabajadores, así como con vehículos faltantes en el inventario y la falta de mecanismos de control interno.
Según las indagatorias F/01/19CDMX y F/02/19-CDMX, en total se hicieron 14 observaciones por irregularidades: cuatro a la Tesorería, tres a la Oficialía Mayor y las siete restantes, a ambas.
Estos hallazgos son el total de la revisión a las actividades y funciones de las seis unidades administrativas de la primera legislatura del Congreso.
Cabe destacar que el Tesorero es el encargado de administrar las finanzas y recursos, mientras que el Oficial Mayor es el responsable de la administración interna del legislativo.
Faltantes en inventarios
La auditoría financiera F/01/19CDMX, realizada al activo fijo del Congreso “Equipo Automotriz”, se realizó con la intención de comprobar los registros contables del inventario de autos del ejercicio 2018.
Sin embargo, en la primera observación realizada se encontró que la normatividad interna de los procesos para el control del equipo automotriz está sin actualizarse.
Como segunda irregularidad se encontraron diferencias de 83 mil pesos en los registros contables por el uso de automóviles propiedad del Congreso.
En la tercera, tres vehículos no presentaron documentación de soporte de sus pólizas contables. Es decir, no existe un registro de sus gastos durante 2018.
También, la Contraloría halló que la cuenta bancaria del rubro “Equipo de Transporte” presentaba un importe de 7 millones 598 mil pesos, pero no encontró nada en el inventario físico que justificara el gasto de los más de 7 millones de pesos.
El quinto hallazgo indica que el inventario físico realizado el 28 de agosto de 2018 registraba 16 automóviles. Sin embargo, en los registros del parque vehicular con corte al día 31 del mismo mes habían 50; es decir, faltaban 34 unidades.
La investigación señala que hasta diciembre de 2018, la Oficialía Mayor y la Tesorería justificaron el déficit de vehículos al comprobar que donaron 34 a las 16 alcaldías, lo cual evidenció una falta de control interno.
“No se constató la documentación requerida para comprobar su donación al momento del levantamiento del inventario por lo que se demostró la carencia de mecanismos de control interno”, detalla la investigación.
La sexta observación indica que
El Tesorero es el encargado de administrar las finanzas y recursos; mientras que el Oficial Mayor es el responsable de la administración interna del legislativo
no se acreditó la documentación para dar de baja un automóvil robado, sino hasta 31 de agosto de 2018.
El último hallazgo revela que la Oficialía Mayor no entregó a la Contraloría la tarjeta de circulación de tres automóviles, así como la documentación comprobatoria del pago de multas y las bitácoras correspondientes al uso de los vehículos propiedad del Congreso.
Irregularidades en nóminas
La indagatoria F/02/19-CDMX señala que la Tesorería incurrió en cuatro irregularidades durante 2018 y 2019.
La primera es respecto a la cancelación tardía de la nómina de trabajadores que ya no laboraban en el legislativo; la segunda, por las diferencias encontradas en los registros de aportaciones sociales; la tercera por la falta de comprobantes de pagos de laudos al Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y la última, por no entregar documentación de soporte de las nóminas.
En la misma investigación, la Contraloría también hizo tres observaciones a la Oficialía Mayor: no contó con constancia de pagos retroactivos a los trabajadores por un período de tres meses; no otorgó prestaciones sociales de manera correcta; y detectó deficiencias en el manejo de los expedientes de los empleados del Congreso, pues no se entregaron todos al órgano fiscalizador.
En ambas investigaciones, la Contraloría ordenó a las unidades subsanar las faltas y mejorar los mecanismos de control para evitar afectaciones futuras.