ABUSAN DE LAS ADJUDICACIONES
En los últimos dos años, los órganos autónomos de la Ciudad de México han contratado más del 60 por ciento de sus bienes y servicios por adjudicación directa, lo que supondría una violación a la Ley de Adquisiciones local
Los órganos autónomos de la Ciudad de México se han excedido en el uso de las adjudicaciones directas para la compra de insumos, lo que va en contra de lo estipulado por la ley.
La Comisión de Derechos Humanos (CDHCM), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFOCDMX), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Tribunal Superior de la Ciudad de México (TECDMX) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) han contratado, sin excepción, más del 60 por ciento de sus bienes y servicios sin licitaciones durante 2020 y 2021.
Lo anterior, infringe la Ley de Adquisiciones local, que estipula que los entes públicos deben privilegiar los concursos abiertos para hacer un uso eficiente de sus recursos.
Preferir la adjudicación directa por encima de la licitación pública es una mala práctica gubernamental que, según organizaciones civiles, puede generar opacidad y corrupción.
Los contratos
Información revisada por Reporte a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) detalla que los cinco entes locales han adquirido, en promedio, el 65 por ciento de sus bienes por adjudicación directa.
Los datos indican que, en el transcurso de 2020 y 2021, el órgano
autónomo que más contratos asignó sin realizar concursos de licitación pública ha sido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con el 82 por ciento del total de sus compras.
En ese lapso de tiempo, el tribunal firmó 152 contratos, de los cuales, 125 se otorgaron sin concurso de por medio.
El segundo organismo que más optó por la adjudicación directa es la ASCM, que otorgó
112 contratos, de los cuales 91 fueron sin concurso, lo que representa el 81 por ciento.
Le sigue el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, que durante el periodo referido suscribió 379 contratos y 291,
76 por ciento, fueron sin concurso de licitación.
En tanto, el INFOCDMX signó un total de 224 contratos, de lo que 167 se pactaron mediante adjudicación directa, lo que representa el 74 por ciento.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llevó a cabo 302 procesos de contratación entre 2020 y 2021, de los que 102, el 33 por ciento, fueron por adjudicación directa.
La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México señala que todos los órganos públicos locales deben priorizar la licitación pública por encima de la adjudicación directa.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrán exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisi
Cada peso de nuestro dinero mal utilizado debido a una compra mal hecha, con sobreprecio o entregada a las manos equivocadas es un desperdicio”
ciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 del marco legal.
Precisa que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
“Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”, detalla la ley.
Además, el artículo 54 de la misma disposición describe los casos de excepción en los que se deben realizar las adquisiciones directas.
Por ejemplo, cuando un proveedor tenga la patente del bien requerido o cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la ciudad.
Mala práctica
Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad afirman que el abuso de la adjudicación directa es una mala práctica que privilegia la opacidad, porque se viola la ley y, en el mayor de los casos, se desconocen los argumentos por el que se benefició a las empresas.
Además, señala en la publicación “Siete áreas de riesgo de los contratos del Gobierno en el primer semestre de 2022” que es una práctica que se ha instaurado en el servicio público y que, solo en los primeros seis meses del año en curso, 78 de cada 100 contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa.
“En 111 dependencias y entidades han asignado más del 50 por ciento de sus contratos mediante procedimientos de adjudicación en 2022. Diconsa ha gastado casi el doble de lo que tiene planeado –de todo su presupuesto para 2022– solo a través de procedimientos de excepción y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha gastado una cuarta parte de lo que se ha gastado en todo el ejercicio presupuestal en contratos sin concurso”, detalla.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
El ente autónomo que más ha asignado contratos por adjudicación directa, contraviniendo lo que estipula la Ley de Adquisiciones local, es el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México