POLICÍAS, EN LA LÍNEA DE FUEGO
@lula_walk
En 2023 se registró un aumento de los asesinatos contra elementos de seguridad locales en México, a pesar de los esfuerzos que ha emprendido el Gobierno federal con el Plan Nacional de Paz y Seguridad y las acciones implementadas por los gobiernos estatales y municipales para fortalecer a las fuerzas civiles.
Durante el año pasado, los medios de comunicación reportaron el asesinato de al menos 412 policías en el país, lo que equivale a un aumento del 2 por ciento, en contraste con los registros (403) de 2022, de acuerdo con el seguimiento realizado por la organización Causa en Común (CC).
No obstante, según las cifras difundidas por el mismo organismo, en el último lustro ha habido una menor cantidad de asesinatos a personal de la policía, al pasar de 452 en 2018 a 446 en 2019; 524 en 2020; 401
Aunque el asesinato de elementos policiacos en México no cesa y, de 2022 a 2023 hubo un aumento en el registro de estos homicidios, en contraste con el último lustro, se reporta una disminución de los casos
Durante cuatro años consecutivos, Guanajuato se convirtió en la entidad más peligrosa para ejercer la labor policiaca, con un total de 273 policías asesinados de 2018 a 2021
en 2021; 403 en 2022; y 412 en 2023. De estos registros destaca que en el año 2020 hubo un repunte y se colocó como el más sangriento para los cuerpos policiacos.
En lo que va de 2024 (del 1 al 11 de enero) suman al menos siete casos: cuatro en el Estado de México, uno en la Ciudad de México, uno en Michoacán y uno en Chiapas.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por el jefe del Ejecutivo federal plantea distintos objetivos primordiales, entre ellos, “repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas”.
“Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y profesionalización de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno. Pero en este lapso los gobernantes no avanzaron ni mucho ni poco en tales objetivos y hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006.
“Ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución y con especial atención a la observancia de los derechos humanos, la integridad y el patrimonio de las persona”, detalla el documento.
En 2019, la Guardia Nacional, conformada en su mayoría por miembros de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, reemplazó de manera oficial a la extinta Policía Federal como el principal cuerpo de seguridad pública a nivel nacional.
Guanajuato, el territorio de mayor riesgo
De 2018 a 2023, el estado de la República Mexicana con más registro de asesinatos ha sido Guanajuato, excepto por el año 2022, cuando Zacatecas se colocó como la entidad más peligrosa para la policía con 60 elementos asesinados.
En el primer año de registro, en Guanajuato se consignó la muerte de 66 policías; le siguieron el Estado de México con 47; Guerrero, con 44; Chihuahua, con 31; y Puebla, con 30.
Para 2019 la situación fue similar, en Guanajuato asesinaron a 77 policías; en Michoa
cán a 41; en Chihuahua a 32; en Jalisco a 29; y en Guerrero a 23. En 2020, 76 policías fueron asesinados en Guanajuato; 37 en el Edomex; 36 en Veracruz; 34 en Guerrero; y 31 en Chihuahua.
En 2021, de los 401 asesinatos registrados, 54 ocurrieron en Guanajuato, 47 en el Edomex, 30 en Veracruz, 26 en Guerrero y 27 en Chihuahua. Mientras que para 2022, 60 policías fueron ultimados en Zacatecas, 50 en Guanajuato, 24 en Michoacán y Guerrero, respectivamente, y 24 en Veracruz.
De nueva cuenta Guanajuato fue la entidad más peligrosa para los policías en 2023, con 60 homicidios; le siguen Guerrero (40), Zacatecas (32), Michoacán (28) y Jalisco (24),
Policía municipal, la más desprotegida
De las noticias que reportaron el asesinato de policías en 2023, destaca la que se dio a conocer el 24 de octubre, cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero, determinó que una noche antes fueron asesinados con armas de fuego 13 agentes de la policía municipal de Coyuca de Benítez en manos de presuntos sicarios.
Lo anterior pone en evidencia la desprotección a la que se enfrentan los cuerpos de seguridad de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenecen. Según los registros de
CC, en 2023 fueron asesinados 218 policías municipales; 154 policías estatales; y 34 policías federales.
Sin embargo, lo ocurrido ese año no fue algo atípico, pues en suma, entre los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023, se tuvo conocimiento del homicidio de al menos mil 161 elementos de la policía municipal, 918 de la policía estatal y 150 de la policía federal.
Cabe mencionar que las bases de datos para conocer la información desagregada que se registró en 2022 no está disponible para su consulta.
Malas condiciones y baja aprobación
“Los policías en México trabajan en condiciones cada vez más precarias, al tiempo que la violencia extrema se arraiga en todo el país; trabajan turnos de 234 horas o más, carecen de sueldos y prestaciones adecuados, no cuentan con equipamiento ni capacitación suficientes y, en algunos casos, deben soportar tratos denigrantes y de violencia al interior de sus corporaciones.
“Aunado a esto, también enfrentan discriminación y falta de respeto por parte de la ciudadanía. De la visión negativa de la policía como institución, se desprende la relación distante entre la sociedad civil y los policías, como ciudadanos y como servidores públicos. El desconocimiento social sobre las condiciones de trabajo de los policías abeja a ese alejamiento”, manifiesta el informe “La situación de las policías en México 2018-2022” de Causa en Común.
El estudio expone, entre otras propuestas, la recuperación de los recursos destinados a la seguridad pública estatal y municipal, e incrementarse en términos reales, año con año; realizar un censo nacional de policías, definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde a su geografía y problemática delictiva, y establecer un plan nacional de reclutamiento; y crear un organismo nacional constitucionalmente autónomo a cargo del desarrollo policial.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del tercer trimestre de 2023 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que, de las 75 ciudades analizadas. la población de 18 años y más percibió como muy malo o algo efectivo las labores para prevenir y combatir la delincuencia desempeñadas por las diversas autoridades de seguridad pública.
De esta percepción de desempeño, 85.4 por ciento fue en referencia a lo realizado por personal de la Secretaría de Marina; 82.8 por ciento por personal del Ejército; 73.5 por ciento por la Guardia Nacional; 53.9 por ciento por la policía estatal; y 47.2 por ciento por la policía preventiva municipal.
ubicada en la colonia Industrial, también en Monterrey; entre los tres refugios hay una capacidad máxima de atención para mil migrantes.
‘Es un infierno’
Por su parte, Luis Eduardo Villarreal, director de Casanicolás, refugio con capacidad para 130 personas, señaló que las distintas instancias de gobierno deben enfocarse en desarrollar políticas ayuden a que el cruce de los migrantes por México deje de ser tan riesgoso.
“Por desgracia, el migrante vive un infierno en territorio mexicano; la migración no va a parar, lo que esperamos es que el gobierno tenga una política migratoria más acorde a los derechos humanos”, manifestó.
Comentó que, en su caso, han recibidoatenciónyapoyosporparte de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando se ha requerido, incluso, con la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM).
Urge vivienda
En el caso de Casa Monarca, con capacidaddeatenciónde120personas, el esquema de financiamiento para la atención al migrante proviene de diversas fuentes, mismas que no necesariamente son gubernamentales; el refugio mantiene diversos convenios, entre los que
destaca el que sostienen con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, Luis Eduardo Zavala, director de la institución, detalló que, más allá de la asistencia y los recursos, el enfoque que debería manejarse es el de la integración de los migrantes a la localidad a través de un esfuerzo en el que participen no sólo los tres niveles de gobierno, sino el sector académico, la inversión privada y la sociedad civil.
En su caso, detalló, la urgencia es que se desarrollen políticas que permitan al migrante que se queda a acceder a una vivienda digna.
“El reto enorme que tenemos es la vivienda; estamos viendo con el municipio, a través de Fomerrey, casas que se han abandonado, tratando que a partir del gobierno local se pueda tener acceso a vivienda (…) Estamos esperando que el municipio se ponga las pilas”, dijo.
Crecen peticiones de asilo
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el número de migrantes que solicitaron refugio en Nuevo León se ha incrementado en los últimos tres años; en 2021, fueron mil 764 personas; en 2022, 2 mil 408, y para al cierre del año pasado, creció hasta a 2 mil 416 migrantes.
Con esta cifra, Nuevo León se convierte en la sexta entidad con mayor cantidad de solicitantes de refugio, número que ascendió a 140 mil a nivel nacional durante 2023.
El pasado 27 de diciembre, el Gobierno del Estado publicó el Protocolo de Atención en Flujos Migratorios y Desplazamientos Mixtos; ahí, se reconoce a la ciudad de Monterrey como una opción para las personas que requieren protección internacional.
“En el trayecto o retorno hacia y desde Estados Unidos, así como para las personas que requieren de la protección internacional, Nuevo León y el área metropolitana de Monterrey representan una opción por su dimensión geográfica, oferta laboral, capacidad económica y servicios ofrecidos”, señala el documento.
Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, asegura que más allá de la asistencia, el enfoque que debería manejarse es el de la integración de los migrantes a la localidad a través de un esfuerzo en el que participen los tres niveles de gobierno, el sector académico, la inversión privada y la sociedad civil