Una responsabilidad
La crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país no se debe únicamente a las agresiones que se cometen contra la ciudadanía, pues gran parte del problema radica en la falta de acción por parte de las autoridades para resolverlo
México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo. En donde se encuentran consagrados los derechos y obligaciones tanto del Estado como de los ciudadanos.
Por ello, sin importar cómo se les llame o categorice, el gobierno tiene entre sus obligaciones garantizar los derechos de todas las personas que vivan en su territorio.
El Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite. Por lo tanto, cuando se habla de salud, educación universal, seguridad, igualdad o libertad de expresión estamos tratando de una serie de temas clave donde el Estado debería de estar funcionando.
“Es complicado en México al no contar con un Estado suficientemente eficaz y al cual es necesario estar constantemente recordándole que debe respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y no debería de ser así, en automático el Estado debería garantizar que se respeten todos los derechos y punto”, comenta el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
Rivas agrega que en México tenemos que hablar de derechos humanos porque no tenemos nuestros derechos garantizados en ningún sentido.
En los países desarrollados, no existe una comision de derechos humanos o una agenda enfocada a este tema porque lo que ellos hacen es respetar la Constitución y el Estado la hace cumplir, asegura.
Aunque en teoría llevar esto a cabo parecería algo relativamente sencillo, la realidad es otra, pues en países como México, muchas veces la dificultad radica en que ni siquiera existen las condiciones sociales, económicas y políticas que permitan que la propia Carta Magna se aplique a cabalidad.
Para el politólogo, Gustavo López Montiel, el reto en este momento radica primero en generar las condiciones al interior del país que permitan a las autoridades garantizar los derechos de todas las personas por igual.
“Si las condiciones necesarias para que se respeten las leyes que se han establecido desde la conformación del Estado mexicano no existen, entonces esos derechos dejan de ser derechos y se convierten en letra muerta sobre papel”.
El ejemplo más claro es lo que sucede con los periodistas en el país. Pues nada más durante el último sexenio, se registraron más de 45 crímenes contra comunicadores, de los cuales, menos del 1 por ciento han sido resueltos. Una clara muestra de la impunidad que corroe al país del águila y la serpiente.
El último caso registrado fue el día sábado durante el evento de investidura de Andrés Manuel López Obrador, cuando se dio a conocer que el cadáver de Alejandro Márquez Jiménez, fue encontrado baleado en Nayarit, cerca del aeropuerto de Tepic.
Este hecho, además de los daños que provoca a la democracia del país, se presenta como un sombrío recordatorio de todos los problemas y abusos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno en materia de derechos humanos.