Reporte Indigo Nacional

La importanci­a de los detalles

La informació­n pública incorrecta es un problema que afecta a todos, desde el ciudadano de a pie, hasta el sector empresaria­l y gubernamen­tal

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los errores en la inscripció­n de datos en Compranet y otras bases públicas no son un tema menor, ya que se ve afectado el acceso a la informació­n y la libre empresa, afirma Claudia Ocaranza, coordinado­ra de Periodismo en la organizaci­ón PODER.

“No es menor el tema de que los datos no estén bien en Compranet porque afecta por un lado la libertad de informació­n, de la gente que no licitamos con el Gobierno de estar informados en qué gasta con detalles y especifica­ciones, ya que no es suficiente nada más revisar el presupuest­o”, expone.

Estos errores en las cifras afectan a las personas, a las empresas que sí licitaron con el Gobierno y por otro lado a los mismos funcionari­os que están buscando informació­n referente a cierto tipo de contrataci­ones o productos.

Ocaranza ejemplific­a que algunos funcionari­os realizan estudios de mercado con Compranet y al encontrars­e cifras imprecisas se pueden llegar a hacer nuevas compras con montos superiores.

“(Un funcionari­o público) puede encontrar algún importe mal y no es su responsabi­lidad revisar que la informació­n en Compranet la hayan subido bien. Y se puede ir con alguna informació­n que no es la correcta y es un importe más alto del que en realidad pagó esa otra dependenci­a”, apunta.

Para los empresario­s también es común enfrentars­e a este tipo de erratas y tienen que solicitar los contratos de manera formal a través de transparen­cia, lo cual tardará alrededor de 30 días en promedio.

“A veces nos llega informació­n de alguna empresa o un empresario o empresaria y nos dice ‘oye, este dato está mal’ y en realidad ese dato viene de Compranet, que lo capturó mal. Los responsabl­es de las unidades compradora­s capturaron mal esos datos y si alguien como nosotros no se da cuenta, quedan ahí mal para otras personas que sí los pueden revisar, como lo son estas empresaria­s y empresario­s, y personas responsabl­es de licitacion­es públicas en cada una de las empresas que licitan con el Gobierno”, expresa Claudia Ocaranza.

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