PT contra García Luna
Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo, solicitó el informe del presunto desvío millonario en centros penitenciarios de Felipe Calderón y Genaro García Luna
Debido al otorgamiento de contratos sin licitación por casi 300 mil millones de pesos, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera, un informe puntual y detallado del estado que guarda la investigación sobre los supuestos desvíos de recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La legisladora, mediante un punto de acuerdo, enfatizó que estos contratos, que fueron otorgados sin licitación y de manera directa a particulares, para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron entre 2011 y 2012, “causan un daño al erario”.
Por ello, pidió a la Secretaría de Gobernación informar sobre el estado actual que guardan los centros penitenciarios federales, su cumplimiento en materia de protección de derechos humanos y las cláusulas de los contratos celebrados con particulares para operar cárceles.
“Comparto el malestar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Rosa Icela Rodríguez ante los eminentes desvíos de recursos otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, donde se benefició a empresas privadas y servidores públicos en detrimento de la sociedad mexicana”, señaló la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado.
Geovanna Bañuelos recordó que en diciembre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una denuncia en contra de Genaro García Luna por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos, que implican más de 300 mil millones de pesos.
Hasta el momento, en la investigación de la Fiscalía que podría abarcar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se encuentra implicado García Luna y otros exfuncionarios por la administración de los penales varoniles de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos.
El 20 de abril, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se logró un acuerdo con las empresas privadas que administran los reclusorios e indicó que la negociación implica también que los centros podrán ser propiedad del Gobierno una vez que se cumpla el contrato.
“¿Sí se acuerdan que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por ocho o 12 reclusorios? ¿Alrededor de 16 mil millones de pesos al año, un contrato?
“Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros, se paga al cien; es más, todavía no se han llenado. En promedio deben de estar al 60 por ciento, pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio el 100 por ciento”, dijo.
El presidente explicó que en los contratos se establecía que al finalizar el periodo en 20 años el reclusorio no pasaba a ser parte del Gobierno, sino que seguía siendo propiedad de la empresa, pero advirtió que eso ya quedó resuelto.