Organismos ineficientes
Cuatro de los cinco órganos cuyos titulares pretende nombrar el Congreso de Nuevo León a través reformas no han dado resultados en la administración de “El Bronco”
Cuatro de los cinco organismos descentralizados que están dentro de un paquete de iniciativas para que el Congreso nombre a sus titulares han sido ineficientes en su gestión.
Se trata de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el Instituto de Movilidad, la Red Estatal de Autopistas y el Servicio de Transporte Colectivo Metrorrey.
Por ejemplo, el organismo encargado de suministrar agua, cuyo director es Gerardo Garza, quien fue nombrado por la administración de Jaime Rodríguez, ha sido opaco en la licitación de medidores residenciales y está endeudado por 2 mil 500 millones de pesos por la construcción de la Presa Libertad.
Reporte Índigo adelantó que la empresa Asercontrol S.A. de C.V. ganó el concurso para el suministro de medidores por 9 millones 990 mil pesos, pero Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no aclaró la cantidad de estos aparatos en la propuesta económica, técnicas, fallos y adjudicación.
Por otro lado, la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REANL) ha sido un instrumento para contraer deuda no sólo en la administración de “El Bronco”, también en la del exgobernador Rodrigo Medina.
Este órgano descentralizado cuenta con una deuda por 3 mil millones de pesos con una institución bancaria, además de la bursatilización de 6 mil millones de pesos con ingresos de las tarifas por utilizar las carreteras.
En 2012, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey estuvo envuelto en fallas sistemáticas de las máquinas expendedoras de boletos y los usuarios iban con los guardias de seguridad a comprar su peaje de manera personal. Esto fue señalado como posibles actos de corrupción.
instituto sin resultados
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad no ha cumplido con ofrecer un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro e innovador, como es su misión en Nuevo León.
Por sexenios, este Instituto, antes Agencia
Estatal del Transporte, no ha solucionado el reto que tiene este estado en materia de movilidad. Durante su administración, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha nombrado a dos directores sin resultados.
En una primera etapa de su mandato, Jorge Longoria fue director de este órgano, pero después, “El Bronco” le tomó protesta a Noé Chávez Montemayor, un empresario transportista especializado en fletes.
El funcionario enfrentó la justicia de Nuevo León y Estados Unidos acusado de fraude y
No hemos visto que el Ejecutivo haga un buen trabajo y la verdad vemos que va a entrar un Ejecutivo sin experiencia en el ramo de la gobernación”
Juan Carlos Leal Segovia
Diputado
conspiración por 4.9 millones de dólares; además presumió ser ingeniero, pero no tenía cédula profesional. Chávez Montemayor dejó su cargo para contender por la alcaldía de Juárez con el Partido Acción Nacional (PAN).
Y aunque el instituto pagó 57 millones por el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el estudio quedó truncado por Chávez Montemayor.
Leal justifica iniciativas
El promotor del paquete de iniciativas que otorga facultades al Congreso para nombrar a los titulares de cinco órganos descentralizados del Gobierno estatal, el diputado Juan Carlos Leal Segovia, justificó su propuesta culpando al Poder Ejecutivo.
“Creemos que a través del pueblo que elige a sus candidatos a diputados también pueden ser tomados en cuenta para elegir ciertos cargos en la administración pública, ese fue el motivo por el cual se incorporaron estas iniciativas. No hemos visto que el Ejecutivo haga un buen trabajo y la verdad vemos que va a entrar un Ejecutivo sin experiencia en el ramo de la gobernación y creemos que las personas que tomen estos puestos tienen que ser realmente capacitadas”, dijo.
El diputado agregó que en las iniciativas se establece que el titular no deberá pertenecer o haber pertenecido a un partido político por más de 10 años.
En contraparte, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. Capítulo Nuevo León expresó su preocupación por el detrimento de las facultades del Poder Ejecutivo de aprobarse las reformas al artículo 63 de la Constitución local.
“Esta situación podría ocasionar una disrupción en la ejecución de las operaciones del Ejecutivo, puesto que la invasión de sus atribuciones disminuiría la capacidad de control que ejerce sobre los organismos públicos descentralizados que forman parte medular del Poder Ejecutivo Local, además de que si existieran discordancias se podría presentar un esquema de inoperatividad que limitaría el debido funcionamiento del Estado”, dijo en un comunicado.