Por fin, #Salud entregan hospital
Después de que durante siete años se trató de construir el Hospital General de Cuajimalpa en la Ciudad de México, por fin se inauguró.
Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital General de Cuajimalpa y destacó que la zona estuvo abandonada tras la explosión del Hospital Materno-infantil en 2015.
“Aquí se quedó dañado, y cuando llegamos dispusimos el recurso para que desde el 2019 se hiciera el Hospital General de Cuajimalpa, porque era un materno-infantil y lo que dijimos fue: ‘no tiene caso sustituirlo por un materno-infantil’, hay que hacerlo un Hospital General, que Cuajimalpa era la única alcaldía que no tenía uno y, además, funciona para Cuajimalpa y para Magdalena Contreras”, declaró.
Sin embargo, reconoció que el proyecto se enfrentó a la oposición de vecinos que recurrieron a vías legales.
“Realmente no querían que se hiciera el hospital, por intereses particulares, como muchas veces funcionan los amparos. Entonces se hizo una consulta, como las consultas que se hacen a pueblos originarios, y se ganó con un 95 por ciento de aprobación para el hospital”, declaró.
No obstante, detalló, inició la construcción y presentaron otro amparo porque estuvo mal hecha la consulta.
“Hasta que finalmente ese amparo se ganó, porque se hizo un diseño completamente distinto al que estaba amparado el proyecto ejecutivo”, dijo la mandataria local.
También, afirmó que el hospital se realizó en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“(Sedena) construyó el hospital de una excelente calidad y también siempre ahorraron los recursos para que se hiciera el mayor uso eficiente”, mencionó.
La semana pasada, tras 40 horas de sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 que nos costará mucho más caro en años de desarrollo perdido y pobreza creciente.
Durante esa larga jornada, una de las consignas que la oposición resaltó en todo momento fue: ¡el INE no se toca!, porque es el caso más representativo de la inequidad presupuestal; objeto, además, de una propuesta de reforma para socavar, con modificaciones sustancialmente debilitantes, la capacidad del Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones.
Si bien es necesario -en efecto- recortar gastos en el INE, esto se debe hacer tras un gran análisis, puesto que la sociedad civil demostró, sin lugar a duda el pasado domingo, que está profundamente involucrada con el manejo y destino del Instituto Nacional Electoral, por tanto, comprometida con la democracia.
En 2023 el dinero de los mexicanos será gastado, principalmente, en pagar la mayor deuda de la historia de México, la burocracia más cara que hayamos tenido, tres megaobras insignia inoperantes y programas sociales restringidos a la entrega directa de recursos a los ciudadanos, clientelares y poco efectivos en su capacidad de promover una mejoría real en la economía de las familias mexicanas.
La infraestructura para el desarrollo y la productividad agropecuaria e industrial en los estados y municipios sacaron la peor parte. Muy mal le fue también a la educación, la salud, la cultura y el deporte. Aún peor a las mujeres, niñas y niños en estado de vulnerabilidad por pobreza y/o violencia doméstica.
El desarrollo de México pende hoy de alfileres, porque incluso este inequitativo gasto estará sujeto a que la economía mexicana crezca tres por ciento, según el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1.4 por ciento más de lo calculado por el Banco de México y 1.8 por arriba de lo estimado por el Fondo Monetario Internacional.
De no cumplirse esta expectativa gubernamental deberán hacerse correcciones al gasto, es decir, recortes, y no podemos esperar que se efectúen en los cuatro grandes rubros antes mencionados.
La experiencia de este año nos indica que se acortarán aún más los recursos ya castigados: educación y salud, esenciales para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos pero, sobre todo, de la creciente cifra de los que están en pobreza.
La fortaleza de un Estado de Derecho democrático y federal, como el mexicano, depende en gran parte de la forma en que se recauda y se gasta el dinero de los ciudadanos. Hoy, en ambos casos, la visión del Gobierno está ahondando la injusticia social, con una política presupuestal que lejos de resolver nuestros problemas los agudiza.