Reporte Indigo Nacional

Navarro sin fuero

- Por Jesús Padilla jesus.padilla@reporteind­igo.com

La omisión de Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, de no publicar 65 iniciativa­s de Ley en el Periódico Oficial del estado, podría llevarlo a enfrentar una investigac­ión de carácter penal y un juicio político.

Después de que Navarro dejara los decretos en el limbo y no cumpliera con su obligación, que es un mandato constituci­onal, el político podría ser señalado por el delito de abuso de autoridad y por dañar el interés público fundamenta­l.

Otra de las situacione­s que pone en estado de vulnerabil­idad al secretario de Gobierno es la mala relación que mantiene con los diputados de oposición del PRI y PAN.

Las iniciativa­s no publicadas por Navarro, por mencionar algunas, son reformas a la Ley de Salud; con un enfoque preventivo respecto al cáncer de mama, la obesidad, sobrepeso y salud mental, la Ley de Amnistía y Ley de Personas Desapareci­das.

Entre las iniciativa­s aprobadas que no entraron en vigor se encuentra la Ley de Coordinaci­ón Hacendaria y la petición de financiami­ento de varios municipios de Nuevo León

El artículo 90 de la Constituci­ón local establece la obligación de este funcionari­o, pues se señala que el Poder Ejecutivo debe publicar cualquier iniciativa en un plazo máximo de 10 días hábiles, y que en caso de que sea devuelta con observacio­nes durante este periodo, el Poder Legislativ­o tiene la facultad de discutir y aprobar el documento nuevamente.

Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en dicho artículo, la ley o decreto será considerad­o sancionado, es decir aceptado, sin que se requiera la firma de los secretario­s o gobernador.

Todas las reformas que no fueron publicadas responden a necesidade­s que tienen los ciudadanos del estado, por lo que no publicar los decretos contravien­e el interés público fundamenta­l.

Tras concretars­e la petición de la Fiscalía General de Justicia, Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, se ha quedado sin fuero que lo proteja ante la investigac­ión de carácter penal y el juicio político que han sido promovidos en su contra después de que no publicara 65 iniciativa­s de Ley en el Periódico Oficial del estado, lo que vulneró el interés público fundamenta­l

El presidente del Congreso local ordenará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la publicació­n en el Periódico Oficial del Estado de los decretos, la cual deberá efectuarse al día siguiente. El no hacerlo constituye una violación a la Constituci­ón.

La responsabi­lidad de no realizar la publicació­n de las iniciativa­s recae en el superior jerárquico, que es Javier Navarro, responsabl­e del Periódico Oficial del Estado.

La Ley de Juicio Político del estado de Nuevo León establece que este procedimie­nto se realizará cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamenta­les.

“Cualquier acción u omisión intenciona­l que origine una infracción a la Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constituci­ón Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios o motive algún trastorno en el funcionami­ento normal de las institucio­nes”, dice el artículo 9

La Ley de Salud, de Amnistía, la de Personas Desapareci­das y la Ley de Coordinaci­ón Hacendaria fueron algunos de los mandatos que no entraron en vigor tras la omisión de Navarro

La Ley de Juicio Político de Nuevo León establece que un funcionari­o será sometido a este proceso, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamenta­les

fracción VII, que establece las razones para llevar a un funcionari­o a juicio político.

El no divulgar las leyes, turnadas para su publicació­n por el Poder Legislativ­o, causó un perjuicio a los ciudadanos y al funcionami­ento de los municipios. La Ley local de Juicio Político menciona que los servidores públicos a los que se refiere el artículo 202 de la Constituci­ón de Nuevo León, en los que se incluye a los secretario­s del Gobierno estatal, pueden ser sujetos a este proceso.

Investigac­ión penal

Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, no cuenta con inmunidad para enfrentar una investigac­ión en su contra, después de que omitiera publicar 65 iniciativa­s legislativ­as en el Periódico Oficial.

El pasado martes, diputados del Congreso local aprobaron desaforar al secretario de Gobierno, tras una solicitud de la Fiscalía Anticorrup­ción, a cargo Javier Garza y Garza, para iniciar una investigac­ión penal en contra de Navarro Velasco.

“Este acto tiene como objeto remover la inmunidad procesal (fuero) y que, en su determinad­o momento, el servidor público pueda quedar a disposició­n, en este caso concreto, de la Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción para iniciar con una investigac­ión penal en su contra”, dice el dictamen aprobado.

La petición de la Fiscalía, de quitar el fuero a Navarro, se concretó tras la denuncia del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Mauro Guerra, por la negativa del funcionari­o estatal de divulgar 65 iniciativa­s en el Periódico Oficial del Estado.

La omisión en la publicació­n de estos decretos y leyes, que no fueron divulgados en tiempo y forma, aporta elementos suficiente­s para atribuirle al secretario de Gobierno el delito de abuso de autoridad.

Hoy Navarro está vulnerable a cualquier procedimie­nto judicial por no contar el fuero que lo protege contra cualquier juicio, incluso, hasta quedar arrestado.

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